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16/06/2014
Coto: “Traer a la Junta General una Ley de Buen Gobierno para Asturias, la Comunidad Autónoma peor gobernada de España, es otra operación de maquillaje de Javier Fernández”
  • “Esta Ley viene a la Cámara porque así lo exige una Ley Estatal de Transparencia, y de hecho su pobre contenido evidencia la ausencia de un compromiso político real”

  • “El Buen Gobierno se ejerce, es tomar decisiones, llevarlas a la práctica y que ello redunde en beneficio del ciudadano”

  • “Y en cuanto a los aspectos relacionados con la ética: la transparencia no la regulan, sus obligaciones para con este Parlamento no las cumplen, y enumeran ustedes un conjunto de principios de conducta cuya  mera escritura no sirve de nada si los gobernantes no los interiorizan”

Fijación de posición de la portavoz de FORO en la Junta General, Cristina Coto, en las comparecencias informativas acerca del Proyecto de Ley del Principado de Asturias de buen gobierno e incompatibilidades de altos cargos.

 

“Gracias Presidente:

Esta mañana los expertos que han comparecido han considerado esta Ley simbólica, poco efectiva, confusa, oscura, y la parte relativa al Buen Gobierno un mero apéndice.

Mi grupo parlamentario entiende que se debiera haber regulado en una sola Ley las incompatibilidades, la transparencia, -con todo lo relativo al acceso a la información- y el buen gobierno, porque todo está relacionado; algún compareciente lo ha dicho; y de hecho es cierto que se hacen muchas referencias en el conjunto de la Ley a la transparencia cuando justamente la voluntad del Gobierno ha sido separar estas cuestiones. 

Y aunque pueda parecerlo no es este un tema menor, porque donde ya estamos ante una Ley inconsistente, las referencias a futuras teóricas leyes la dota de más inconsistencia. Incluso la justificación que dan en la resolución de la Consejería de 24 de septiembre es de lo mas incomprensible. Alegan que han separado las materias ‘por la importancia de destacar la institución de Buen Gobierno, con un ámbito de aplicación en la Ley más extenso que el de transparencia’. No es una cuestión de tamaño, por cierto escaso, sino que parecen ustedes diferenciar Buen Gobierno de Transparencia, cuando lo segundo es parte inseparable de lo primero.

La realidad es que esta Ley viene a la Cámara porque así lo exige una Ley Estatal, la 19/2013, tal y como les advierte la secretaria general técnica de la Consejería de Economía, y de hecho su pobre y sobre todo opaco contenido evidencia la ausencia de un compromiso político real.

Por que la pregunta es: qué es el Buen Gobierno: en primer lugar es algo se ejerce y que resulta muy difícil de escribir, la prueba es esta Ley, porque es tomar decisiones, llevarlas a la práctica y que ello redunde en beneficio del ciudadano. Esto no se esta produciendo en Asturias, basta con echar un vistazo a los indicadores oficiales en materia de crecimiento e inversión publica, empleo, tasa de actividad.

Por eso traer a la Junta General una Ley de Buen Gobierno para Asturias, la Comunidad Autónoma peor gobernada de España, es otra operación de maquillaje de Javier Fernández.

Porque hay más partes del Buen Gobierno, las relacionadas con la ética: la transparencia no la regulan, sus obligaciones para con este Parlamento no las cumplen, y sí enumeran ustedes un conjunto de principios de conducta cuya  mera escritura no sirve de nada si los gobernantes no los interiorizan. Integridad, ejemplaridad, liderazgo… todo el artículo 4 ¿Cómo no estar de acuerdo con esto? ¿Pero cómo se aplica? ¿Quién decide si una conducta es integra o no? O aun mas difícil ¿Quién decide si uno es accesible o no a la ciudadanía? ¿El órgano del artículo 3, que ni es independiente –‘adscrito a la consejería competente’- ni es externo?

Poco han añadido ustedes a la Ley 19/13 o a la 4/95 de incompatibilidades de altos cargos.

Si nos preocupa y mucho la mezcla que hacen de responsabilidades administrativas y políticas; concretamente ustedes estas últimas las han rechazado siempre, ahí esta la Comisión Marea y en curso aún la relativa a la gestión del Niemeyer. Y en cuanto a los principios de conducta, si un cargo no los cumple se le cesa o esta Junta General, caso del presidente del Gobierno, le presenta una moción de censura. Nada de esto compete a ese órgano que van a crear: dependiente y no externo, de hecho adscrito a una Consejería.

La Ley generara por su indeterminación problemas de aplicación y peor, subjetividad.  ¿Quién va a decidir y en base a qué si un traspaso de poderes se hizo bien? ¿O se va a utilizar como arma arrojadiza?

Por eso si bien esta ley puede ser oportuna, si no se corrigen sus defectos será solo oportunista.

Gracias”.

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