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18/01/2014
Llavona: “La Defensora del Pueblo, como defensora de los derechos fundamentales y supervisora de la actuación de la Administración, debe emprender las acciones pertinentes ante el Ayuntamiento para que se ponga fin a la situación irregular creada por los dos tránsfugas que protege el alcalde de Oviedo”
  • “El Ayuntamiento está premiando a los tránsfugas y perjudicando al Grupo Municipal de FORO, al tiempo  que favorece, sin justificación alguna, al Grupo Municipal Socialista con la atribución del local cuyo desalojo se ordena”

  • “También debe instar al órgano legislativo competente la necesidad de modificar la actual regulación del transfuguismo político prevista en las Leyes del Régimen Electoral General y de Bases del Régimen Local, y en las restantes normas de derecho local que es insuficiente y da pie a que se produzcan situaciones tan perjudiciales como la de Oviedo”

 El portavoz de FORO en el Ayuntamiento de Oviedo, Andrés Llavona, ha hecho pública hoy la queja presentada por FORO, como partido, y por el Grupo Municipal de FORO a la Defensora  del Pueblo, y ha manifestado que “la Defensora del Pueblo, como defensora de los derechos fundamentales y supervisora de la actuación de la Administración, debe emprender las acciones pertinentes ante el Ayuntamiento para que se ponga fin a la situación irregular creada por los dos tránsfugas que protege el alcalde de Oviedo. El Ayuntamiento está premiando a los tránsfugas y perjudicando al Grupo Municipal de FORO, al tiempo que favorece, sin justificación alguna, al Grupo Municipal Socialista con la atribución del local cuyo desalojo se ordena”.

Llavona añadió que “en la queja presentada, la Defensora del Pueblo también debe instar al órgano legislativo competente la necesidad de modificar la actual regulación del transfuguismo político prevista en las Leyes del Régimen Electoral General y de Bases del Régimen Local, y en las restantes normas de derecho local que es insuficiente y da pie a que se produzcan situaciones tan perjudiciales como la de Oviedo”.

El texto completo del escrito de queja dirigido a la Defensora del Pueblo está firmado por los cinco concejales del Grupo Municipal y por la Secretaria General de FORO, y su contenido completo es el siguiente


QUEJA A LA DEFENSORA DEL PUEBLO

1.- Que, el pasado 31 de octubre de 2013, fue adoptado por el Pleno del Ayuntamiento de Oviedo un Acuerdo por el cual se concedió a dos Concejales no adscritos, que han abandonado el día 3 de octubre de 2013 el Grupo Municipal de FAC, una asignación equivalente al componente variable previsto para los Grupos políticos. Se adjunta como documento núm. 1 copia del referido Acuerdo.

2.- Que, con fecha 13 de noviembre de 2013, fue adoptada por el Concejal de Gobierno de Gestión de Patrimonio una Resolución por la cual se ordenó al Grupo Municipal de Foro Asturias el desalojo del local que hasta la fecha venía ocupando para el desempeño de su actividad, al entender que había dejado de ser el principal Grupo de la oposición. Se adjunta como documento núm. 2, copia de la mentada Resolución.

3.- Que, estimando que dicho comportamiento de la Corporación es contrario al art. 103.1 de la Constitución y vulnerador de los derechos fundamentales de los miembros del Grupo Municipal de Foro Asturias, con arreglo a lo dispuesto en los artículos 9 y 10 de la Ley Orgánica 3/1981, de 6 de abril del Defensor del Pueblo, venimos a plantear queja ante V.E., todo ello sobre la base de las siguientes

ALEGACIONES

Primera.- Con fecha 3 de octubre de 2013, dos de los concejales que habían sido elegidos por Foro Asturias en las pasadas elecciones, D. José Antonio Donate Suárez y D. Pedro Manuel Fernández Ruiz, han adoptado a título personal, sin ninguna razón de carácter político o índole representativa, la decisión de abandonar el Grupo Municipal de Foro Asturias para pasar a considerarse concejales no adscritos, reduciendo a cinco concejales el Grupo Municipal, en detrimento de la voluntad expresada por los ciudadanos en las urnas y, en consecuencia, en perjuicio del derecho garantizado a todos los ciudadanos con rango de derecho fundamental por el artículo 23.1 de la Constitución (CE) a participar en los asuntos públicos, directamente o por medio de representantes, libremente elegidos en elecciones periódicas por sufragio.

Segunda.- Que, estos concejales no adscritos, por el Acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de Oviedo de 31 de octubre de 2013 al que antes hemos hecho referencia, han recibido unas retribuciones que en modo alguno les corresponden. Se trata de las retribuciones económicas correspondientes a los Grupos políticos en su componente variable por miembro, previstas, como decimos, expresamente para los Grupos políticos, sin que la legislación básica de régimen local ampare tal asignación a los miembros no adscritos, quienes han dejado de pertenecer al grupo de procedencia.

En este sentido, se hace preciso advertir que en la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local (LBRL) sólo contamos con un único artículo que se refiere, mínimamente, al régimen de los concejales no adscritos: el artículo 73.3, párrafo tercero de la LBRL. Este precepto dispone que << los derechos económicos y políticos de los miembros no adscritos no podrán ser superiores a los que les hubiesen correspondido de permanecer en el Grupo de procedencia, y se ejercerán en la forma que determine el reglamento orgánico de la Corporación. >> Acudiendo, como dispone la norma, a la regulación propia de la Corporación, observamos que en el Reglamento Orgánico del Ayuntamiento de Oviedo, se regula el régimen de estos Concejales no adscritos, en su artículo 24, apartado 4, en idéntico sentido a la LBRL, estableciendo que: << Los derechos económicos y políticos de los miembros no adscritos no podrán ser superiores a los que les hubiesen correspondido de permanecer en el Grupo de procedencia >> y, a su vez, el Pleno Orgánico celebrado el 11 de julio de 201, que menciona el Acuerdo de 31 de octubre de 2013 a que nos referimos, dispuso que esas cantidades variables asignadas a los Grupos políticos no pueden destinarse a otros pagos como retribuciones de personal de cualquier tipo o adquisición de bienes que puedan constituir un activo patrimonial.

Así pues, como podemos comprobar, escasa es la regulación jurídica de esta figura y escasa es también la jurisprudencia al respecto[1], a pesar de la frecuencia con la que se producen en los Ayuntamientos estos fenómenos políticos de todo punto reprochables y tan perjudiciales para la gobernabilidad de los municipios.

Con todo, a nuestro juicio, tal y como está previsto en el (exiguo) régimen jurídico de los concejales no adscritos, D. José Antonio Donate Suárez y D. Pedro Manuel Fernández Ruiz, no pueden percibir las asignaciones que están previstas para los Grupos políticos, pues, entendemos que el verdadero sentido del artículo 73.3 LBRL, introducido por la Ley 57/2003, de 16 de diciembre, de medidas para la modernización del gobierno local como plasmación en la LBRL de los criterios contenidos en el “Pacto Antitransfuguismo[2], ha sido evitar que los tránsfugas perciban, además de sus dietas o retribuciones en virtud del ejercicio individual de su cargo, la parte de asignación que les habría correspondido dentro del Grupo al que ya no pertenecen.

 

En este sentido, resulta necesario traer a colación el relevante Voto particular emitido por el Magistrado del Tribunal Constitucional, Excmo. Sr. D. Luis Ignacio Ortega Álvarez, en la Sentencia núm. 9/2012, de 18 enero (RTC 2012\9) artículo 73.3, párrafo tercero de la LBRL, quien haciendo un examen sobre la figura del “no adscrito” en nuestro Ordenamiento jurídico, argumentó lo siguiente:

 

«Así, es claro que el precepto modifica la posición del concejal, en cuanto que, al ser calificado legalmente como no adscrito, deja de ser miembro de un grupo político de los que integran la corporación con la consiguiente pérdida de facultades o beneficios vinculados a la previa pertenencia a un concreto grupo político pero, al no afectar al núcleo de las funciones representativas del concejal, no priva al representante de las facultades inherentes a su cargo. Limitación que, en cuanto relativa a la pertenencia al grupo político, lo que impide es que los concejales no adscritos puedan percibir o beneficiarse de los recursos económicos y materiales puestos a disposición de los grupos políticos de la corporación [ASÍ, lo dispuesto en el propio art. 73.3, segundo párrafo, LBRL; arts. 27 y 28 del reglamento de organización, funcionamiento y régimen jurídico de las entidades locales o, en el mismo sentido que los citados, art. 135.3 de la Ley de las Cortes Valencianas 8/2010] y que, por otro lado, tampoco puedan ejercer o intervenir en las actividades que, conforme a la propia legislación de régimen local, se canalizan a través de dichos grupos (…)

Por todo ello, consideramos que este Acuerdo adoptado por el Pleno es contrario al artículo 73.3, párrafo tercero de la LBRL y que esta cantidad asignada al Grupo político para el ejercicio de su actividad no puede ser trasladada a los concejales tránsfugas para retribuir su actividad individual, pues ello supone, como decimos, una evidente mejora de su situación, habida cuenta de que, para esas retribuciones individuales por su dedicación o por el desempeño de sus funciones individuales, ya está previsto el artículo 75 de la LBRL, y de que la finalidad del artículo 73.3, párrafo tercero de la LBRL es evitar precisamente que se sumen a esas asignaciones (las del art. 75 de la LBRL) las que les corresponderían como miembros de un Grupo político (art. 73.3 de la LBRL) al que no pueden pertenecer por disposición legal.

Por último, es preciso mencionar que por este motivo fue interpuesto un recurso de reposición frente al Acuerdo y que incluso el Secretario General del Ayuntamiento de Oviedo ha informado favorablemente sobre la anulación del mismo, puesto que, a su juicio, atribuye a estos concejales no adscritos una asignación no prevista en la LBRL, y ello excede el marco legal para el ejercicio de la potestad de autoorganización municipal. Se adjunta, como documento núm. 3, dicho Informe jurídico del Secretario General del Ayuntamiento de Oviedo.

Tercera.- A lo anterior, cabe añadir que el mismo Ayuntamiento que favoreció a los tránsfugas con las anteriores atribuciones, recientemente adoptó la decisión de despojar al Grupo municipal de Foro Asturias -el principal perjudicado por el abandono de estos dos miembros- del local que hasta la fecha venía ocupando para el desempeño de sus actividades. La justificación de dicho acuerdo –carente, a nuestro juicio, del más mínimo sustento jurídico- fue considerar que Foro Asturias, tras el abandono de estos dos miembros del Grupo político, dejó de ostentar la condición de primer grupo de la oposición, algo que, consideramos incierto e incoherente con el resultado en las pasadas elecciones municipales.  Por ello, se ha interpuesto por los que suscriben, el oportuno recurso de reposición frente a dicha Resolución que se encuentra aún pendiente de resolución.

En este sentido, es de todo punto preciso tener en cuenta que el régimen de asignación de locales a los Grupos políticos viene regulada en el Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales (ROF) en los artículos 27 y 28, imponiendo el artículo 27 (el cual dispone que:  <<en la medida de las posibilidades funcionales de la organización administrativa de la entidad local, los diversos grupos políticos dispondrán en la sede de la misma de un despacho o local para reunirse de manera independiente y recibir visitas de ciudadanos, y el Presidente o el miembro de la Corporación responsable del área de régimen interior pondrá a su disposición una infraestructura mínima de medios materiales y personales>>) una verdadera obligación de la Corporación de poner a disposición de los Grupos municipales locales para el ejercicio de su actividad, si existe disponibilidad para ello en el Ayuntamiento. Así lo ha reconocido la jurisprudencia[3].

Por tanto, teniendo efectivamente el Ayuntamiento de Oviedo disponibilidad de locales a los efectos del artículo 27 del ROF, tiene la obligación de poner a disposición del Grupo Municipal de Foro un local para el ejercicio de su actividad, algo que infringe de todo punto la Resolución de 13 de noviembre de 2013 desde el momento en que se ordena el desalojo del local sin que parezca haber ninguna intención por parte de quienes dirigen esa Corporación de poner otro despacho a disposición del Grupo que suscribe.

Así las cosas, nuevamente nos vemos en la obligación de invocar el “Pacto Antitransfuguismo” -aun siendo conscientes de su escasa aplicación- que expresamente dispone en su regla tercera, apartado d, que «el grupo político perjudicado o disminuido en su composición no deberá sufrir merma institucionalalguna en los medios y asignaciones que como tal grupo le correspondiesen con anterioridad».

Y es que, en realidad, no se puede pasar por alto que los principales perjudicados son los propios miembros del Grupo Municipal abajo firmantes. Por ello, se hace preciso traer a colación el derecho fundamental del artículo 23.2 de la CE. No es un derecho del Grupo político, no. Es un derecho de los representantes a acceder a los cargos públicos en condiciones de igualdad con los requisitos que señalan las leyes y que garantiza, no solo el acceso a tales funciones y cargos públicos sino también el mantenimiento en los mismos sin perturbaciones ilegítimas. No se nos escapa, pues, que este derecho fundamental está, en efecto, viéndose comprometido en el presente caso, pues no hay motivo alguno que justifique tal privación de los medios asignados al Grupo Municipal de Foro para el desempeño de su actividad, máxime, habida cuenta de la naturaleza jurídica y la función de los Grupos como cauce a través del que los representantes de los ciudadanos desarrollan su actuación corporativa. Por ello, el hecho de que se les prive injustificadamente del local que hasta la fecha venían ocupando para el ejercicio de tales funciones interfiere, ciertamente, en este derecho fundamental de los que suscriben a mantenerse en el cargo público sin perturbaciones ilegítimas (Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de las Islas Canarias, Santa Cruz de Tenerife, Sala de lo Contencioso-Administrativo, de 22 de febrero de 2001, Ponente: Ilmo. Sr. D. Antonio Giralda Brito [JUR\2001\242799]).

Cuarta.- Con todo, no se puede pasar por alto que este comportamiento de la Corporación, lejos de reprender el comportamiento de los tránsfugas, de todo punto reprochable, y de mantener la situación adquirida por el Grupo Municipal de Foro con anterioridad a su abandono por los mismos, premia a los tránsfugas y perjudica al Grupo Municipal afectado debiendo destacarse que, al tiempo se favorece, sin justificación alguna, al Grupo Municipal Socialista con la atribución del local cuyo desalojo se ordena (a pesar de que ya dispone de un local a tal fin, a pesar de que este Grupo no ostenta, el mismo nivel de representación política que el de Foro Asturias y a pesar de que no existe ninguna diferencia en cuanto al número de miembros que integran ambos Grupos que justifique la atribución de dos locales al Grupo Municipal Socialista y ninguno al Grupo Municipal de Foro). Por eso, nos encontramos, a juicio de los que suscriben, ante comportamiento del Ayuntamiento totalmente arbitrario e injusto, que contraviene los artículos 9.3 y 103.1 de la CE y vulnera el derecho fundamental de los representantes miembros del Grupo Municipal de Foro Asturias recogidos en art. 23.2 de la CE, a ser mantenidos en sus cargos públicos sin perturbaciones ilegítimas.

Por todo lo hasta ahora argumentado, se viene a plantear la presente queja al Defensor del Pueblo, a fin de que por éste, en su labor de defensor de los derechos fundamentales y supervisor de la actuación de la Administración, emprenda las acciones pertinentes para que se ponga fin a esta actuación sugiriendo, de una parte, al Ayuntamiento de Oviedo la modificación de los criterios utilizados para la producción de los Acuerdos que han llevado a esta situación y, de otra parte, al órgano legislativo competente la necesidad de modificar la actual regulación del transfuguismo político prevista en la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General (LOREG), en la LBRL y en las restantes normas de derecho local que, como se ha expuesto anteriormente, es evidentemente insuficiente y puede dar pie a que se produzcan situaciones tan perjudiciales como la presente, en las que aquellos miembros que no se representan más que a sí mismos tengan un trato más favorable que aquellos que, al contrario, siguen en la Corporación representando a muchísimos ciudadanos, en perjuicio de los derechos fundamentales contenidos en los art. 23.1 y 23.2 de nuestra Constitución.

En su virtud, a V.E. SUPLICAMOS

Que, teniendo por presentado este escrito, con los documentos que lo acompañan, se sirva admitirlo, tenga por formulada queja frente a los referidos Acuerdos adoptados en el Ayuntamiento de Oviedo, de fechas 31 de octubre y 13 de noviembre de 2013 y, previos los trámites legalmente oportunos, estimando las anteriores alegaciones y la presente queja, dicte una resolución por la que acuerde:

a)    Adoptar las medidas oportunas en punto a que por el Ayuntamiento de Oviedo se proceda a la modificación de los criterios utilizados para la producción de tales Acuerdos, de modo que se disponga su eliminación del Ordenamiento jurídico y se evite su reiteración.

 

b)    Sugerir al órgano legislativo competente la necesidad de modificar la actual regulación del transfuguismo político en la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General, en la LBRL y en las restantes normas de derecho local para evitar que se produzcan situaciones injustas o perjudiciales para los ciudadanos y para los representantes que permanecen en el Grupo afectado por el transfuguismo, contrarias a los derechos fundamentales garantizados por el art. 23 de la Constitución.



[1] No obstante, existen diversos pronunciamientos que acogen la imposibilidad de asignar a un “no adscrito” una cantidad prevista para los grupos. Baste citar la STSJ de Cantabria, Sala de lo Contencioso-Administrativo, de fecha 20 de abril de 2007 (JUR 2007\233833) o de la STSJ de Madrid, Sala de lo Contencioso-Administrativo, de 21 de junio de 2007 (JUR 2009\455100). Y, aun tratándose de jurisprudencia menor, referirnos a la Sentencia de 10 de abril de 2013, del JC-A nº 3 de Oviedo, confirmada por el TSJ de Asturias, en la que se argumentó lo siguiente: «las restricciones que impone el art. 73.3, párrafo 3º de la LBRL debe ser interpretada de acuerdo con el sentido y alcance del precepto en el que se integra, y así el citado precepto se refiere a los “grupos políticos”, hasta el punto que el párrafo segundo se refiere a las retribuciones del grupo, sin que las mismas puedan ser destinadas en ningún caso al pago de remuneraciones personales. Por tanto, cuando el párrafo tercero se refiere a los miembros no adscritos, limitando sus derechos políticos y económicos, debe interpretarse en el sentido de derechos políticos y económicos que eventualmente pudieran corresponderles si pertenecieran a un grupo y referidos al citado grupo (…).»

 

[2] Dicho Acuerdo, en su redacción actual, dispone al respecto en su regla tercera, que: <<d) En cuanto a las asignaciones, medios económicos y materiales que se conceden a los Grupos Políticos, en modo alguno son reconocibles en favor del Concejal no adscrito; toda asignación por concepto de Grupo Político no es aplicable bajo ningún concepto al Concejal tránsfuga no adscrito, ni en su importe fijo, ni en su componente variable por razón del número de Concejales. >>

 

[3] Entre otras, conviene citar la STS, Sala de lo Contencioso-Administrativo, de 19 de diciembre de 2001, (RJ\2002\933), la STSJ de Castilla y León, Sala de lo Contencioso-Administrativo, de fecha 8 de abril de 2006, (RJCA\2006\546), , la STSJ de las Islas Canarias, Santa Cruz de Tenerife, Sala de lo Contencioso-Administrativo, de 22 de febrero de 2001, (JUR\2001\242799) y la STSJ de Andalucía, Granada, Sala de lo Contencioso-Administrativo, de 30 de noviembre de 1998, (RJCA\1998\4482).

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