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21/01/2015

Campo: “El Gobierno de Javier Fernández endurece las condiciones de los acotamientos al pastoreo en caso de incendio en perjuicio de los ganaderos”

  • “En lugar de cumplir las resoluciones de la Junta General y modificar la ley de montes, el PSOE ha optado por endurecer las condiciones de aplicación de los acotamientos”

  • “La arbitrariedad socialista provoca plazos de cómputo diferentes, más rígidos en unos acotamientos que en otros”

El portavoz de Agroganadería de FORO en la Junta General del Principado, Juan Ramón Campo, ha manifestado hoy que “el Gobierno de Javier Fernández endurece las condiciones de los acotamientos al pastoreo en caso de incendio en perjuicio de los ganaderos”.


Campo afirma que “el plazo de un año establecido en el artículo 66 de la Ley 3/2004, de 23 de noviembre, de Montes y Ordenación Forestal, para poder instar la revisión de los acotamientos en función del estado de regeneración del terreno, está siendo computado por este Gobierno desde la fecha en que se publica en el BOPA la resolución que acota, en lugar de hacerlo desde el momento en que se produce el incendio”.
El portavoz recrimina el hecho de que “se acote por un periodo de tiempo desde el día en que se produjo el incendio, y sin embargo, para instar la revisión del acotamiento se compute desde el día en que se publica la resolución que acota en el BOPA”, y objeta que “el proceso de recuperación biológica, comienza desde el momento del incendio, y al tratarse de un proceso natural, no está condicionado por el hecho de que se publique o no una resolución administrativa”.


Para Campo “se trata de un nuevo episodio de autoritarismo del PSOE, que en lugar de cumplir las resoluciones de la Junta General, y modificar la ley de montes, ha optado por endurecer las condiciones de aplicación de los acotamientos, puesto que ya desde marzo de 2013, y en otras ocasiones posteriores, a instancias de FORO, la Junta General aprobó la modificación de la Ley de Montes asturiana, que resulta sumamente gravosa en cuanto a restricciones y sanciones cuando se trata de determinado tipo de incendios que afectan a montes bajos no arbolados, cuya regeneración, afortunadamente, teniendo en cuenta la profundidad de los suelos y la abundante pluviometría de nuestra región, suele ser bastante favorable”.


Juan Ramón Campo sostiene que “aún más grave resulta el hecho de que la arbitrariedad socialista provoque plazos de cómputo diferentes, más rígidos en unos acotamientos que en otros, y así mientras en gran número de acotamientos el plazo de un año establecido en la Ley y en la resolución que los impone, para poder instar su revisión, se computa desde la publicación en el BOPA de la resolución definitiva de acotamiento, en algunos casos concretos, este plazo se computa, como parece ser más lógico, desde el momento y fecha en que se produjo el incendio”, y como ejemplo de este último caso, cita “el publicado en el Boletín Nº 268 del miércoles 19 de noviembre de 2014 relativo a Resolución de 30 de octubre de 2014, de la Consejería de Agroganadería y Recursos Autóctonos, por la que se acota al pastoreo el monte ‘de Ayuntamiento de Cadamo y otros, pueblo La Mafalla-El Romio’, del concejo de Candamo. Expte. AI-138/2014, en cuyo texto se preceptúa ‘el acotamiento podrá revisarse total o parcialmente una vez transcurrido un año desde la fecha del incendio’”.


Campo afirma que “se trata de un descontrol sin precedentes que no encuentra justificación, sobre todo al tratarse de resoluciones publicadas incluso el mismo día en el BOPA, con contenidos claramente discriminatorios, por ejemplo el BOPA correspondiente al día del ejemplo expuesto, en el cual, de un total de nueve resoluciones de acotamientos publicadas, tan solo en la utilizada como ejemplo se computa el año para instar la revisión del acotamiento desde la fecha del incendio, mientras que en los demás, se fija la fecha de publicación de la resolución, todo ello”, afirma Campo, “para ocultar la incompetencia, la no modificación del sistema establecido aprobado por la Junta General, y los largos periodos de tiempo que trascurren en muchas ocasiones entre la fecha real de producción del incendio y el momento en que la Consejería publica la resolución de acotamiento, trasladando así a los ganaderos la incompetencia de la administración socialista”.

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