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02/04/2020

Oblanca: “El Principado calla ante el atropello para la Formación Profesional para el Empleo que supone la aplicación del último Real Decreto-Ley aprobado por el Gobierno de Sánchez”

  • “Se pierden casi 60 millones de euros anuales para fomentar empleo en Asturias, la Comunidad Autónoma que ya ocupa desde hace años el último lugar en la Tasa nacional de Población Activa”

  • “Esta sustracción se añade a la deuda que el Gobierno tiene con las Comunidades Autónomas y que asciende a 2.500 millones de euros”

  • “El Gobierno de Sánchez se desentiende de las propuestas realizadas desde el sector de la Educación y de la Formación para evitar las negativas consecuencias que tendría la aplicación de la nueva normativa”

El diputado de FORO, Isidro Martínez Oblanca, registró en el Congreso una batería de preguntas sobre “las nefastas consecuencias” que tiene para la Formación Profesional para el Empleo la aplicación del Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, de medidas urgentes complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al coronavirus COVID-19. La normativa que entró en vigor anteayer “supondrá un atropello ante el que Asturias calla. Se pierden casi 60 millones de euros anuales para fomentar empleo en Asturias, la Comunidad Autónoma que ocupa desde hace años el último lugar en la Tasa nacional de Población activa”, manifestó Oblanca.

 

“Asimismo, el Gobierno de Sánchez se desentiende de las propuestas realizadas desde el sector de la Educación y de la Formación para evitar las negativas consecuencias que tendría la aplicación de la nueva normativa”, afirmó el diputado asturiano de FORO que aseguró que “las medidas del Gobierno lesionan el papel a realizar por las comunidades autónomas para mantener y crear empleo, la gran prioridad de los españoles ya que de hecho se impedirá la puesta en marcha de políticas activas de empleo”. “La sustracción de estos recursos se añade a la deuda que el Gobierno tiene con las Comunidades Autónomas y que asciende a 2.500 millones de euros”, concluyó Oblanca.

 

 

Iniciativa parlamentaria (preguntas escritas) registrada por el Diputado de FORO

 

A LA MESA DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS

 

ISIDRO MANUEL MARTÍNEZ OBLANCA, diputado de FORO, integrado en el Grupo Parlamentario Mixto, de conformidad con lo previsto en el Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta las siguientes PREGUNTAS AL GOBIERNO, con ruego de RESPUESTA POR ESCRITO:

 

Exposición de Motivos

El Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, de medidas urgentes complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al coronavirus COVID-19 contempla el cambio de destino de la financiación prevista para la Formación Profesional para el Empleo a otras partidas, lo que supondría la pérdida de la financiación prevista del Estado, que está fijada en 2.400 millones para el conjunto de las comunidades autónomas (CC.AA.).

 

En la Exposición de Motivos del citado Real-Decreto Ley 11/2020 se señala que "en la ley de Presupuestos Generales del Estado de cada año se establece la afectación de la cuota de formación profesional a la financiación del Sistema de Formación Profesional Para el Empleo, de forma que tales ingresos no podrán aplicarse a finalidades distintas", sin embargo precisa que "dado el impacto económico ocasionado por las medidas aprobadas para hacer frente a la crisis sanitaria provocada por el Covid-19 se procede a cambiar dicha afectación", por lo que permite que "los ingresos derivados de la cotización por formación profesional puedan aplicarse a la financiación de cualquiera de las prestaciones y acciones del sistema de protección por desempleo, incluyendo, de esta manera, finalidades más amplias que la mera formación profesional para el empleo".

Serían cuatro las partidas presupuestarias afectadas por la desafección de la cuota de la anualidad correspondiente en el ámbito del sistema de Formación Profesional para el Empleo (FPE) y su posible traslado hacia otras partidas presupuestarias incidiendo en peores consecuencias a las pésimas estimaciones previsibles en términos de desempleo  para los próximos meses donde las cifras del desempleo crecerán de forma exponencial como secuela económica de la emergencia sanitaria del coronavirus COVID-19.

 

La aplicación de estas medidas supondría la quiebra del consenso que se ha venido manteniendo en los últimos años, tras superar la crisis económica de 2008, entre el Estado y las Comunidades Autónomas, con participación de los agentes sociales, de tal manera que la cuota de Formación Profesional para el Empleo que pagan los trabajadores dejará de destinarse para la finalidad de crear empleo. Estamos, en definitiva, ante una medida del Ministerio de Trabajo y Economía Social que lesiona el papel a realizar por las comunidades autónomas para mantener y crear empleo, la gran prioridad de los españoles ya que de hecho se impedirá la puesta en marcha de políticas activas de empleo.

 

También en el sector de la Educación y de la Formación se han alarmado por las negativas consecuencias de la decisión del Gobierno para las empresas, los trabajadores y las entidades prestadoras del servicio de formación en toda España. De hecho, el sector ya ha trasladado al Ministerio de Trabajo diferentes propuestas:

 

- Liquidar todos los expedientes de la convocatoria ocupados 2016 de ámbito estatal sin aplicación de la penalización respecto del criterio del 35% del límite mínimo de ejecución exigiéndose, exclusivamente, los reintegros que correspondan por no ejecuciones contratadas en los procesos de liquidación. Una medida que permitiría, claramente, mitigarlos efectos de una desafección de la cuota de FPE, principalmente, de la que afecten a la Formación de Ocupados en los ámbitos estatales y de CCAA. Esta sería una medida absolutamente necesaria y vital para el mantenimiento de las entidades y centros colaboradores de los Servicios Públicos de Empleo.

 

- Complementariamente a lo anterior, conceder un plazo extraordinario de ejecución de un año a solicitud del beneficiario de todos aquellos expedientes que no hubieran alcanzado el 60% de ejecución en la convocatoria 2016 y hasta un máximo de ese importe, el 60% de la concesión realizada. Con esta medida habría más formación a ejecutar ante el parón que se podría sufrir por la desafección de la cuota. Esos fondos ya han sido abonados por el SEPE a las entidades y centros beneficiarios y por lo tanto no suponen salidas de caja sino hipotéticos reintegros futuros. Las condiciones de ejecución de esos programas se verían afectados por las Resoluciones, Órdenes u otra normativa que el SEPE publique con respecto al COVID-19 así como por el incremento del número de horas por participante de 90 a 180 horas.

 

- Promover soluciones financieras excepcionales para la devolución de reintegros de la convocatoria ocupados 2016 para las entidades y centros beneficiarios tales como un plan de amortización a 2-3-4-5 años similar al establecido para la financiación otorgada por el Estado a través las Líneas ICO.

 

- Adelantar la publicación de TODAS las convocatorias estatales y autonómicas con cargo al ejercicio presupuestario 2021 al segundo semestre del año 2020 al objeto que pudieran adjudicarse los programas afectos a lo largo del año 2021 o, al menos, en su mayor parte. Con esta medida, además de mejorar la distorsión que existe entre la ejecución de los proyectos y el ejercicio presupuestario al que corresponde, permitiríamos que los flujos de caja hacia las entidades y centros colaboradores dieran un importante alivio financiero.

 

- Proceder con carácter inmediato al pago de los anticipos pendientes por el SEPE (2º anticipo de la convocatoria ocupados 2018 y último pago de los expedientes, que en su caso, les corresponda respecto de la convocatoria ocupados 2016) así como instar a las CCAA a que realicen lo mismo incorporando para ello un criterio en el PAPE 2020.

 

- Por último, las empresas podrían seguir realizando formación bonificada a lo largo del ejercicio 2020 pero sólo podrían descontarlo de sus seguros sociales a partir del 1 de enero del 2021. Asimismo, el importe no bonificado por las empresas en este ejercicio 2020 se debería permitir acumular para el ejercicio 2021, precisamente por la desaceleración de las plantillas y la pérdida de varios meses.

 

Por lo expuesto, el diputado de FORO, Isidro Martínez Oblanca, integrado en el Grupo Parlamentario Mixto del Congreso, formula al Gobierno las siguientes preguntas para las que desea obtener respuesta escrita.

 

1.- ¿Qué motivos invoca el Ministerio de Trabajo y Economía Social para romper el consenso con las Comunidades Autónomas modificando por vía del Real Decreto-Ley 11/2020, de 31 de marzo, de medidas urgentes complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al coronavirus COVID-19, el destino de la financiación prevista para la Formación Profesional para el Empleo a otras partidas?

 

2.- ¿Cómo se piensa compensar a las Comunidades Autónomas por la pérdida de la financiación prevista del Estado, que está fijada en 2.400 millones de euros?

 

3.- Dado que la pérdida de tal financiación lesiona el papel a realizar por las Comunidades Autónomas para mantener y crear empleo, impidiendo la puesta en marcha de políticas activas de empleo, ¿cómo explica el Ministerio de Trabajo y Economía Social que se abandone la principal prioridad socioeconómica de España que no es otra que la creación de puestos de trabajo?

 

4.- ¿Conoce el Gobierno las propuestas realizadas desde el sector de la Educación y de la Formación para evitar las negativas consecuencias que tendría la aplicación del referido Real Decreto-Ley? ¿Qué valoración hace de las mismas? ¿Va a considerarlas?

 

Fotografía publicada en La Información

 

 

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