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20/09/2018

Oblanca: “Apoyamos el avance en los niveles de seguridad de las redes y los sistemas de información del conjunto de la Unión Europea”

  • “Nuestra pertenencia a la UE nos aboca a transponer directivas relacionadas, en este caso, relativas a la seguridad de las redes y los sistemas de información”

  • “Son pasos necesarios para fijar una normativa común y una coordinación en el conjunto de la Unión Europea que permita atajar y acotar al máximo posible el espacio en el que operan delincuentes, terroristas y piratas de las redes”

FORO ha apoyado hoy en el Pleno del Congreso la convalidación de un Real Decreto-ley de seguridad en las redes y sistemas de información porque, tal y como explicó su diputado nacional, Isidro Martínez Oblanca, esta iniciativa del Gobierno, “precisa el marco estratégico e institucional para lograr una serie de objetivos y de medidas para promover los mayores niveles de seguridad y avanzar en los niveles de seguridad de las redes y los sistemas de información del conjunto de la Unión Europea”.

 

“Nuestra pertenencia a la Unión Europea nos aboca a transponer directivas relacionadas, en este caso, con la seguridad de las redes y los sistemas de información, materia de especial y creciente preocupación a la vista de los acontecimientos e incidentes que surgen con gran frecuencia en el proceso de adaptación de todo el mundo a las tecnologías”, señaló Oblanca.

 

El diputado advirtió que “desde el punto de vista legislativo, estamos dando unos pasos necesarios para fijar una normativa común y una coordinación en el conjunto de la Unión Europea que permita atajar y acotar al máximo posible el espacio en el que operan delincuentes, terroristas y piratas de las redes”.

 

Intervención de Isidro Martínez Oblanca en el Pleno del Congreso

Muchas gracias, señora presidenta:

Nuestra pertenencia a la Unión Europea nos aboca a transponer directivas relacionadas, en este caso, con la seguridad de las redes y los sistemas de información, materia de especial y creciente preocupación a la vista de los acontecimientos e incidentes que surgen con gran frecuencia en el proceso de adaptación de todo el mundo a las tecnologías.

La convalidación de este Real Decreto Ley permite que nuestra legislación pueda actualizarse a un mayor ritmo y en aspectos que en muchas ocasiones se han reclamado en esta Tribuna y también mediante iniciativas parlamentarias. El texto de este nuevo conjunto de normas es muy extenso y permítanme que me refiera específicamente a lo que hace referencia a la Ciberseguridad, materia que tiene una enorme relevancia también desde el punto de vista parlamentario y de hecho las Cortes Generales tienen constituida -dentro de su Comisión Mixta de Seguridad Nacional- una Ponencia para el estudio de diversas cuestiones relativas a la ciberseguridad en España.

El real Decreto-Ley precisa el marco estratégico e institucional para lograr una serie de objetivos y de medidas para promover los mayores niveles de seguridad y avanzar en los niveles de seguridad de las redes y los sistemas de información del conjunto de la Unión Europea. En este sentido, parece oportuno recordar que hace solo dos años que la Unión Europea creó una cartera específica para la seguridad de la Unión y afrontar desafíos crecientes que incluyen el combate contra el terrorismo, la lucha contra la delincuencia organizada, la protección contra los ciberataques y, por si esto fuera poco, la injerencia exterior en procesos democráticos.

Por lo tanto, desde el punto de vista legislativo, estamos dando unos pasos necesarios para fijar una normativa común y una coordinación en el conjunto de la Unión Europea que permita atajar y acotar al máximo posible el espacio en el que operan delincuentes, terroristas y piratas de las redes.

La convalidación de este Real Decreto-Ley -que apoyaré con mi voto- establece obligaciones de seguridad de los operadores de servicios esenciales y de los proveedores de servicios digitales, y contribuye a reforzar nuestra legislación para crecer en la seguridad de las redes y también en la creación de límites y obstáculos para combatir las nuevas formas criminales que afectan a nuestra defensa pero que también toma como víctimas propiciatorias al mercado digital y, singularmente, a los consumidores y a los usuarios a los que tenemos obligación de proteger.

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