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04/10/2013
Alonso: “Instamos al Consejo de Gobierno a que inicien ya, con urgencia, el procedimiento legal que proceda en derecho contra el acuerdo adoptado en el Consejo de Política Fiscal y Financiera sobre el reparto desigual del porcentaje de déficit entre las Comunidades Autónomas en 2013”
  • “Asturias pierde 53 millones de euros con respecto a la media española, y por poner un ejemplo, 200 respecto a la Comunidad Valenciana”

  • “El Principado se ha perdido 52,8 millones de euros en inversión productiva que hubiera permitido detener la sangría del paro y proyectar un efecto positivo sobre el empleo”

Intervención de la diputada del Grupo Parlamentario FORO Asturias, Teresa Alonso, en la presentación de la Proposición no de Ley sobre el inicio de procedimiento legal contra el acuerdo adoptado en el seno del Consejo de Política Fiscal y Financiera sobre el reparto desigual del porcentaje de déficit entre las Comunidades Autónomas en 2013:

            “Presidente, Señorías:

Quiero subrayar que mi grupo parlamentario registró esta iniciativa el pasado 7 de agosto, Señorías, repito, el 7 de agosto. Lo hizo de manera inmediata a tener conocimiento de lo sucedido en el CPFF de 31 de julio, y con el fin de que el Gobierno de Asturias actuase con la misma inmediatez.

Y ello porque en aquella reunión, el Consejo de Política Fiscal y Financiera, aprobó, con gravísimo daño a Asturias, fijar un objetivo de estabilidad presupuestaria y de deuda pública ‘a la carta’, lo que implica grandes diferencias entre las Comunidades Autónomas del Estado para 2013, así como para el periodo 2014-2016, como consecuencia de la nueva senda de estabilidad fijada  para  España  por la Unión Europea.

El acuerdo, adoptado bajo la excusa del cumplimiento del objetivo establecido para el conjunto de España, un volumen de déficit del 6,5%, del que el Gobierno asignó el 1,3% para las CCAA, fija por primera vez porcentajes diferenciados del déficit para cada una de las Comunidades Autónomas, de forma tal que aquellas que han cerrado el año 2012 con un déficit sobre el PIB regional superior al autorizado se ven premiadas al disponer para el año 2013 de mayores capacidades de endeudamiento. En este sentido, como también es conocido, Valencia tendrán un objetivo del 1,6%, Murcia 1,59%, Andalucía 1,58%, Cataluña 1,58% y Baleares 1,47%, mientras que Asturias se queda con un 1,06%.

Y esto, esta clara discriminación a Asturias es, por supuesto, un agravio más del Gobierno de Rajoy, pero al que ustedes, los socialistas, han contribuido enormemente: y ello desde el momento en que se empeñaron en ser los campeones del déficit; no sé si esperando un premio de Rajoy. Así, para ser más cumplidores que nadie, el Gobierno de Asturias quedó en 2012 por debajo del 1,50% de déficit permitido, la tasa más baja de toda España, detrás únicamente de Extremadura.

¿Por qué? Nadie lo sabe. Pero con semejante comportamiento no solo castigaron ustedes a los asturianos dejando de gastar dinero en un tiempo en que las necesidades son gigantescas, sino que como fruto de ese ansia de transformarse en una entidad de ahorro, el premio de Rajoy ha sido la condena de que repitan ustedes en 2013 el mismo déficit que se empeñaron en alcanzar en 2012.

Los argumentos, y me refiero al soporte jurídico, contra este reparto discrecional del déficit de las CC.AA son variados:

De entrada, va contra toda equidad y contraviene el principio de “interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos establecido en el artículo 9.3 de la Constitución, y que significa, como saben, que las autoridades no pueden tomar decisiones arbitrarias, entendiéndose por tales fundamentalmente, aquellas que supongan una infracción del principio de igualdad de trato de los administrados ante la aplicación de la ley y las reglas objetivamente determinadas. En este caso la discriminación hacia Asturias es obvia, y si hay discriminación no hay igualdad.

Y es que un acto se revela arbitrario cuando da lugar a desigualdad o se funda en razones discriminatorias en perjuicio evidente y manifiesto de alguno de los destinatarios del acto. La jurisprudencia constitucional al respecto es abundante.

No es tolerable y así lo entienden los tribunales, que los poderes públicos sostengan interpretaciones arbitrarias de las normas o resoluciones abiertamente discriminatorias.

Por otro lado, esta propuesta de objetivos individuales de estabilidad para cada una de las Comunidades Autónomas tampoco es coherente con la Ley Orgánica 2/2012 de 27 de abril  de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, y con el artículo 135 de la Constitución en la medida en que permite que aquellas que disponen de altos niveles de endeudamiento, fruto de políticas expansivas de gasto público, avancen en la misma senda, mientras que al resto de Comunidades Autónomas, el Gobierno de España les castiga, imponiéndoles un mayor esfuerzo de austeridad al sustraerles discriminatoriamente el volumen de crédito que su endeudamiento permite.

No podemos olvidar que la Ley de Estabilidad establece que las Comunidades Autónomas en 2020 han de tener como máximo una cifra de deuda del 13% de su PIB regional, y es muy difícil pensar que con la situación económica actual aquellas cuyas cuentas presentan niveles de endeudamiento próximos al 30% del PIB regional, puedan seguir incrementando su déficit y cumplir al mismo tiempo con el objetivo de deuda exigido para el mencionado año 2020.

Esto supone que queda en papel mojado la salvaguarda de la estabilidad presupuestaria que, como dice la propia exposición de motivos de la mencionada Ley Orgánica, es un instrumento indispensable para garantizar la financiación adecuada del sector público y los servicios públicos de calidad sobre los que descansa el sistema de bienestar, así como para ofrecer seguridad a los inversores respecto a la capacidad de la economía española para crecer y atender nuestros compromisos.

El objetivo de déficit acordado en el Consejo de Política Fiscal y Financiera condicionará muy negativamente las políticas de gasto e inversión en Asturias.

Mi Grupo Parlamentario cuantifica que en el Principado se ha perdido 52,8 millones de euros en inversión productiva que hubiera permitido detener la sangría del paro y proyectar un efecto positivo sobre el empleo. Lo que ganan otras Comunidades Autónomas lo es a costa de perderlo Asturias.

Desde el momento en que se concede a las Comunidades Autónomas incumplidoras en 2012 un mayor margen de endeudamiento para 2013, repito en detrimento de las cumplidoras, se rompe con dos de los principios básicos en los que se fundamenta la propia Ley Orgánica 2/2012:

-El de responsabilidad (artículo 8) y

-El de lealtad institucional (artículo 9),

puesto que un incumplimiento de los objetivos de déficit inicialmente fijados en un año tan solo ayuda a la atribución de un mayor objetivo de déficit el año siguiente, en perjuicio de las Comunidades Autónomas cumplidoras.

Esta inaceptable situación impuesta por mayoría en el Consejo de Política Fiscal y Financiera por el Gobierno de España resulta contraria, además, a la autonomía financiera y al principio de solidaridad recogidos en nuestra Constitución en el artículo 156.1, que se basa en un criterio injusto y de carácter penalizador, como es el incumplimiento del objetivo de déficit por las favorecidas en el reparto y el cumplimiento de ese mismo objetivo en las desfavorecidas en el mismo. Esta situación, a mayor abundamiento, se ve agravada por la circunstancia de que las Comunidades Autónomas favorecidas en el reparto, que por tanto han incumplido sus objetivos de déficit, son las Comunidades que han tenido una mejor evolución de PIB, como también hemos indicado, lo que supone adicionalmente una quiebra del principio de solidaridad pues estas Comunidades, con ya de por sí una mayor capacidad de endeudamiento por su mayor PIB y, por ello, para adoptar medidas de estímulo contra la crisis, absorben una mayor capacidad por esta distribución no homogénea en detrimento de las Comunidades con menor renta en una decisión claramente contraria al principio de solidaridad.

Es decir, las Comunidades con un menor PIB ven como su posible capacidad de endeudamiento, con una finalidad de estímulo de la actividad económica a la que hubieran podido optar por su gestión económica, se traslada a las Comunidades que, con mayor PIB y, por tanto, con mayor capacidad de endeudamiento, han venido realizando menores ajustes en los últimos años, actuación que es claramente contraria a la autonomía financiera recogida en el artículo 156 de la Constitución y al principio de solidaridad que ha de inspirar ésta.

Finalmente, en el reparto del déficit entre Comunidades Autónomas, el Gobierno de España abunda en el trato desigual, cuando además, por poner un ejemplo, autoriza a Extremadura una subida del 0,3% en su cifra de déficit para 2013 motivada en los ingresos excepcionales percibidos por la citada Comunidad en el año 2012 y derivados de una sentencia favorable del Tribunal Constitucional relativa al Impuesto sobre los depósitos bancarios.

¿Por qué no se aplico esta excepción a Asturias donde hemos vivido una situación similar tras la Sentencia del Tribunal Supremo de 13 de marzo de 2012? ¿Por qué no se ve acompañada del incremento en el objetivo de déficit que, si el trato no fuera desigual también le correspondería?

Con la adopción del acuerdo del Consejo de Política Fiscal y Financiera mencionado, el Principado de Asturias está doblemente discriminado en el año 2013 en la medida en que lo está respecto a las Comunidades Autónomas incumplidoras en 2012 y también con respecto a la Comunidad Autónoma cumplidora en 2012, Extremadura, que disponen de mayor capacidad de endeudamiento y, por tanto, de inversión pública productiva lo que favorece un mayor crecimiento y fomenta el aumento del empleo para sus ciudadanos.

Por todo ello, termino solicitando de esta Cámara un voto unánime para que los apoyos institucionales se traduzcan en acciones concretas URGENTES para colaborar en la solución del problema derivado del Acuerdo adoptado por el Consejo de Política Fiscal y Financiera del pasado día 31 de julio (consistente en establecer objetivos diferenciados de déficit para cada una de las Comunidades Autónomas) por lo que instamos al Consejo de Gobierno a que inicien ya con urgencia el procedimiento legal que proceda en derecho contra el acuerdo adoptado en el seno del Consejo de Política Fiscal y Financiera sobre el reparto desigual del porcentaje de déficit entre las Comunidades Autónomas en 2013:

1º.- Por estar fundamentado en criterios claramente contrarios al art. 9.3 de la Constitución que proclama la interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos, cuyo resultados resultan discriminatorios para los intereses, entre otras CC.AA. españolas, del Principado de Asturias en términos de inversión pública, de crecimiento y de empleo.

2º.- Por vulnerar nítidamente los principios constitucionales de solidaridad (artículo 156.1 CE) y de autonomía financiera de las Comunidades Autónomas.

3º.- Por resultar infringida la Ley Orgánica 2/2012 de estabilidad presupuestaria en lo preceptuado sobre las obligaciones de responsabilidad (artículo 8) y de lealtad institucional (artículo 9).

Señorías, mi grupo parlamentario siempre será rebelde a éstas inaceptables discriminaciones, y seguiremos combatiendo y reivindicando tantas veces como hagan falta, por defender los intereses de los ciudadanos asturianos máxime en momentos como el actual donde Asturias está sufriendo el mayor desplome en todos los aspectos económicos, gracias al ensañamiento del señor Rajoy y la indolencia del señor Fernández”.

Etiquetas:
PP 

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