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13/12/2018

Oblanca: “Por una sanción de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia a una empresa no se puede descalificar a todo el sector de los aprovechamientos hidroeléctricos”

  • “Los perjudicados por las medidas de Podemos serían, finalmente, los consumidores ya que estamos hablando de una fuente muy importante dentro del mix energético español”

  • “Los procedimientos de reversión al Estado de aquellas concesiones que finalizan su vigencia temporal están garantizados y, como estamos en un Estado de Derecho, los tribunales están avalando el paso de la gestión privada a la pública cuando termina el periodo de concesión”

Isidro Martínez Oblanca, diputado nacional de FORO, votó en contra de una moción de Podemos sobre reversión de los saltos hidroeléctricos al considerarla “intervencionista en la que al hilo de la sanción de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) a una determinada empresa eléctrica por hechos de hace cinco años, se pone en solfa a todo el sector de los aprovechamientos hidroeléctricos”.

 

Según el diputado nacional, “también se insta al gobierno a promover medidas que pondrían patas arriba a cuantos participan de los aprovechamientos hidráulicos para la generación de energía eléctrica y los perjudicados serían, finalmente, los consumidores ya que estamos hablando de una fuente muy importante dentro del mix energético español”.

 

Para Martínez Oblanca, “los procedimientos de reversión al Estado de aquellas concesiones que finalizan su vigencia temporal están garantizados y, como estamos en un Estado de Derecho, los tribunales están avalando el paso de la gestión privada a la pública cuando termina el periodo de concesión y también la administración del 25% de una producción hidroeléctrica, o su valor económico, contante y sonante, para destinarlo a actuaciones de restitución en aquellos valles afectados por los embalses cuyas aguas utilizan”.

 

Intervención de Isidro Martínez Oblanca en el Pleno del Congreso:

“Muchas gracias, señora presidenta.

Ésta es una de esas mociones ómnibus en las que resulta materialmente imposible hacer referencia a todo su contenido, en este caso sobre la reversión de saltos hidroeléctricos. Empezaré por el final, anunciando que no apoyaré el texto original de esta moción porque es una iniciativa parlamentaria intervencionista, en la que, sobre la base de la particular interpretación de la soberanía y al hilo de la sanción de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia a una determinada empresa eléctrica por hechos de hace cinco años, se pone en solfa a todo el sector de los aprovechamientos hidroeléctricos.


También se insta al Gobierno a promover medidas que pondrían patas arriba a cuantos participan de los aprovechamientos hidráulicos para la generación de energía eléctrica y los perjudicados serían finalmente los consumidores, ya que estamos hablando de una tecnología muy importante dentro del mix energético español que, por cierto, está siendo objeto de colosal zarandeo por las decisiones del ecologismo fundamentalista con plaza en el Consejo de Ministros. Hablar hoy de transición justa resulta un terrible sarcasmo para los asturianos.


El portavoz de Unidos Podemos ha invocado mucha legislación y normativa, pero ha obviado la más importante, la Constitución española, y es nuestro texto fundamental a través de varios de sus artículos el que hace referencia explícita a la legislación, ordenación y concesión de recursos hidráulicos y le otorga al Estado la competencia cuando las aguas discurran por más de una comunidad autónoma. No es que se olvide de otorgarle competencias específicas a las autonomías, ya que, de hecho, les atribuye capacidad sobre los proyectos, construcción y explotación de los aprovechamientos hidráulicos, canales y regadíos de interés de la comunidad autónoma en las aguas minerales y termales.  Ustedes, con esta iniciativa -repito, intervencionista en grado sumo-, darían al traste con esta parte del sector energético que está regulado por una Ley del Sector Eléctrico que, al igual que la Constitución, también ignoran.


En todo caso -y con ello concluyo, señora presidenta-, los procedimientos de reversión al Estado de aquellas concesiones que finalizan su vigencia temporal están garantizados. Y como estamos en un Estado de derecho, los tribunales están avalando el paso de la gestión privada a la pública cuando termina el periodo de concesión y también la administración del 25% de una producción hidroeléctrica o su valor económico contante y sonante para destinarlo a actuaciones de restitución en aquellos valles afectados por los embalses cuyas aguas se utilizan.


Por todo ello, señora presidenta, si se mantienen en sus términos originales y no se produce un texto transaccional que atenúe bastante el ímpetu intervencionista de Unidos Podemos, no apoyaré esta moción consecuencia de interpelación.


Muchas gracias”.  

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