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07/08/2018

Pedro Leal: “El gobierno de Javier Fernández no respalda a los docentes al demorarse más de cinco años en desarrollar la Ley de Autoridad del profesorado aprobada en 2013”

  • “En el desarrollo reglamentario se deben regular aspectos como las bases de un protocolo de actuación para establecer los pasos a seguir cuando se vulnere la autoridad del docente, sobretodo en casos de agresión”

  • “Resulta lamentable que 40 años después de aprobarse la Constitución vigente, desde el PSOE no se respeten las leyes legítimamente aprobadas y emanadas de los órganos legislativos representativos de la sociedad, cuando éstas no son de su agrado”

El presidente de FORO, Pedro Leal, ha señalado que “el gobierno de Javier Fernández no respalda a los docentes de nuestra comunidad autónomas al demorarse más de cinco años en desarrollar la ley de Autoridad del profesorado; en concreto, el 28 de junio de 2013, se aprobaba en la Junta General del Principado de Asturias, la Ley 3/2013, de 28 de junio, de medidas de autoridad del profesorado, a la que el partido socialista que sustenta el gobierno se opuso en aquella fecha, y desde entonces no ha procedido a desarrollar reglamentariamente, a pesar de tener esa facultad de habilitación normativa, conforme a lo establecido en la disposición final primera de la citada ley”.

 

“Constituyen un hecho patente –indica Pedro Leal- los cambios sociales que sufre nuestra sociedad, que inciden inevitablemente en las instituciones y que en los últimos años ha tenido como consecuencia la pérdida de autoridad del profesor en su ámbito de actuación profesional en un proceso constante de deterioro en los últimos años”.

 

“Como se argumenta en el preámbulo de la Ley 3/2013 de medidas de autoridad del profesorado: ‘para que los profesores puedan realizar con éxito la elevada tarea que la sociedad les encomienda es preciso transmitir que, además de la autoridad que les confiere su saber, están investidos de una autoridad institucional por ejercer la función primordial de la docencia y ser, con ello, garantes inmediatos del derecho constitucional a la educación. De lo contrario, quedaría desmentida en la práctica la importancia que reviste la educación, en general, y la instrucción, en particular’. Es obvio que una ley que tiene como objetivos los señalados anteriormente se elaboró porque tanto en 2013, al momento de su aprobación, como ahora mismo, en el tiempo actual, el docente no siente el respaldo ni de la propia sociedad, ni de la propia legislación para ejercer su actividad en el aula. Esto se entiende como una pérdida de autoridad dentro del concepto que emana de la misma, es decir, no es un asunto de poder en un determinado ámbito, se trata de una cuestión de dignidad, de respeto, de legitimidad que se entiende deben ir unidos al ejercicio de la docencia, esto implica una aceptación y una obligación por quien reconoce la autoridad”, explica.

 

Pedro Leal advierte que “la Consejería de Educación no es ajena a que en todos los países del entorno, en mayor o menor medida, se está produciendo una erosión de los perfiles cualitativos de las instituciones que ejercen funciones sociales (familia, centros escolares, etcétera) que es necesario represtigiar, sin caer en el error del autoritarismo ni en la permisividad y con un doble objetivo:  por una parte, mayor influencia sobre los educandos y, por otra parte, mayor eficacia en el cumplimiento de las normas de convivencia de los principios básicos para el proceso educativo y mucho más en un modelo de autonomía escolar”.

 

Por ello, considera que “en el desarrollo reglamentario se deben regular aspectos como las bases de un protocolo de actuación para establecer los pasos a seguir cuando se vulnere la autoridad del docente y, en particular, cuando éste sufre alguna agresión, de la que el pasado curso se han podido constatar algo más de una treintena, así como los supuestos en que desde la Administración se le debe prestar asistencia, tanto médica, como jurídica, como asistencial en caso de producirse dichas agresiones, amenazas u otro comportamiento que incida en dicha autoridad. Y este reglamento debe elaborarse para todos los docentes en general, que englobe a los que desempeñan su función en la enseñanza pública, como a los de centros privados sostenidos con fondos públicos o privados en sentido estricto”.

 

Para FORO, “la relevancia social de la función docente hace imprescindible el desarrollo reglamentario la vigente Ley de Autoridad del profesorado, de la que el lapso temporal trascurrido desde su aprobación, demuestra claramente que el gobierno socialista nunca ha mostrado interés ni en el desarrollo de la misma, ni en su cumplimiento sea efectivo, y ello por tres razones fundamentales: Porque el propio Javier Fernández y el grupo parlamentario socialista votaron en contra de la citada ley; porque sus esfuerzos se centran únicamente en revertir y derogar la LOMCE y sus efectos; y porque el PSOE confunde educación con adoctrinamiento en ideas socialistas, que es lo que pretenden imponer en las aulas”.

 

“Resulta lamentable –asegura Pedro Leal-, que 40 años después de aprobarse la Constitución vigente, desde el PSOE no se respeten las leyes legítimamente aprobadas y emanadas de los órganos legislativos representativos de la sociedad, sobretodo cuando éstas no son de su agrado, lo que es una desconsideración no sólo hacia los docentes, sino también a la sociedad asturiana, lo que refleja que no acaban de darse de cuenta que el PSOE no llega a representar a un tercio de los asturianos, y quieren imponer sus ideas al resto sin darse cuenta que con ello está devaluando al profesor, y con ello perjudicando a la educación”. 

 

“Las reformas educativas nunca deben ignorar la cultura profesional del profesorado. Si lo hacen, están condenadas al fracaso, pues es en el aula donde se llevan a efecto. No hay modelos educativos ni medidas estructurales, organizativas o curriculares que puedan compensar una deficiente labor docente. Por el contrario, un buen profesor sí puede compensar muchas carencias de un sistema, por tanto, desde FORO llevaremos a cabo varias iniciativas parlamentarias para exigir este preceptivo desarrollo reglamentario de la Ley de Autoridad del profesorado para que este despliegue sus plenos efectos”, dice.

 

“A la vista de esto se aprecia, con datos constatables y verificables, quiénes son los que defienden una educación pública, moderna y dinámica, ‘de todos y para todos’ como hacemos desde FORO, y quiénes son los que, bajo la apariencia de un atractivo envoltorio de colores, son los que están administrando a los profesores un supositorio tras otro, y de considerables dimensiones, como acredita el PSOE y su presidente, Javier Fernández, a la cabeza”, concluye.

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