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Elecciones 2019
1.1 POR EL EMPLEO

1.1 POR EL EMPLEO

 
 

Las extremas debilidades del mercado laboral español comenzaron a agravarse en 2004, cuando se abandonaron las políticas de empleo rigurosas y eficaces desarrolladas en las dos legislaturas precedentes.

 

La crisis económico-financiera abierta a finales de 2007 y cuyas consecuencias siguen vigentes dejó al descubierto esos desequilibrios e ineficiencias, generando un efecto devastador para el empleo en España que se prolonga hasta nuestros días.

 

Desde 2007, las tasas de paro soportadas por nuestro país, a pesar de las mejoras producidas, han venido registrando niveles inadmisibles, colocando a España en la vergonzante situación de competir con Grecia por ser el país comunitario con mayor porcentaje de población activa parada.

 

 

Datos de mercado laboral español 2011 - 2018
(miles de personas)

 

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Población activa

23.440

23.360

23.070

23.026

22.873

22.745

22.765

22.868

Población ocupada

18.153

17.339

17.135

17.569

18.094

18.508

18.998

19.564

Población

desocupada

5.287

6.021

5.935

5.457

4.779

4.237

3.766

3.304

 

Fuente: Encuesta de Población Activa (INE), Cuarto trimestre de cada anualidad

 

 

           

 

Las causas de este paro extremo que sufre el mercado laboral español a día de hoy son imputables a dos factores fundamentales. El primero, la errática y equivocada política económica del Gobierno Socialista entre 2007 y 2011 a la hora de afrontar la crisis. Falto de todo rigor y sentido común, el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero emprendió una huida hacia ninguna parte. La negación de la crisis, el nefasto control del déficit, los planes de inversión de obras innecesarias y una ineficaz reforma laboral fueron algunos de los hitos de tan funesta gestión, cuyas consecuencias seguimos pagando.

 

Aunque la destrucción de empleo parece haber tocado fondo y se están generando nuevos puestos de trabajo, la mejora en las cifras de paro se debe básicamente a la reducción de la población activa durante los últimos cuatro años, que ha pasado de los 23,4 millones de personas en edad y disposición de trabajar o trabajando a las 22,8 millones actuales.

 

Como dato realmente revelador, y alarmante, de la situación del empleo hoy en España son los más de 1 millón de hogares que en la actualidad tienen a todos sus miembros activos en paro.

 

La profunda reforma laboral que el Gobierno del Partido Popular impulsó en 2012 ha dinamizado la creación de empleo en España, pero no ha sido capaz de dar solución al empleo temporal, precario e insuficientemente remunerado.

 

 

 

 

España debe además corregir estos profundos desajustes en un horizonte donde el mercado laboral estará marcado por:

 

  • Nuevos sectores generadores de empleo

 

El desarrollo tecnológico e industrial y los cambios que experimenta la sociedad favorecerán la aparición de nuevos sectores generadores de empleo y el paulatino debilitamiento de otros que, tradicionalmente, ha venido siendo creadores de puestos de trabajo.  

 

  • Economía del conocimiento

 

Los nuevos empleos exigirán profesionales con una elevada exigencia de nuevos conocimientos y nuevas competencias.

 

  • Globalización y movilidad del talento

 

La competencia por el talento ya existente continuará extendiéndose. Las nuevas tecnologías y la globalización contribuirán a unificar el mercado laboral.

 

 

1.1.1 REFORMA DEL MERCADO DE TRABAJO

 

Analizada la muy deficiente situación del empleo hoy en España, resulta incuestionable la necesidad de articular políticas globales que reviertan la situación actual y sienten las bases de un nuevo modelo productivo capaz de generar empleo de calidad y estable.

 

La última reforma laboral puesta en marcha en 2012 se centró básicamente en la flexibilidad interna, despidos y negociación colectiva, atendiendo a un marco específico de urgencia ante la crisis, pero se ha revelado insuficiente para consolidar un nuevo marco sociolaboral que incentive la creación de empleo cualificado y de calidad de forma sostenida en España. A la vista de los resultados, es evidente que las medidas llevadas a cabo no han sido suficientes para combatir los efectos de la crisis sobre el empleo.

 

FORO propone una nueva reforma de las políticas de empleo que hagan frente a las principales deficiencias y debilidades del mercado de trabajo en España, entre los que destacan el elevado desempleo juvenil y de larga duración, la situación de la mujer en el marco laboral o la temporalidad, precariedad y escasa cualificación que caracteriza a la contratación en nuestro país. Para afrontar estos retos presentes y futuros, España debe acometer profundas reformas estructurales que permitan dinamizar el mercado laboral a través de una modernización sostenida en el tiempo de sus estructuras económica y productiva.

 

En este contexto, FORO se plantea como objetivo de las reformas la reducción de la estacionalidad de sectores tradicionales para rebajar así la temporalidad laboral y la precariedad que lleva asociada.

 

De forma simultánea, debe impulsarse la consolidación de nuevos sectores de alto valor añadido y generadores de empleo cualificado. Como medidas concretas, FORO propone incluir políticas que incentiven la inversión nacional e internacional en nuestro país de estos sectores, especialmente de aquellos industriales y de servicios con mayor proyección en un contexto de economía global basada en el conocimiento.

 

 

 

1.1.2 EN RELACIÓN A LA COORDINACIÓN TERRITORIAL

 

 

  • Resulta imprescindible acometer una profunda modernización del Servicio Estatal Público de Empleo para optimizar su función de coordinación de las Administraciones con competencias en esta materia, adaptando su estructura a las nuevas fórmulas de gestión de las ofertas de trabajo y reforzando la promoción de los servicios de empleabilidad entre empleados y desempleados. Es necesario, por tanto, transformar este Servicio para favorecer una gestión más eficaz en información, atención, asesoramiento y seguimiento del demandante.

 

  • Impulsar una Estrategia Española para el Empleo que, fruto del diálogo social, permita una mejora permanente de la cualificación y la empleabilidad y atienda las necesidades y peculiaridades de cada uno de los territorios. Dicha estrategia debe ser sometida a una evaluación constante que mejore y complete las medidas que en cada momento se encuentren en vigor.

 

  • Profundizar en las directrices de la Estrategia Europa 2020 en materia de empleo, reduciendo el paro estructural y fomentando el trabajo de calidad. Logrando igualmente una población activa cualificada y en aprendizaje permanente, que sea capaz de cubrir las necesidades laborales que en cada momento demande el mercado.

 

  • Establecer un nuevo modelo global de evaluación de las políticas activas de empleo que permita conocer el impacto de las medidas en la mejora de la empleabilidad y la inserción de los desempleados, así como la aportación real efectuada a los ocupados. El sistema actual se basa en aspectos meramente cuantitativos, o relacionados con la inserción absolutamente insuficientes.

 

  • Es necesario utilizar técnicas de grupos de contraste que permita comparar al grupo afectado por la medida de política activa de empleo con los resultados de otro grupo homogéneo que no utilice dicha medida.

 

 

           

 

            1.1.3 GENERACION DE EMPLEO: AUTOEMPLEO Y EMPRESAS PRIVADAS

 

La evolución de trabajo durante la última década ha revelado que el autoempleo y el emprendimiento son una alternativa viable al trabajo por cuenta ajena, siempre que para su desarrollo dispongan de un marco normativo y de apoyo acorde a sus necesidades.

 

Así, se adquirirá un mayor compromiso con programas que faciliten la puesta en marcha y consolidación de proyectos de autoempleo; programas que se complementarán con incentivos fiscales y medidas que faciliten el acceso a la financiación.

 

Se revisarán las desventajas que las cotizaciones de autónomos puedan presentar, evitando que desincentiven a quienes desean desarrollar una actividad compatibilizándola con un contrato por cuenta ajena.

 

La creación de nuevas empresas, especialmente las vinculadas a los sectores emergentes, debe recibir un especial respaldo de las Administraciones Públicas. Junto a programas de incentivos que puedan articularse, se profundizará en una simplificación administrativa armonizada para todo el territorio español desde la perspectiva de unidad de mercado.

 

Se racionalizará y optimizará el gasto, tanto de ayudas y subvenciones al autoempleo como a la creación de nuevas empresas, y se establecerá un exhaustivo sistema de auditorías para garantizar el cumplimiento de las condiciones.

 

 

1.1.4 FORMACIÓN PARA EL EMPLEO

 

 

La formación para el empleo, dentro del marco global de un nuevo sistema educativo, debe contribuir al cambio del modelo productivo de nuestro país, de acuerdo a las nuevas competencias y conocimientos que demanda el mercado laboral. La formación a lo largo de la vida laboral se plantea como una exigencia para lograr profesionales transversales capaces de aportar mayor valor a las organizaciones.

 

 

Desde esta perspectiva, se promoverán nuevas políticas públicas que fortalezcan una Educación básica de calidad que prepare al alumnado para afrontar los cambios y especializaciones futuras. También se diseñarán ofertas formativas que combinen la especialización en los campos profesionales con mayor demanda y proyección con el aprendizaje de competencias básicas transversales.

 

Se centralizarán los datos correspondientes a las acciones formativas, premiando a las comunidades que alcancen, para los objetivos en calidad de la formación e inserción laboral, los mejores resultados.

 

Para ello, se auspiciará un ‘Pacto por la Formación’ entre los interlocutores sociales y el Gobierno, para garantizar la estabilidad y permanencia en el tiempo de estos programas.

 

En este contexto, se implementarán medidas para reforzar el protagonismo empresarial en materia de formación profesional para el empleo con el objetivo de facilitar a las empresas desarrollar planes formativos acordes a sus necesidades estratégicas. De esta forma se mejorará la calidad y eficacia de la formación continua ajustando su impartición a las necesidades del tejido productivo.

 

Para ello, se compromete un refuerzo de las inversiones públicas en esta materia que refuerce y complemente los fondos provenientes de las cotizaciones para afrontar programas de formación que presten una especial atención tanto a personas desempleadas como a pequeñas y medianas empresas, autónomos y emprendedores.

 

Paralelamente se favorecerá una actualización continua de los itinerarios profesionales, instrumentando actuaciones que incentiven la capacitación profesional de las personas en activo a través de nuevos certificados de profesionalidad.  

 

Se reforzarán los sistemas de orientación laboral cualificada para que los trabajadores en activo anticipen sus necesidades formativas tanto a medio como a largo plazo de acuerdo a la evolución del mercado laboral.

 

  • Es necesaria una mayor apuesta por la formación ocupacional, en particular de los trabajadores de las pequeñas empresas y microempresas, así como las de los autónomos y titulares de microempresas, hasta acercarnos a la media de utilización de la misma por los países europeos más avanzados. Para ello es necesario.
  • Abandonar el paradigma de certificados de profesionalidad que no tienen relación con las necesidades concretas de los trabajadores.
  • Debe compatibilizarse formación y empleo, y garantizar la adquisición de competencias necesarias para el entorno productivo.
  • Dar capacidad a trabajadores y empresas para autorganizarse en la determinación de la formación más precisa para los trabajadores. No debe olvidarse que se trata de un derecho laboral de los trabajadores, y una cuota que pagan la empresa, mayoritariamente, y los trabajadores. Deben tener la mayor autonomía posible, sin perjucio del control necesario.
  • Dar un auténtico impulso a la evaluación, reconocimiento y acreditación de la competencia adquirida a través de la experiencia laboral, que no ha tenido un especial impacto, más allá de donde la regulación profesional lo impuso. Este es un mecanismo que debe acercarse a la empresa, y debería ser masivamente aplicado para la acreditación de competencia profesional que de hecho poseen muchos trabajadores.

 

 

 

1.1.5 INTERMEDIACIÓN LABORAL

 

 

España precisa de una estrategia de intermediación del mercado laboral que armonice la demanda con la oferta y favorezca la articulación de políticas públicas enfocadas hacia el logro de resultados, siendo en definitiva un aval para el empleador por su capacidad de responder con perfiles ajustados a las capacidades y competencias de las ofertas.

 

Para ello se articulará la intermediación laboral no únicamente como un servicio para las personas demandantes de empleo, sino también para los empleadores, con especial atención a las medianas y pequeñas empresas, los autónomos y emprendedores. El reto es generar confianza en el sistema tanto en empleados como en empresas para buscar trabajo y candidatos.

 

Con este objetivo se reforzarán los medios técnicos y humanos de las Administraciones con competencias en materia de empleo para optimizar, en base a los criterios anteriormente expuestos, los servicios de intermediación laboral. Se implementarán fórmulas de trabajo proactivo, generadoras de oportunidades, cercanas a demandantes y contratantes. De tal forma se favorecerá una modernización del servicio público de empleo en España para transformarlo en un agente dinámico de intermediación y recualificación profesional.

 

En esta línea, se reforzarán las oficinas de empleo para el diseño de itinerarios profesionales ajustados a las necesidades de cada demandante en cada contexto determinado de ofertas de empleo, facilitando tanto la incorporación al mercado de trabajo como la búsqueda del perfil demandado por el contratante. La optimización del funcionamiento de las oficinas de empleo debe articularse con el apoyo de redes locales, regionales y nacional para disponer de diagnósticos actualizados de ofertas y demandas que permitan ajustar los objetivos de capacitación y de empleabilidad, teniendo en consideración las demandas profesionales del sector productivo.

 

Paralelamente, se activarán programas que promuevan la colaboración público-privada en la intermediación laboral para reactivar y potenciar las oportunidades de los desempleados y de los agentes empleadores. 

 

El Servicio Estatal Público de Empleo deberá liderar esta colaboración público-privada en materia de intermediación laboral sobre la base de un sistema eficaz y dinámico, que facilite a los desempleados un acceso continuo al mercado de trabajo, tanto por lo referido a la oferta como a las capacitaciones que se precisan, tanto territorialmente como desde una visión que contemple la movilidad geográfica y la flexibilidad que caracterizan en gran medida un marco laboral globalizado al que España no puede ser ajeno.

 

Esta colaboración será potenciada en el marco de las políticas activas de empleo, especialmente en la orientación y selección de los trabajadores, y se acompañará de un control riguroso de la calidad de los resultados obtenidos.

 

En todo proceso de intermediación tendrá una especial relevancia la puesta en valor de los candidatos, que recibirán junto a la orientación laboral y formativa específica, asesoramiento sobre nuevas fórmulas de búsqueda de empleo y sobre el aprovechamiento de sus competencias y habilidades transversales tales como el trabajo en equipo, la creatividad, el liderazgo, la capacidad de comunicación y negociación y el compromiso ético.

 

La atención al mercado laboral exige conocer y atender la oferta. Es necesario reforzar las oficinas de empresa, principalmente cuando se trate de ocupaciones de difícil cobertura, eliminado los cuellos de botella que impiden una pronta ocupación de las ofertas vacantes.

 

Es imprescindible que los desajustes en el mercado de trabajo tengan una rápida respuesta del sistema formativo que permita formar o reciclar trabajadores para los puestos no cubiertos.

 

 

1.1.6 INCORPORACIÓN DE LA MUJER AL MERCADO LABORAL

 

Durante las últimas décadas se ha experimentado una intensa incorporación de las mujeres al mercado de trabajo. Sin embargo, esta incorporación debe considerarse como incompleta, debido a la desigualdad y precariedad que la definen.

 

Si atendemos a la evolución del desempleo en los últimos años se observa su especial incidencia en el colectivo femenino, pudiendo observarse como la tasa de paro cuando aumenta lo hace más en mujeres que en hombres, y cuando disminuye lo hace de manera más intensa en los hombres que en las mujeres.

 

Las diferencias en la evolución de la tasa de paro adquieren una mayor gravedad si además se tiene en cuenta que la población activa femenina representa solo en 53,08% las mujeres que viven en España, mientras que la masculina asciende al 64,45% de los varones. A ello se suma que la precariedad, la temporalidad y la discriminación salarial son factores que inciden especialmente en el colectivo femenino.

 

Las políticas laborales deben orientarse a salvar las desventajas de las mujeres en categorías ocupacionales y sectores de actividad.

 

Las diferencias salariales que resultan de comparar las retribuciones masculinas constituyen parte de esta desigualdad. En España las mujeres cobran alrededor de un 13% menos que los hombres en iguales condiciones laborales. La crisis además ha tenido una importante incidencia en este aspecto, dado que nuestro país es uno de los Estados de la zona euro donde esta brecha salarial más creció.

 

Se promoverán, por tanto, medidas para favorecer la estabilidad laboral de las mujeres y su justa remuneración, implementando políticas con las que superar el impacto de la división de sexos en la estructura de empleo.

 

Paralelamente se impulsarán programas de flexibilidad en la organización del trabajo, especialmente en lo relativo a los horarios en consideración a las necesidades de conciliación de la vida familiar de las personas trabajadoras. Asimismo, encajadas en las políticas activas de empleo, se promoverán acciones concretas destinadas a este colectivo prioritario que son las mujeres que, por razones familiares, hayan abandonado temporalmente el mercado laboral.

 

Actualmente existe una grave segregación de estudios por razón de género. Esta segregación, singularmente en formación profesional y en los estudios superiores matemáticos, científicos y técnicos está sembrando parte de la brecha laboral y salarial del futuro.

 

Es imprescindible para lograr la igualdad en los salarios entre mujeres y hombres que no exista una desigualdad en la formación, y para lograrlo debe intensificarse la orientación educativa dirigida a lograr una mayor presencia femenina en estudios de formación profesional y universitarios de carácter técnico, vinculado a nuevas tecnologías, o en sectores con levadas oportunidades de empleo y que cuentan con baja presencia femenina.

 

Por otro lado, existe una importante brecha laboral en las Administraciones. Deben habilitarse programas dirigidos a eliminar la segregación por género, tanto vertical como horizontal.

 

 

 

1.1.7 JÓVENES

 

 

El volumen actual de jóvenes ocupados en España está cercano a sus niveles mínimos en los últimos decenios, constatándose una pérdida de peso en el mercado de trabajo. Esta caída, moderada y discontinua hasta el inicio de la crisis, se aceleró y agravó durante los últimos ejercicios.

 

España es hoy el segundo país con más jóvenes desempleados de Europa. Más de 500.000 españoles menores de 25 años estaban sin trabajo a finales de  2018, con una tasa de desempleo juvenil superior al 32%.

 

Entre las razones que explican este alto porcentaje de jóvenes sin empleo se encuentran: la elevada tasa de abandono escolar, de las más altas de la UE; los desajustes oferta-demanda del mercado, generados debido por un lado a las personas jóvenes que abandonan sus estudios con escasa cualificación, y por otro a los subempleos que deben asumir otros altamente cualificados; la extrema  temporalidad de los contratos, con una mayoría de jóvenes que se ven abocados a trabajar de forma temporal involuntariamente, y la elevada contratación parcial de la población juvenil activa.

 

Consecuentemente, los poderes públicos están obligados a adoptar un papel más activo frente a uno de los problemas más complejos a los que se enfrenta la sociedad española en el ya difícil marco laboral, y que no afecta únicamente a los integrantes de este colectivo, sino también a la propia competitividad de la economía española en su conjunto.

 

Para hacer frente a este desafío se propone impulsar un Pacto de Estado por el Empleo Joven, que liderado por las Administraciones con competencias en la materia incluya tanto aspectos en Educación, Formación y Orientación como reformas legales para incentivar la contratación de jóvenes.

 

Dentro de este pacto resulta imprescindible abordar el desarrollo de un modelo educativo enfocado al ámbito y a las competencias laborales donde se refuerce el aprendizaje de idiomas. Asimismo, se propone promover acuerdos entre empresas y universidades y centros de formación profesional para el desarrollo de planes de estudio.

 

Se creará un nuevo contrato de aprendizaje flexible con bonificaciones de hasta el 100% de las cuotas al régimen general para jóvenes que accedan a su primer empleo. También se incentivará el empleo autónomo de los menores de 30 años con bonificaciones igualmente en las cuotas de hasta el 100%. Se financiarán asimismo programas de jóvenes en prácticas y talleres de empleo en empresas homologadas.

 

Dentro de las actuaciones prioritarias se acometerá un plan de choque centrado en los denominados ‘ni-nis’, como se conoce a los jóvenes que ni estudian ni trabajan. Alrededor de un 15% de los jóvenes españoles menores de 30 años se encuentra actualmente en esta situación.

 

España tiene uno de los mayores niveles de población sin cualificar de toda la EU 27. Sin embargo, tiene cinco puntos más en educación superior de media. Somos un país desequilibrado donde la formación profesional es la asignatura pendiente de la formación, y donde debemos dar un enorme salto en materia de formación profesional dual, especialmente importante, entre otros, para el sector industrial.

 

Una formación profesional adaptada a los requerimientos competenciales del mercado de trabajo, y debidamente prestigiada, es imprescindible.

 

 

 

1.1.8 PARADOS DE LARGA DURACIÓN

 

 

Más de 1.300.000 personas en España llevan más de 12 meses sin encontrar un empleo. Esto supone que más de un 40% de las personas desempleadas en España llevan más de un año deseando trabajar y no logrando empleo.

 

Los efectos de este paro de larga duración son devastadores. La primera consecuencia es el incremento del colectivo de personas que pierden su cobertura por desempleo; la segunda, que la probabilidad de acceder al mercado laboral se reduce con el tiempo. De media, una persona activa que lleve en paro más de dos años tiene un 50% menos de probabilidades de lograr un contrato que quienes llevan menos de ese tiempo.

 

Para hacer frente a esta formación se habilitarán programas específicos que favorezcan la formación y recualificación de este colectivo de desempleados con la finalidad de actualizar sus conocimientos y competencias en el nuevo marco de la realidad empresarial. Se impulsarán mediante programas específico de formación la migración de sectores o puestos de trabajo en franca decadencia o precariedad a otros emergentes aprovechando la experiencia laboral de estos profesionales.

 

En esta línea, se profundizará en los planes orientación. Así, los servicios públicos de empleo deben reforzar los programas destinados a reorientar la carrera de los parados de larga duración.

 

Reforzar y habilitar nuevos mecanismos para que este colectivo pueda complementar todas, o en parte, sus prestaciones por desempleo mientras realizan trabajos de carácter parcial o por obra, incentivando así que se mantengan en activo y eviten la ‘devaluación laboral’ que ocasiona la salida del mercado de trabajo por tiempo prolongado.

 

Se facilitará a las empresas la contratación de desempleados de larga duración a través de exención de la cotización por un periodo de hasta dos años de acuerdo a la naturaleza del contrato (parcial, temporal, indefinido).

 

Abrir un diálogo social para propiciar que el sector empresarial cambie su aparente apreciación respecto a los mayores de 45 años y considere como un valor añadido su experiencia, conocimientos y habilidades.

 

 

 

 

 

1.1.9 COLECTIVOS VULNERABLES

 

 

Especial atención merecen los colectivos con dificultades específicas de inserción sociolaboral. Entendemos que la participación en el mercado laboral es una de las vías más indicadas para lograr una efectiva inserción social y para prevenir la exclusión.

                                         

Entre los colectivos a los que se prestará especial atención serán las personas discapacitadas, inmigrantes, minorías étnicas, mujeres con sociales específicas, la población exreclusa y los ex drogodependientes o en tratamiento de desintoxicación.

                                                                             

Para alcanzar estos objetivos se reforzarán la cooperación entre los servicios sociales y de intermediación laboral de las Administraciones Públicas y se propiciarán acuerdos para incentivar la contratación de estos colectivos singulares. En este marco, se desarrollarán programas para mejorar su formación y se promoverá su inclusión en los itinerarios de inserción sociolaboral.

 

Las Administraciones y su organización territorial impulsarán, en el marco de un plan de acción nacional, programas que faciliten a estos colectivos el acceso a un trabajo digno a través de planes locales y talleres de empleo.

 

 

 

Paralelamente, se reforzarán las bonificaciones a la contratación de personas en riesgos de exclusión. En este marco, se diseñarán programas para el desarrollo de tutorías en empresas e instituciones y organismos contratantes de estos colectivos para que faciliten su cercamiento al entorno de trabajo y la obtención de experiencia laboral.

 

 

1.1.10 FOMENTO DE LA PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES

 

 

Un total de 652 trabajadores perdieron la vida en accidente laboral en el año 2018, produciéndose la mayor siniestralidad laboral desde el año 2011. El número de accidentes con baja en jornada de trabajo creció más de un 3% en 2018 con respecto al ejercicio anterior, y los fallecimientos producidos durante la jornada de trabajo se incrementaron más de un 4%.

 

Frente a este repunte deben adoptarse nuevas medidas para aminorar la siniestralidad laboral reforzando, en primer lugar, una cultura de prevención donde la ciudadanía y muy principalmente los centros de trabajo asuman la seguridad y salud laborales como un elemento estratégico.

 

Por ello, incluirá la formación en prevención de riesgos laborales en el proceso de desarrollo y ejecución del Sistema de Formación para el Empleo. También se establecerán ofertas formativas en materia preventiva dirigidas a trabajadores desempleados, pymes, autónomos y emprendedores.

 

Especial atención merecerán igualmente los accidentes de tráfico en jornadas laboral, especialmente los que se producen in itinere. De los 652 trabajadores que fallecieron en accidente laboral en 2018, 146  fueron debido a siniestros in itinere. Las medidas que se articulen, especialmente en materia de sensibilización, intentarán poner freno a estos siniestros.

 

En materia de salud laboral, se promoverán acciones dirigidas a incentivar a las empresas y organizaciones saludables para que se comprometan a desarrollar entornos de trabajo saludables y la promoción de hábitos saludables entre sus trabajadores, como pueden ser la práctica del deporte o una nutrición equilibrada.

 

Con el desarrollo de programas específicos, se incentivará a las empresas para que favorezcan el bienestar físico de sus trabajadores con programas específicos de salud laboral; aprovechando estas actividades como elemento de optimización de los recursos y una mejora del proceso productivo.

 

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