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08/11/2014

Oblanca: “El gobierno de Rajoy tiene la obligación de reintegrar a los transportistas todo el dinero ilegalmente recaudado con cargo al 'céntimo sanitario'”

  • FORO presenta iniciativas en la Junta General del Principado y en las Cortes Generales exigiendo el cumplimiento inmediato de la sentencia europea que, en Febrero, declaró ilegal el cobro del “céntimo sanitario”

  • FORO fue el único partido que en las Elecciones Generales de 2011 se comprometió en su Programa Electoral a la eliminación del “céntimo sanitario”

 El senador de FORO, Isidro Martínez Oblanca, ha presentado el pasado martes 4 de noviembre, ante el registro de la Cámara Alta una iniciativa relativa a la devolución a los transportistas del denominado “céntimo sanitario”. Para Oblanca “el gobierno de Rajoy tiene la obligación de reintegrar a los transportistas todo el dinero indebidamente recaudado, tal y como determinaron en Febrero de 2014 los Tribunales de Justicia de la Unión Europea  por sentencia que declara contrario a la ley el cobro de un recargo aplicado en España entre los años 2002 y 2012”.

“Asturias fue una de las Comunidades Autónomas en las que se aplicó este impuesto y el Ministerio de Hacienda ya debería haberlo reintegrado a los perjudicados por su aplicación ilegal”, señaló el senador de FORO para el que “resulta inexplicable que el gobierno de Rajoy haya modificado en varias ocasiones los formularios para solicitar el reintegro del ‘céntimo sanitario’ e incluso trate de escatimar las cantidades adeudadas limitándolas al tramo autonómico del impuesto ilegal cuando también el Gobierno del Estado percibió cuantiosos recursos de forma indebida”.

Oblanca, al igual que otros miembros de FORO, ha mantenido reuniones con diferentes representantes de asociaciones de transportistas tanto asturianas como nacionales.

FORO fue el único partido que en las Elecciones Generales de 2011 se comprometió en su Programa Electoral a la eliminación del “céntimo sanitario”. En concreto, en el Capítulo 1.4 POLÍTICA FISCAL del Programa de FORO “Más Asturias, mejor España”, se señala lo siguiente:

La eliminación del céntimo sanitario. Dado que los ingresos públicos financian con carácter general el gasto público, el céntimo sanitario es una fuente de financiación general del gasto público, al no estar afectado por ley al gasto sanitario. Por tanto, los usuarios del transporte no deben soportar un coste adicional perverso para la actividad económica de los transportistas, sector que queda así discriminado de forma injustificada, por lo que proponemos la supresión del céntimo sanitario. Los costes sanitarios hay que afrontarlos estableciendo un control rígido de los mismos e introduciendo la modalidad del “sistema dinámico de contratación” para todo tipo de suministros sanitarios, coordinando todos los centros hospitalarios autonómicos a través de un “central de compras de medicamentos y productos sanitarios”. La concurrencia electrónica de los proveedores generará un ahorro en el gasto sanitario mucho mayor que el obtenido con la recaudación del céntimo sanitario.

 

Texto de la iniciativa presentada por FORO en el Senado que, en el mismo sentido, hemos registrado en la Junta General del Principado:

 

Desde que en febrero de 2014 se conociera la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea que dictaminó como contrario a Derecho el Impuesto sobre las ventas minoristas de determinados hidrocarburos, el denominado “céntimo sanitario”, ya han sido varias las sentencias de Tribunales españoles reconociendo el cobro indebido de un impuesto que estuvo en vigor en nuestro ordenamiento entre el 1 de enero de 2002 y el 31 de diciembre de 2012, y que gravaba en fase única las ventas minoristas de determinados hidrocarburos, básicamente las gasolinas, el gasóleo, el fuelóleo y el queroseno no utilizado como combustible de calefacción.

El impuesto, declarado ilegal, constaba de un tipo de gravamen estatal y de uno autonómico facultativo. A lo largo de la pervivencia del impuesto, trece Comunidades Autónomas aprobaron tipos autonómicos, siendo por tanto el aplicable la suma del estatal y del autonómico.

En cuanto a la gestión de este impuesto, la normativa preveía que se hiciera por parte de las Comunidades Autónomas por delegación del Estado, pero como ninguna de ellas instó el traspaso de los servicios adscritos a dicho tributo, ha sido la Agencia Estatal de la Administración Tributaria quien ha gestionado el impuesto durante su vigencia en el ámbito de las Comunidades de régimen común.

El sector del transporte, se vio afectado de forma injustificada por este impuesto, cuyos ingresos -en teoría- se han destinado a fines sanitarios y medioambientales, lo que ha conllevado la discriminación de esta actividad económica frente a otras, en la medida en que los usuarios de transporte no tienen finalmente por qué soportar un coste adicional que resulta perverso.

Por lo que se refiere a la recaudación, cabe señalar que el “céntimo sanitario” ha supuesto para las arcas públicas españolas, unos ingresos aproximados de trece mil millones de euros, por lo que en cumplimento de la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, corresponde al Gobierno de España la devolución de este recargo desde el órgano competente.

Por todo lo expuesto, la Comisión de Hacienda y Administraciones Públicas del Senado insta al Gobierno a:

 

1.- El reintegro -tanto del tramo estatal como del tramo autonómico- de las cantidades indebidamente cobradas por la aplicación ilegal del denominado “céntimo sanitario”  que ya han sido solicitadas por los perjudicados a través de los formularios establecidos por el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas tras la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea que declaró este impuesto contrario a Derecho.

2.- Abrir un nuevo plazo para que, en su caso, puedan solicitar el reintegro del “céntimo sanitario” todos aquellos transportistas, empresas y particulares que aún no hayan iniciado o completado la correspondiente solicitud debido a los diversos cambios de criterio y diferentes formularios utilizados por el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas a través de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria.


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