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Elecciones Municipales y Europeas 2019
1.4. AUSTERIDAD Y EFICIENCIA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

a.- FORO se propone acometer la elaboración y aprobación de una verdadera Relación de Puestos de Trabajo (RPT) en la que se recojan las funciones de cada puesto de trabajo. Para ello nos comprometemos a:

a.1.-  Revisar el sistema de complementos específicos a las características específicas de los puestos de trabajo, con la consiguiente implantación de nuevos conceptos retribuidos (jornada partida, atención al público, dificultad técnica, responsabilidad).

a.2.- Establecer un sistema de objetivos verdadero y transparente que permita la implementación de la productividad como concepto retributivo con la consiguiente mejora tanto en la calidad de los servicios públicos como en las retribuciones de los funcionarios.

a.3.- Apertura del segundo tramo de carrera profesional horizontal para los funcionarios públicos.

b.- Aprobación de una OEP que permita reducir los efectos de la perversa y reiterada utilización de la tasa de reposición pues, en ningún caso, resulta de aplicación a la promoción interna, con el consiguiente perjuicio en la carrera profesional de los funcionarios a los que se ha impedido promocionar (el artículo 21.Uno.3 de la Ley 36/2014, dice que “No computarán dentro del límite máximo de plazas derivado de la tasa de reposición de efectivos, aquellas plazas que se convoquen para su provisión mediante procesos de promoción interna”).

c.- Estabilización de la actual plantilla, precarizada por la falta de OEPs y el sistemático recurso a las interinidades, mediante la aprobación de un Plan de Consolidación de Empleo que dé cumplimiento a las previsiones de la Transitoria Cuarta del EBEP.

d.- Rehabilitación voluntaria de los funcionarios jubilados forzosamente tras la denegación de su prolongación en el servicio activo con la derogación inmediata del Decreto 80/2014.

e.- Puesta en marcha de un verdadero sistema de acción social que, progresivamente, comprenda desde la asistencia bucodental, hasta guarderías infantiles en los centros de trabajo.

f.- Regularización de la situación administrativa de los funcionarios mediante la generalización efectiva del sistema de concurso de méritos para todas las jefaturas de servicio, puestos de interventores delegados y la correlativa supresión del personal directivo introducido por la Ley 7/2014.

g.- Profesionalización efectiva de la función directiva mediante la aprobación de una ley reguladora del ejercicio del alto cargo que garantice la profesionalización y la idoneidad de quienes acceden a esta condición. Reintroduciendo la necesidad de que los altos cargos tengan la condición de funcionarios de carrera del grupo A1.

h.- Reducción del número de altos cargos mediante una desconcentración de la mayor parte de las funciones administrativas en favor de los funcionarios públicos, con la consiguiente despolitización de las estructuras administrativas y la correlativa profesionalización de su desempeño.

i.- Creación de un Cuerpo Superior de Interventores al que se reservará el control de la legalidad de toda la actividad administrativa y que no podrán ser nombrados y cesados por el consejero de turno.

j.- Creación de un Cuerpo Superior y otro de Diplomados de Sistemas y Tecnologías de la Información que permita superar su actual situación irregular de los actuales  informáticos (laborales) con titulación superior y media.

k.- En general, funcionarización de las funciones reservadas por el EBEP a funcionarios públicos que actualmente desempeñan personal laboral.

l.- Potenciación de la Inspección General de Servicios mediante la creación de puestos de inspectores en cada consejería a proveer mediante concurso de méritos.

m.- Cese inmediato de la privatización encubierta de funciones administrativas a través de los encargos a SERPA, S.A., tramitados de forma opaca, y en virtud de los cuales aquel contrata personal para la ejecución de los encargos a la vez que se suprimen puestos de funcionarios en el Principado de Asturias.

En materia de Administración de Justicia, FORO procurará una mejora real de este Servicio Público, sobre la base de los siguientes principios:

  • Un Servicio Público de calidad al servicio de los administrados
  • Una justicia profesional y altamente cualificada.
  • Una justicia tecnológicamente avanzada.

Para ello el Gobierno de FORO:

  • Mantendrá un cauce permanente de diálogo con los profesionales de esta Administración, para conocer sus problemas y necesidades.
  • Incrementará los recursos humanos y materiales, dotando a la Administración de Justicia los medios necesarios para su modernización y gestión eficaz.
  • Elaborará un Plan Asturiano de Calidad en la Justicia, encaminado a la agilidad, transparencia y eficacia de este servicio.

También continuará con la implantación de las nuevas tecnologías en el ámbito judicial que permiten un ahorro de medios materiales y personales, así como a una más eficaz prestación de la Justicia en favor de todos los ciudadanos.

Asimismo, apostará por la unificación de los Órganos Judiciales en una misma ubicación, garantizando así mayor agilidad, accesibilidad. Se procederá, exceptuando el Tribunal Superior de Justicia y el Juzgado de Vigilancia Penitenciaria, a la unificación de todas las sedes judiciales de Oviedo dentro de un único distrito en la zona Llamaquique ocupando el edificio actualmente utilizado por la Consejería de Bienestar Social, previa reubicación de esta, con los consiguientes beneficios para los usuarios de la justicia y el ahorro de recursos.

Dotará en los Presupuestos del Principado partidas suficientes para hacer frente al pago del turno de oficio, evitando de esta manera las demoras en el pago motivadas por la falta de consignación presupuestaria realizada de modo voluntario por  los sucesivos gobiernos socialistas. Al mismo tiempo, se realizarán las oportunas iniciativas a fin de obtener de la Administración General del Estado la financiación suficiente de este servicio, al haberse elevado exponencialmente el coste del mismo sin que el Estado haya realizado la aportación que le corresponde, máxime cuando la Ley 10/2012 de Tasas Judiciales estableció como uno de los motivos para la fijación de las Tasas Judiciales “que la tasa aportará unos mayores recursos que permitirán una mejora en la financiación del sistema judicial y, en particular, de la asistencia jurídica gratuita”.

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