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11/01/2019

Pedro Leal: “La gratuidad de la enseñanza básica obligatoria debe extenderse a los libros y al material didáctico”

  • “La renta de las familias nunca puede condicionar que los alumnos puedan desarrollar al máximo sus potencialidades”

  • “Dedicar 105 euros a familias con menos recursos es claramente insuficiente cuando esos gastos rondan los 300 euros, al menos en el modelo asturiano que se pretende reformar”

  • “Es imprescindible garantizar la igualdad ante el derecho a la educación y evitar que las dificultades económicas de los alumnos y sus familias influyan en su aprendizaje”

El diputado de FORO, Pedro Leal, ha defendido esta mañana que “la gratuidad de la enseñanza básica obligatoria debe extenderse a los libros y al material didáctico”. Leal, en su intervención donde ha fijado la posición de FORO sobre la Proposición de Ley de Gratuidad de Libros de Texto y Material Curricular ha manifestado que “en FORO sostenemos que la renta de las familias nunca puede condicionar que los alumnos puedan desarrollar al máximo sus potencialidades, se beneficien de todas las prestaciones que ofrece su centro educativo y puedan finalizar sus estudios”.

 

Pedro Leal ha añadido que “dedicar 105 euros a familias con menos recursos es claramente insuficiente, cuando esos gastos rondan los 300 euros, al menos en el modelo asturiano que se pretende reformar”.

Para el diputado de FORO, “es imprescindible garantizar la igualdad ante el derecho a la educación y evitar que las dificultades económicas de los alumnos y sus familias influyan en su aprendizaje”.

 

Intervención íntegra del diputado de FORO, Pedro Leal, en la fijación de posición del debate sobre la Proposición de Ley de Gratuidad de Libros de Texto y Material Curricular:


La Educación constituye una de las actividades de mayor trascendencia para las sociedades avanzadas y, por tanto, un pilar básico para el cambio y el despegue del desarrollo de nuestra región.

El hecho que las familias deban sufragar lo que se denominan gastos ocultos de la educación –libros, material escolar, actividades complementarias, desplazamientos, comedores- quiebra el principio de gratuidad de las enseñanzas obligatorias, la universalidad de la misma y pone en entredicho otro principio de la igualdad de oportunidades.

 

En FORO sostenemos que la renta de las familias no puede condicionar que los alumnos puedan desarrollar al máximo sus potencialidades, se beneficien de todas las prestaciones que ofrece su centro educativo y puedan finalizar sus estudios.

 

Por eso, estamos convencidos de que las políticas educativas deben centrarse, de manera prioritaria, en prevenir y compensar las desigualdades sociales, sin que la inversión en este capítulo pueda verse supeditada a criterios de disponibilidad presupuestaria.

 

Sobre este planteamiento básico de equidad se debe de sustentar el marco educativo general, mediante un sistema educativo plural, sin discriminaciones, ni hacia los alumnos ni hacia quien ostente la titularidad del servicio público prestado, garantizando la igualdad de oportunidades para todos.

 

En los últimos años, han sido varias las iniciativas que se han aprobado, tanto en las Cortes Generales, como en este Parlamento al objeto de iniciar los trámites para lograr el objetivo de la gratuidad de los libros de texto.

 

A su vez, se debe tener en cuenta las conclusiones del trabajo realizado por la institución del Defensor del Pueblo, y firmado por doña Soledad Becerril, en octubre de 2013, bajo la denominación “Estudio sobre gratuidad de los libros de texto: programas, ayudas, préstamos y reutilización” que resumidamente concluye entre otras cosas que:

 

“El Defensor del Pueblo entiende que el carácter gratuito de la enseñanza en los niveles educativos obligatorios constituye un instrumento dirigido a garantizar el acceso de todos a tales estudios, y considera por ello que dicho carácter gratuito debería hacerse extensivo a los libros de texto o material didáctico utilizados para cursar los referidos niveles, lo que exige medidas que hagan posible el acceso de los alumnos a los mismos sin coste alguno”.


Esta opinión, que ya expresó el Defensor del Pueblo en su informe anual de 1995, ha sido avalada y compartida por el Consejo Escolar del Estado, en su informe del curso 1998-1999.

 

Por ello, es necesario arbitrar medidas necesarias a tal fin, y una de las formas puede ser mediante esta iniciativa legislativa, para completar el derecho fundamental de acceso a la educación.

 

Las ayudas está claro que son insuficientes, dedicar 105 euros a familias con menos recursos es claramente insuficiente, cuando esos gastos al inicio del curso rondan los 300 euros, al menos en el modelo asturiano que se pretende reformar.

 

En los tiempos actuales, con las consecuencias de la crisis que padecen las familias, teniendo en cuenta el contexto socioeconómico de Asturias, resulta imprescindible incrementar las acciones para garantizar la igualdad ante el derecho a la educación, y que las dificultades económicas que los alumnos y sus familias puedan sufrir no tengan influencia para su aprendizaje.

 

Para abordar este problema se puede hacer de distintos modos:

-       Ya sea mediante becas

-       Ya sea mediante Ayudas directas

-       Ya sea mediante préstamos

-       O finalmente mediante intercambio de libros

 

Obviamente, hay que tener en cuenta que para que esta pretensión tenga éxito, se debe implicar a toda la comunidad educativa, administración, centros, dirección de centros, profesores, padres y alumnos y entidades colaboradoras en educación, se ahí que:

 

Esta proposición es mejorable para adaptarla a la realidad asturiana, sobre todo, la regulación del sistema de préstamo, que debería ser lo más básica posible y la regulación al detalle que se efectúe a través del correspondiente desarrollo reglamentario.

 

Es incuestionable, igualmente, que no todas las Comunidades Autónomas tienen los mismos planteamientos ni aplican los mismos criterios en el objetivo de alcanzar la plena gratuidad. Este tratamiento desigual de los alumnos de las enseñanzas básicas por razón de su lugar de residencia ni es aceptable ni tiene justificación, además de ser contrario a los principios de este derecho constitucional.

 

Sería deseable elaborar un marco de referencia común a todo el Estado que contemple unas obligaciones básicas de las diferentes Administraciones educativas para con el alumnado residente en su Comunidad Autónoma, mediante un Pacto de Estado de la educación. Creemos que es necesaria una normativa básica que garantice en el conjunto del Estado las prestaciones mínimas que hagan efectivo el derecho a la educación en condiciones de igualdad a través de la gratuidad de los materiales escolares, mediante al menos unas prestaciones mínimas dirigidas a la gratuidad de los libros de texto, y la inclusión de un articulado que obligue al Ministerio de Educación, promover estos  préstamos gratuitos de libros de texto y otros materiales curriculares para la educación básica en todos los centros sostenidos con fondos públicos, en el seno de la Conferencia Sectorial de Educación, y que se prevea la necesaria financiación del Gobierno de España.

 

 

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