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26/02/2016

Cristina Coto: “La inactividad del gobierno de Javier Fernández provocará la huelga del servicio de limpieza del Hospital Carmen y Severo Ochoa de Cangas del Narcea”

  • “Un gobierno supuestamente socialista y obrero no debería consentir la explotación laboral constante y el impago de salarios en un centro sanitario público”

  • “La situación amenaza con convertirse en algo similar a lo que sucede con el servicio de seguridad del Hospital San Agustín de Avilés”

  • “Entre las especialidades del gobierno de Javier Fernández hay que incluir la de permitir constantemente el incumplimiento de los pliegos contractuales que rigen las licitaciones públicas y que pagan los trabajadores”

La presidenta de FORO, Cristina Coto, ha afirmado que “la inactividad del gobierno de Javier Fernández provocará la huelga del servicio de limpieza del Hospital Carmen y Severo Ochoa de Cangas del Narcea”, que según afirma “está prevista por los trabajadores a partir del día 8 de marzo, lo que supone una grave amenaza para la prestación del servicio, máxime cuando se trata de una cuestión anunciada y perfectamente previsible que requiere de la lógica anticipación por parte de cualquier gobierno mínimamente diligente en la atención de sus funciones”.

 

La huelga convocada por la representación legal de los trabajadores del servicio de limpieza del hospital de Cangas “se debe a varios incumplimientos del pliego de condiciones del contrato de este servicio, ante la falta de cobertura de las plazas vacantes que se ha producido durante largos periodos de tiempo y que provoca un aumento del trabajo del personal, de forma ilógica e injustificada, para suplir dichas carencias o faltas de cobertura, a lo que se suman otras cuestiones significativas como el retraso del abono de las pagas extras de junio y diciembre o la acumulación de las nóminas correspondientes a los meses de enero y febrero de 2016, aun pendientes de abonar a los trabajadores por parte de la empresa adjudicataria”, dice.

 

Coto afirma que “el pliego de la adjudicación, por un periodo de dos años, recoge la obligación de la empresa adjudicataria de adecuar el número de trabajadores a las necesidades del servicio, además de mantener estabilidad en el equipo de trabajo únicamente con variaciones puntuales en su composición, por razones justificadas para no alterar el buen funcionamiento del servicio, informando en todo momento al responsable del contrato, con la obligación de abonar salarios, conceder permisos, licencias y vacaciones, sustituciones en caso de baja o ausencia, y las obligaciones legales en la materia derivadas de la relación contractual”.

 

La empresa contratista se obliga a entregar, con la periodicidad que la gerencia lo exija, informe sobre los servicios prestados, estado y situación de los elementos sobre los que su personal o subcontrata actúa y, en general, cuanta información la gerencia recabe para un mejor control de la ejecución de este contrato, cuestión que garantiza –a juicio de Cristina Coto- la potestad de control del gobierno y que la lleva a sostener la afirmación de que “un gobierno supuestamente socialista y obrero no debería consentir la explotación laboral constante y el impago de salarios en un centro sanitario público, máxime a tenor de los dispuesto en el  apartado 13.1 del pliego, denominado Penalidades administrativas, indemnización de daños y perjuicios, que permite en caso de ejecución defectuosa del contrato, o incumplimiento de los compromisos o condiciones especiales de ejecución del mismo imponer penalidades en proporción a la gravedad del incumplimiento de hasta el 10 % del presupuesto del contrato”.

 

Lo peor, en opinión de la presidenta de FORO es que “hay antecedentes y la situación amenaza con convertirse en algo similar a lo que sucede con el servicio de seguridad del Hospital San Agustín de Avilés”.

 

Según explica, “al proceso de licitación finalmente optaron 10 empresas u ofertas económicas, tras excluir otra presentada fuera de plazo, y el 13 de marzo de 2014 la mesa de contratación elevó propuesta de adjudicación a la empresa Acister de Servicios, S.A., por importe de 1.186.954,47 € (IVA excluido), lo que supone un total de 1.423.403,01 IVA incluido por plazo de 24 meses, adjudicado por resolución de 8 de abril de 2014. El plazo de duración del contrato, firmado el 30 de abril de 2014,  será entre el 1 de mayo de 2014 y el 30 de abril de 2016, pudiendo prorrogarse sin que las prórrogas acordadas puedan exceder en su conjunto del plazo fijado originariamente de dos años y en su cláusula octava preceptúa que el órgano de contratación ostenta la prerrogativa de interpretar el contrato, resolver las dudas que ofrezca su cumplimiento, modificarlo por razones de interés público, acordar su resolución y determinar los efectos de esta, prerrogativas que permiten una intervención por parte del gobierno del Principado de Asturias para garantizar los derechos de los 21 trabajadores que ejercen labores de limpieza en el hospital cangués”.

 

A la vista de los hechos, la diputada sostiene que “entre las especialidades del gobierno de Javier Fernández hay que incluir la de permitir constantemente el incumplimiento de los pliegos contractuales que rigen las licitaciones públicas y que pagan los trabajadores, recordando lo sucedido en el caso de la empresa TRAGSATEC, que al incumplir los pliegos de adjudicación de la campaña de saneamiento ganadero ha supuesto el despido de varios trabajadores; tal como sucede en el Hospital San Agustín de Avilés con el servicio de seguridad o ahora en el de Cangas del Narcea con el de limpieza, el incumplimiento por parte de las respectivas empresas, de los pliegos que rigen la contratación de las prestación del servicio, supone penalidades para los trabajadores, con la permisividad, conocimiento y consentimiento del gobierno de Javier Fernández”.

 

La presidenta de FORO, ha concluido anunciando que su grupo parlamentario ha formulado varias iniciativas parlamentarias “tendentes a esclarecer esta situación y a evitar las indeseables consecuencias de una huelga anunciada, y más que razonable, de ser ciertas las afirmaciones de los trabajadores, cuestión que requiere la intervención inmediata del gobierno del Principado”.

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