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27/09/2018

Pedro Leal: “Reglamentar y desarrollar la Ley de Autoridad del Profesorado servirá para fomentar la educación en valores humanos, cívicos, morales y éticos y no ideologizados políticamente”

  • “Los docentes que prestan servicio en Asturias no se sienten respaldados por una Administración que se demora en más de cinco en desarrollar la Ley”

  • “Demorarse en más de cinco en desarrollar la Ley de Autoridad del Profesorado, a la que el partido socialista que sustenta el gobierno se opuso en 2013, resulta lamentable, y es el reflejo de un gobierno que no respeta las leyes legítimamente aprobadas y emanadas de los órganos representativos de la sociedad”

  • “Se trata de una cuestión de dignidad del profesorado, de respeto y de legitimidad que deben ir unidos al ejercicio de la docencia”

Intervención del diputado de FORO, Pedro Leal, en el Pleno de la Junta General del Principado de Asturias tras preguntar al Gobierno cuándo tiene intención de desarrollar reglamentariamente la Ley de Autoridad del Profesorado:

La pregunta que se formula es para que me conteste, aproximadamente,  cuándo: un mes, dos, tres… ¿se aprobará en esta legislatura?.

Con esta demora, nos consta que los docentes que prestan servicio en nuestra comunidad autónoma no se sienten respaldados por una Administración que se  demora en más de cinco años en desarrollar la Ley de Autoridad del Profesorado, en concreto, desde el 28 de junio de 2013, se aprobaba en la Junta General del Principado de Asturias, la Ley 3/2013, de medidas de autoridad del profesorado, a la que el partido socialista, que sustenta el gobierno se opuso en aquella fecha, y desde entonces no se ha procedido a desarrollar reglamentariamente, a pesar de tener esa facultad de habilitación normativa, conforme a lo establecido en la disposición final primera de la citada ley.

Resulta lamentable, que cuarenta años después de aprobarse la Constitución vigente, que conmemoramos este 2018, desde un gobierno no se respeten las leyes legítimamente aprobadas y emanadas de los órganos legislativos representativos de la sociedad, sobretodo, cuando éstas no son de su agrado, lo que es una desconsideración no sólo hacia los docentes, sino también a la sociedad asturiana, y a esta Cámara. No acaban de darse de cuenta que el PSOE no llega a representar a un tercio de los asturianos, sin darse cuenta que con ello está devaluando al profesor, y con ello perjudicando a la educación. 

A nuestro entender la LAP (la Ley de Autoridad del Profesorado) hay que desarrollarla, pero no vale exponer pretextos de que por sí misma esta Ley no vaya a mejorar la convivencia en los centros, como sostenía el grupo socialista cuando votó en contra de la misma. 

Reglamentar y desarrollar la Ley de Autoridad del Profesorado, servirá para fomentar la educación en valores, que tiene que ver en definitiva con la gestión de la convivencia, pero en valores humanos, cívicos, morales y éticos no en valores ideologizados políticamente hablando, si esperan un Decreto de desarrollo con tintes políticos, es normal que se demoren

Constituyen un hecho patente que los cambios sociales que sufre nuestra sociedad, que inciden inevitablemente en las instituciones y que en los últimos años ha tenido como consecuencia la pérdida de autoridad del profesor en su ámbito de actuación profesional en un proceso constante de deterioro en los últimos años. El docente ya tiene su conocimiento, su instrucción, su formación, pero esta huérfano de lo que se denomina autoridad institucional, que como establece la LOE, reconoce la autoridad pública al profesorado.

Nos interesa conocer el estado concreto en que se encuentra esa lenta tramitación de cinco años. El pasado 8 de febrero manifestó en esta Cámara que:

cerramos el definitivo el pasado 8 de enero habían cerrado el decreto, y que a partir del 1 de febrero, iniciaba el camino a través de la Secretaría General Técnica, el camino posterior de información pública, informe del Consejo Escolar y demás”. Ya estamos a 27 de septiembre y han pasado casi 8 meses.

También nos contestó que “dependía de la Consejería de Presidencia para algunos detalles para la implantación de la protección activa del docente, no sólo la pasiva”, pero como  siga el mismo camino que en la implantación de medidas de modernización en la justicia que sigue la Consejería de Presidencia, ya podemos ponernos en lo peor, el expediente digital debería haberse implantado el 7 de julio de 2016 y ya lo anuncian para el próximo año, así que figúrese mi preocupación

Como se argumenta en el preámbulo de la Ley 3/2013 de medidas de autoridad del profesorado: “Para que los profesores puedan realizar con éxito la elevada tarea que la sociedad les encomienda es preciso transmitir que, además de la autoridad que les confiere su saber, están investidos de una autoridad institucional por ejercer la función primordial de la docencia y ser, con ello, garantes inmediatos del derecho constitucional a la educación. De lo contrario, quedaría desmentida en la práctica la importancia que reviste la educación, en general, y la instrucción, en particular”.

Con el paso del tiempo, más de cinco años, sin la reglamentación normativa correspondiente, el docente no siente el respaldo ni de la propia sociedad, ni de la propia legislación para ejercer su actividad en el aula. Esto se entiende como una pérdida de autoridad dentro del concepto que emana de la misma, es decir, no es un asunto de poder en un determinado ámbito, se trata de una cuestión de dignidad, de respeto, de legitimidad que se entiende deben ir unidos al ejercicio de la docencia, esto implica una aceptación y una obligación por quien reconoce la autoridad.

También le pasado 8 de febrero afirmó que:

En este curso escolar estará promulgado el nuevo Decreto modificado 249/2007, adecuado a la LAP, y el desarrollo de la LAP, mediante reglamento”.

El curso finalizó, comenzó otro, y seguimos igual, desconocemos fechas, y no ha podido cumplir sus compromisos, digamos no Vd. sino el gobierno, ante la falta de colaboración de la Consejería de Presidencia también, como argumentó el pasado 8 de febrero en esta Cámara.

La Consejería de Educación no es ajena a que en todos los países del entorno, en mayor o menor medida, se está produciendo una erosión de los perfiles cualitativos de las instituciones que ejercen funciones sociales (familia, centros escolares, etcétera) que es necesario represtigiar, sin caer en el error del autoritarismo ni en la permisividad y con un doble objetivo: por una parte, mayor influencia sobre los educandos y, por otra parte, mayor eficacia  en el cumplimiento de las normas de convivencia de los principios básicos para el proceso educativo y mucho más en un modelo de autonomía escolar.

Parece que el Gobierno socialista nunca ha mostrado interés ni en el desarrollo de la misma, ni en su cumplimiento sea efectivo y ello, por tres razones fundamentales: 

1.- Porque el propio Javier Fernández y el grupo parlamentario socialista votaron en contra de la citada ley. 

2.- Porque sus esfuerzos se centran únicamente en revertir y derogar la LOMCE y sus efectos; en especial al alinearse con las tesis de la ministra Celaá.

3.-Porque el PSOE, confunde educación con adoctrinamiento en ideas socialistas,  que es lo que pretenden imponer en las aulas, como aconteció con esa asignatura de Educación para la ciudadanía.

Las reformas educativas nunca deben ignorar la cultura profesional del profesorado. Si lo hacen, están condenadas al fracaso, pues es en el aula donde se llevan a efecto. No hay modelos educativos ni medidas estructurales, organizativas o curriculares que puedan compensar una deficiente labor docente. Por el contrario, un buen profesor sí puede compensar muchas carencias de un sistema, por tanto, le conminamos a que cuanto antes procedan a publicar preceptivo desarrollo reglamentario de la Ley de Autoridad del profesorado para que este despliegue sus plenos efectos.

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