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30/04/2015

Sostres: “La nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal debe venir acompañada de nuevos medios materiales, humanos e informáticos para garantizar una justicia eficaz”

  • “El proyecto de ley encierra luces y sombras, como los términos ´investigados´ en vez de ´imputados´, o bien la indeterminación de la política de plazos, pero es un intento de ajustar el derecho procesal a nuestro tiempo, que evoluciona así como evoluciona la criminalidad”

  • “Se abandona la intervención de la comunicación telefónica y de otro tipo, sin autorización judicial”

El diputado nacional de FORO, Enrique Álvarez Sostres, afirmó hoy que los dos proyectos de modificación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal que presentó esta mañana el Gobierno en el Congreso, “encierran luces y sombras como la introducción del término ´investigados´ en lugar de ´imputados´, o bien la indeterminación de la política de plazos, pero es un intento de ajustar el derecho procesal a nuestro tiempo, que evoluciona igual que evoluciona la criminalidad”.

 

Álvarez Sostres consideró que se trata de unos proyectos mejorables: “los ciudadanos aspiran desde hace años a que haya una justicia eficaz, donde sus derechos sean garantizados en plazos razonables”, indicó, pero advirtió que “la evaluación de la realidad procesal indica que no basta solo con modificar la LEC, sino que es absolutamente necesario dotar a los juzgados españoles de los medios materiales, humanos e informáticos para agilizar los procesos judiciales”.

 

Y es que, como señaló el diputado de FORO,  “con nuestra proporción de 11 jueces por cada 100.000 habitantes, estamos muy lejos  de la proporción de 19 jueces de media europea”.

 

Ésta es la intervención de Enrique Álvarez Sostres, hoy en el Pleno del Congreso de los Diputados:

 

“Gracias, señor Presidente. Señorías:

 

Se presentan en esta cámara dos Proyectos de Ley, uno de ley orgánica y otro de ley ordinaria, que modifican sustancialmente la Ley de Enjuiciamiento Criminal para agilizar la justicia penal, fortalecer las garantías procesales del investigado y regular ciertas medidas de investigación tecnológica adaptándolas a los tiempos actuales.

 

Ya anticipo que votaré en contra de las enmiendas a la totalidad. Primero, porque esa ha sido mi actitud constructiva en todas las ocasiones precedentes, pero en segundo lugar, por  considerar que estamos ante una modificación de unas normas vigentes  desde 1882, lo que refleja una consistencia jurídica muy alta, al mismo tiempo que se demanda socialmente una  adaptación al paso del tiempo y a nuestras circunstancias que sí han cambiado, lo que no implica aceptación sin más del proyecto presentado, al que siempre se pueden presentar las enmiendas correspondientes para mejorar el texto presentado. Porque creo que si se dejan tal como están, los proyectos no van a servir para agilizar la justicia penal, y si lo consigue es a cambio de dejarse por el camino importantes y decisivos principios inspiradores del procedimiento penal y garantista.

 

Se regulan unas instrucciones más cortas, aunque puede haber una prórroga de año y medio en causas complejas, pero la norma, pasados esos plazos que de por si rompen el objetivo de agilidad, nos lleva a un limbo indeterminado con el genérico  “razones que lo justifiquen”, que tiende a crear la posibilidad de arbitrariedad  en las garantías procesales.

 

Quiero también referirme al denominado proceso por aceptación de decreto. Quizás sea la medida más insatisfactoria que se introduce al ser la más innovadora, pero se ciñe  a delitos que tengan aparejada tan solo penas de multa o privación del derecho a conducir vehículos de motor y ciclomotores. Y estos supuestos son un abanico muy pequeño de la cantidad de tipos penales que tenemos en el Código Penal. En cambio, me parece bien resuelta  la instauración de la doble instancia penal en el 846, por el que cristaliza una larga reivindicación para evitar la dificultosa casación.

 

No cabe duda que los ciudadanos aspiran desde hace años a que haya una justicia eficaz, donde sus derechos sean garantizados en plazos razonables, pero la evaluación de la realidad procesal nos indica que no basta sólo con modificar la LEC, sino que es absolutamente necesario  dotar a los juzgados españoles de los medios materiales, humanos e informáticos para agilizar los procesos judiciales. Con nuestra proporción de 11 jueces cada 100.000 habitantes, estamos muy lejos  de la proporción de 19 jueces de media europea.

 

Gran parte de la reforma viene determinada por la regulación de las comunicaciones telefónicas o de otro tipo, abandonando la idea de intervenir las comunicaciones sin autorización judicial, que como han dicho en su dictamen el Consejo General del Poder judicial y el Consejo Fiscal, son de dudoso encaje constitucional, en lo que afecta a los derechos reconocidos en el art 18 de la Constitución.

 

En suma, luces y sombras en una reforma, sin abordar la definitiva elaboración de una ley procesal que se ajuste a nuestro tiempo y dé respuesta a una criminalidad que sí evoluciona y a una dotación de recursos acorde con el volumen de instrucciones”.


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