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06/04/2016

Cristina Coto: “Estamos ante una ‘inactividad culpable’ del Gobierno del Principado de consecuencias muy graves, que no puede atribuirse a la ineptitud de la Administración sino a la voluntad de Javier Fernández de rehuir las responsabilidades políticas que le afectan”

  • “No es creíble que el Informe entregado a la Audiencia Provincial, 6 años después de iniciada la investigación, no estuviera listo antes, pues la Comisión de Investigación celebrada en la Junta General le encomendó al gobierno de Javier Fernández su elaboración en 2013”

  • “El Gobierno del Principado tiene que cumplir  la C.E. que en el Art. 118 establece que es obligado ‘prestar la colaboración requerida por éstos en el curso del proceso y en la ejecución de lo resuelto’. Se trata de un mandato explicitado en la Ley Orgánica del Poder Judicial y en la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas”

Cristina Coto, presidenta de FORO, ha recordado que “el Gobierno del Principado, lo primero que tiene que cumplir  es la Constitución Española que en el Artículo 118 establece que ‘es obligado cumplir las sentencias y demás resoluciones firmes de los Jueces y Tribunales, así como prestar la colaboración requerida por éstos en el curso del proceso y en la ejecución de lo resuelto’. Se trata de un mandato explicitado en la Ley Orgánica del Poder Judicial que, en su Artículo 17, señala que ‘todas las personas y entidades públicas y privadas están obligadas a prestar, en la forma que la ley establezca, la colaboración requerida por los Jueces y Tribunales en el curso del proceso y en la ejecución de lo resuelto, con las excepciones que establezcan la Constitución y las leyes, y sin perjuicio del resarcimiento de los gastos y del abono de las remuneraciones debidas que procedan conforme a la ley’. Las mismas obligaciones se concretan aún más en la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas que, en el Artículo 4.1 (Principios de las relaciones entre las Administraciones públicas) precisa: ‘1. Las Administraciones públicas actúan y se relacionan de acuerdo con el principio de lealtad institucional y, en consecuencia, deberán: c) Facilitar a las otras Administraciones la información que precisen sobre la actividad que desarrollen en el ejercicio de sus propias competencias y d) Prestar, en el ámbito propio, la cooperación y asistencia activas que las otras Administraciones pudieran recabar para el eficaz ejercicio de sus competencias’”.

 

Cristina Coto añadió que “si el Informe entregado a la Audiencia Provincial el pasado 29 de febrero, 6 años después de iniciada la instrucción judicial, es lo único que ha aportado el gobierno de Javier Fernández en el escándalo Marea acredita un claro incumplimiento de las obligaciones constitucionales y legales de colaboración con la Justicia por parte de Javier Fernández. No es creíble de ninguna manera que el Informe entregado a la Audiencia Provincial, 6 años después de iniciada la investigación, no estuviera listo antes, pues la propia Comisión de Investigación celebrada en la Junta General le encomendó al gobierno de Javier Fernández su elaboración en 2013”.

 

Cristina Coto concluyó diciendo que “estamos ante una ‘inactividad culpable’ por parte del gobierno del Principado, de consecuencias muy graves, que no puede atribuirse a la ineptitud de la Administración del Principado sino a la voluntad política de Javier Fernández de rehuir las responsabilidades políticas que le afectan, tanto al gobierno del Principado presidido por Vicente Álvarez Areces, como a la FSA de la que él es el máximo dirigente desde 2000”.

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FSA 

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