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19/08/2017

Carmen Fernández: “La continua expansión del lobo causando cada vez más daños a la cabaña ganadera asturiana prueba la absoluta ineficacia en la gestión del Gobierno socialista”

  • “El Gobierno mantiene la opacidad en la gestión del lobo incumpliendo el mandato de la Cámara de transparencia y la exigencia de su publicación”

  • “El medio rural asturiano necesita un giro radical que ponga fin a un problema cada vez más asentado y lacerante para el sector agroganadero”

La diputada y portavoz de FORO en materia de agroganadería, Carmen Fernández, con motivo de su visita de hoy a la XXXVII edición del Concurso Exposición de ganado de Piedeloro (Carreño), y tras la reciente reunión del Consejero de Infraestructuras con los alcaldes del Occidente para analizar la gestión regional en los daños del lobo, y a raíz de los últimos daños ocasionados por la especie en el céntrico municipio de Illas, ha manifestado que “la continua expansión del lobo causando cada vez más daños a la cabaña ganadera asturiana prueba la absoluta ineficacia en la gestión del Gobierno socialista”.

 

“La mejor prueba de la falta de compromiso del Gobierno de Javier Fernández con el campo asturiano –indicó Carmen Fernández- es el incumplimiento constante del II Plan del Lobo, cuya última muestra ha sido la aprobación del Programa Anual de Actuaciones 2017 a finales del mes de mayo, lo que significa que su aplicación ya se ha dilatado en el tiempo, obligando ahora al Consejero a decir que se va a cumplir dicho Plan”.

 

Carmen Fernández recuerda que “el II Plan de Gestión del lobo prevé que, a lo largo del período de aplicación de cada programa anual de actuaciones de control se mantendrá actualizada en la página web del Principado una base de datos que indique el número de ejemplares abatidos en controles y muertos por otras causas, así como los expedientes de daños registrados en cada unidad de gestión. Sin embargo, y pese a que la Consejería de Infraestructuras ha heredado la responsabilidad que antes estaba en manos de la Consejería de Desarrollo Rural y Recursos Naturales, el Gobierno mantiene la opacidad en la gestión del lobo incumpliendo el mandato de la Cámara de transparencia y la exigencia de su publicación ya que no figura en la web del Principado el Programa anual de actuaciones y su informe de resultados, así como sobre la gestión de los daños prevista en el II Plan de Gestión del lobo”.

 

La diputada de FORO afirma que “el Gobierno, y determinados colectivos han convertido a la sociedad asturiana en víctima de un engaño permanente intentando trasmitir la idea de que el lobo es una especie en peligro de extinción, cuando en realidad no es así ya que ni la situación real de la especie en Asturias ni ninguna norma nacional o internacional justifican un desequilibrio intencionado a favor de una especie y en perjuicio de muchas otras entre las que se incluye el propio ser humano, por un lado porque el paso de 22 a 39 grupos de lobos en la región entre los años 2009 a 2014 indica una clara mejoría y por otro lado porque ni el Convenio de Berna, sobre la Conservación de la Vida Silvestre y el Medio Natural europeo (1979), al cual España se adscribió en 1986, ni la Directivas Europea Hábitat (Directiva 92/43/CEE del Consejo, de 21 de mayo de 1992, consideran en peligro ni por tanto otorgan protección alguna al lobo en nuestra región, ni en ninguna otra al Norte del río Duero. La supuesta protección del lobo es una decisión unilateral del Gobierno asturiano, que genera un elevado coste para todos los asturianos, además de daños colaterales como el desplazamiento de las poblaciones de jabalí hacia las zonas periurbanas, con los consiguientes peligros y accidentes”.

 

“La nueva gestión del lobo protagonizada ahora por la Consejería de Infraestructuras comienza con mal pie y promete dar continuidad a la nefasta gestión de la especie desarrollada hasta la fecha por la reprobada Consejera de Desarrollo Rural, el medio rural asturiano necesita un giro radical en la gestión socialista que ponga fin a un problema cada vez más asentado y lacerante para el sector agroganadero”, concluye Carmen Fernández.

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