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01/04/2013
Coto: “Nuestra exhaustiva propuesta de Reglamento de la Junta General persigue revitalizar la institución”
  • “Es imprescindible que el Presidente del Consejo de Gobierno responda semanalmente ante la oposición”

  • “Las numerosas lagunas del actual Reglamento provocan la demora de la tramitación parlamentaria”

  • “También es necesario profundizar en las funciones del Presidente de la Junta, para que los vacíos no sean interpretados de manera arbitraria”

  • “El mayor detalle en la redacción del Reglamento evitará las interpretaciones interesadas del mismo que se han venido realizando”

La portavoz parlamentaria de FORO, Cristina Coto, ha presentado hoy en rueda de prensa una proposición de ley de modificación del Reglamento de la Junta General del Principado de Asturias, que ha registrado hoy en la Cámara y cuyo texto se acompaña. “Nuestra exhaustiva propuesta de Reglamento de la Junta General persigue revitalizar la institución”, aseguró durante la presentación Cristina Coto, que explicó que “las numerosas lagunas del actual Reglamento provocan la demora de la tramitación parlamentaria”.

Sobre los contenidos propuestos por FORO, la portavoz destacó que “es imprescindible que el Presidente del Consejo de Gobierno responda semanalmente ante la oposición”, y que “también es necesario profundizar en las funciones del Presidente de la Junta, para que los vacíos no sean interpretados de manera arbitraria”. En este sentido, afirmó que “el mayor detalle en la redacción del Reglamento evitará las interpretaciones interesadas del mismo que se han venido realizando”.

Este es el contenido de la proposición de ley presentada hoy por FORO:

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La actividad parlamentaria desarrollada en la Junta General del Principado de Asturias viene regulada en el Reglamento aprobado por dicho órgano que, si bien ha sido objeto de varias reformas desde la aprobación del texto inicial del año 85, precisa de nuevas adaptaciones. Como instrumento normativo a través del cual se establecen las funciones, organización y funcionamiento del Parlamento, parece esencial que deba responder eficazmente a las necesidades que a lo largo la práctica parlamentaria de estos últimos años se han puesto de manifiesto.

En consonancia con lo anterior, resulta conveniente acometer una profunda revisión de varios de los contenidos del texto reglamentario considerados esenciales, y que afectan básicamente a la tramitación de iniciativas parlamentarias, convocatorias de órganos, funciones encomendadas, régimen de debates, votaciones,  por lo que se plantean varias modificaciones con el fin de que con ello se facilite el trabajo parlamentario, redunde en una mejora de la tarea a desempeñar por sus miembros y, por ende, en el cumplimiento de las funciones encomendadas a dicho órgano por mandato constitucional, estatutario y demás normas del ordenamiento jurídico.

Siguiendo el orden prefijado por el actual Reglamento, la primera modificación que se acomete es la del artículo 14, referido a la solicitud de información al Consejo de Gobierno, uno de los instrumentos de control de la acción del ejecutivo y que resulta ser de gran utilidad por los parlamentarios, siendo preciso completar su regulación en lo que afecta a varios aspectos. De un lado, porque el actual texto no indica expresamente que la información puede solicitarse en soporte informático, razón por la cual, en la actualidad, peticiones realizadas en dicho sentido son rechazadas por la Mesa de la Cámara, aduciendo a que no viene indicado en el Reglamento. De otro lado, cuando el elevado volumen no permite facilitar copia de la documentación solicitada, el Diputado debe acudir personalmente a consultarla y el Reglamento no indica expresamente que puede hacerse acompañar de un Asesor o bien delegar en él motivadamente al objeto de facilitar la consulta de los textos. Por lo que se refiere a la posibilidad de recabar de otras Administraciones Públicas información que afecte a la Comunidad Autónoma del Principado de Asturias, solo viene precisada respecto de la Administración Periférica, pero no de la Administración Local del ámbito del Principado, razón por la que se incluye dicha previsión.

En el artículo 38, referido al Presidente de la Junta General, se establecen sus funciones. Puede ser conveniente que, del mismo modo que se contempla en el texto reglamentario la posibilidad de solicitar de la Sindicatura de Cuentas informes de asesoramiento en materia presupuestaria que establece el artículo 242, plantear igual posibilidad para asuntos de especial relevancia en otros ámbitos respecto del Consejo Consultivo, por lo que se contempla que el Presidente del Parlamento podrá recabar del Consejo Consultivo dictámenes en asuntos de especial relevancia, dando cuenta de ello previamente a la Mesa.

La convocatoria de los órganos parlamentarios, la Mesa y el Pleno, es objeto de  modificación en un aspecto concreto, puesto que , de una lado y por lo que se refiere a la Mesa de la Cámara, la redacción actual del artículo 41 establece que puede convocarse, entre otros, a solicitud de dos de sus miembros, pero no precisa plazo en el que el Presidente ha de materializar dicha convocatoria, por lo que podría demorarse en el tiempo y perder la virtualidad pretendida con su solicitud, razón por la cual parece oportuno establecer y acotar un plazo. Lo mismo cabe señalar respecto de la convocatoria del Pleno regulada en el artículo 76, siendo conveniente precisar un plazo para que se formalice la reunión del órgano solicitada.

Las declaraciones institucionales que pueda adoptar la Junta General vienen reguladas en el artículo 55, refiriéndose exclusivamente a las consideradas con el carácter de urgente, pero no al resto, por lo que se extiende a las que pueda adoptar sin dicho carácter de urgencia.

Por lo que se refiere al régimen de sesiones, tal como viene precisado en el Estatuto de Autonomía, está comprendido entre los meses de septiembre a diciembre el primero, y de febrero a junio el segundo. Fuera de dichos períodos de sesiones sólo cabe la celebración de reuniones de la Cámara en sesión extraordinaria, que ha de solicitarse conforme establece el artículo 83 del texto reglamentario. Fuera de esta previsión, no se contempla la posibilidad de reuniones que “no sean extraordinarias”, por lo resulta conveniente y práctico a la vez, incorporar en el Reglamento la previsión de habilitación de un período de sesiones extraordinario en otros meses, que posibilitaría  la celebración de reuniones del Pleno o Comisiones, sin necesidad de que tengan que seguir el procedimiento de petición previsto en la actualidad para las convocatorias extraordinarias.

La regulación de los debates del artículo 94, dispone que los miembros del Consejo de Gobierno puedan intervenir siempre que lo soliciten, por lo que en ese caso y considerando que puede hacer alusión e introducir nuevos elementos o datos en el debate, procede que se ceda la palabra a los Grupos Parlamentarios, sin perjuicio de preservar la facultad de que disponen los miembros del Consejo de Gobierno de cerrar los debates. Por su parte, la actual regulación del artículo 95 no contempla la posibilidad de formular queja respecto de la decisión adoptada por el Presidente de la Cámara cuando se discrepe de la misma, a diferencia de la que se establece respecto de  las decisiones de otros órganos, Mesa de la Cámara o de las Comisiones, por lo que procede incluir dicha referencia sin que por ello se menoscabe la función de dirección de los debates que le otorga el Reglamento.

La actual redacción del artículo 102, establece que el cierre de una discusión podrá acordarlo la Presidencia de oficio o a petición de un Grupo Parlamentario cuando estimare que un asunto está suficientemente debatido. Sin embargo, resulta conveniente incluir la posibilidad de cerrar el debate previa intervención de los oradores que han con carácter previo han intervenido en la misma, como así viene contemplado en los Reglamentos de otros Parlamentos autonómicos.

Respecto de la regulación referida al preciso momento de la votación de los asuntos, especialmente en el Pleno, últimamente se han suscitado discrepancias en torno a la decisión adoptada desde la Presidencia de permitir la entrada de miembros para el comienzo de la misma, por lo que se estima conveniente introducir un apartado en el artículo 104 en el sentido de indicar que antes de cada votación, el Presidente lo anunciará expresamente, procediendo a continuación, a prohibir el acceso de los Diputados hasta su terminación.

Siguiendo con la votación y por lo que se refiere al procedimiento establecido, procede incluir en los artículos 105 y 111 la regulación establecida en los artículos 79.3 y el 82.2 del Reglamento del Congreso, incluida con motivo de la reforma aprobada el 21 de julio de 2011 y que algún parlamento autonómico ya ha incorporado a sus textos reglamentarios. La regulación viene motivada por la  conveniencia de conciliar el derecho de los parlamentarios a votar en sesión plenaria y el imperativo de que la adopción de los acuerdos en las Cámaras se realice con todas las garantías, limitando por ello a supuestos tasados la posibilidad de la emisión del voto personal por un procedimiento no presencial. A tal fin, se opta por un procedimiento telemático con verificación personal, aplicable a las votaciones que se produzcan en sesión plenaria respecto de las que exista certeza en cuanto al modo y momento en que se producirán.

Entre las normas establecidas en el artículo 119 para el cómputo de plazos fijados en el Reglamento, la primera de ellas parte de que se entenderán comprendidos los días hábiles, lo que implica que se incluye también el sábado que por no ser laboral, supone que los Grupos Parlamentarios disponen de un día menos para la preparación de documentos. Por esta razón y con el fin de facilitar el trabajo parlamentario, se especifica que el cómputo se realizará entre los días hábiles comprendidos de lunes a viernes.

En otro orden, la regulación de la declaración de urgencia en el marco de los actuales artículos 122 y 123 del actual Reglamento se establece para la tramitación de las iniciativas que establecen plazos: las solicitudes de información, las preguntas e interpelaciones, pero no así para la sustanciación de sesiones informativas, en Pleno o Comisión, solicitadas puntualmente por los Grupos Parlamentarios y en las que al no establecerse en el Reglamento un plazo concreto el que hayan de celebrarse, impide que pueda considerase la urgencia justificada adecuadamente en la solicitud de la misma y, por ello, darle un carácter preferente sobre otros asuntos no urgentes. En virtud de lo anterior,  se incluye una previsión para que la declaración de urgencia implique no solo la reducción de plazos hasta un máximo de la mitad de los establecidos con carácter ordinario, sino también la prioridad sobre cualquier otro asunto que no tenga atribuida dicha cualidad en los supuestos en los que no se establezcan plazos para su tramitación.

En la regulación del Debate sobre acción política y de Gobierno, el artículo 197 del Reglamento de la Cámara dispone que al inicio del primer período de sesiones de cada año legislativo, el Pleno celebrará un debate sobre la orientación política general del Consejo de Gobierno, estableciendo el procedimiento para celebrarse que se iniciará con la intervención del Presidente o de un miembro del Consejo de Gobierno, suspendiéndose la sesión por un plazo máximo de veinticuatro horas que se reanudará con la intervención de un representante de cada Grupo Parlamentario. Este procedimiento impide que los Grupos Parlamentarios conozcan previamente a la intervención del ejecutivo las líneas programáticas y de actuación que expondrá, por lo que la reforma incluye una modificación que facilita el trabajo parlamentario a desarrollar, con la concreta previsión referida a que desde el Consejo de Gobierno se remita a la Cámara, con una antelación mínima de 72 horas respecto al comienzo del debate, un escrito que contenga las líneas fundamentales de la posición del Gobierno respecto a la situación de la Comunidad Autónoma y las medidas y previsiones legislativas que se proponga adoptar durante el año parlamentario.

Por lo que se refiere a la regulación del cumplimiento por el Consejo de Gobierno de las Mociones y Resoluciones aprobadas por la Junta General establecido en el  artículo 209, en los supuestos en los que no se precisan plazos concretos en los que han de cumplirse (que son los más habituales), se ha de señalar que si bien indica que la Comisión determinará el momento en que ha de rendirse cuentas, la práctica parlamentaria pone de manifiesto que este último aspecto no se precisa. Por este motivo parece conveniente su inclusión indicando que cuando no aparezcan fijados plazos concretos, el Gobierno comunicará, trimestralmente, el estado de ejecución y, en su caso, las causas que dificulten o impidan la misma.

Especial significación reviste la regulación de las preguntas al Presidente del Consejo de Gobierno del artículo 214, desarrollado por la Resolución general 1/IV, de 26 de octubre de 1999, de la Presidencia de la Junta General, por la que se regulan las preguntas al Presidente, parcialmente modificada por Resolución general 3/V, de 11 de abril de 2000, puesto que la modificación de su regulación por lo que se refiere fundamentalmente a la ampliación de la periodicidad de su sustanciación, ha sido propuesta en varias ocasiones por alguno de los Grupos Parlamentarios en el transcurso de la actual legislatura. La modificación que se incluye en la presente reforma contempla que se puedan formular preguntas al Presidente en cada sesión plenaria, lo que supone un avance en la función de control de la acción del ejecutivo que corresponde al Parlamento, a la vez que incorpora el desarrollo de su tramitación adaptada al cambio normativo que se deriva de su inclusión en todas las sesiones plenarias.

Respecto del preciso momento de inicio del cómputo del plazo de quince días en el que el Consejo de Gobierno debe contestar a las preguntas a responder por escrito, tal como establece el artículo 216 del Reglamento, dificulta el que los Grupos Parlamentarios tengan conocimiento del mismo puesto que se desconoce cuándo se produce el traslado de la pregunta desde los Servicios de la Cámara al Consejo de Gobierno. Resulta más objetivo indicar que el comienzo del cómputo lo sea desde la publicación en el Boletín Oficial de la Junta General, como así viene recogido en el Reglamento del Congreso.

La modificación de la regulación referida a la presentación de enmiendas a Proposiciones No de Ley y Mociones que se plantea, supone unificar vía reglamentaria los distintos plazos que para su presentación vienen establecidos a través de Acuerdos de la Mesa de la Cámara, que han de aprobarse reiteradamente al inicio de cada legislatura, según se trate de iniciativas a sustanciar en Pleno, en Comisión a celebrar en sesión de mañana, o en sesión de tarde. La propuesta de redacción prevista para el artículo 221 afecta también al plazo de presentación de enmiendas a Proposiciones No de Ley y a Mociones, puesto que el artículo es de aplicación a los dos tipos de iniciativas. Se precisa, además, que el Grupo Parlamentario proponente no podrá formular enmiendas a sus propias iniciativas, que si bien en la actualidad no son admitidas por la Mesa, el Reglamento no lo indica expresamente.

Se incorpora la posibilidad de intervención de los Senadores de designación autonómica en los debates de las sesiones plenarias, en la consideración de que sin duda enriquezca el debate parlamentario cuando se sustancien iniciativas parlamentarias que afecten al Principado y se hayan tramitado o esté previsto tramitar en el Senado.

Señalar, por último que el impulso de la función fiscalizadora respecto de cualquiera de los integrantes del sector público autonómico o de los perceptores o beneficiarios de ayudas procedentes del mismo por parte de la Sindicatura de Cuentas que establece el artículo 235 del Reglamento, puede interesarse por el Pleno de la Cámara o la Comisión competente en materia de asuntos económicos y presupuestarios a propuesta de dos Grupos Parlamentarios. Procede modificarlo en el sentido de permitir que con la sola propuesta de un Grupo Parlamentario se interese la actuación de dicho órgano fiscalizador.

En virtud de lo anteriormente expuesto, en la consideración de que las modificaciones acometidas en la presente reforma redunden en una mejora del texto del Reglamento de la Junta General del Principado de Asturias, la Portavoz que suscribe presenta para su debate en la Junta General del Principado de Asturias la siguiente Proposición de Ley:

 

 

Artículo único. Modificación del Reglamento de la Junta General del Principado de Asturias

Los artículos del Reglamento de la Junta General del Principado de Asturias que a continuación se relacionan, quedan redactados como sigue:

 

Uno. Se añaden dos párrafos a los apartados 1 y 3, y se modifica la redacción del apartado 6, del artículo 14, con el siguiente tenor:

1. “Cuando los documentos objeto de solicitud obrasen en soporte informático, los diputados podrán solicitar que les sean facilitados en dicho formato.”

3. “En tal caso, el Diputado podrá tomar las notas y obtener las copias de los documentos que estime oportunas. Cuando la complejidad técnica de los documentos sobre los que verse la solicitud así lo haga necesario, podrá acompañarse de especialistas en la materia de que se trate, siempre y cuando sean acreditados ante la Cámara como Asesores del Grupo Parlamentario en el que Diputado estuviera integrado, o bien delegar expresamente en aquéllos mediante escrito debidamente motivado ante la Mesa de la Cámara.”

6. Asimismo, los Diputados, a través del Presidente de la Cámara, en el marco de la legalidad, podrán solicitar de la Administración del Estado y de la Administración Local, en ambos casos dentro del ámbito territorial de la Comunidad Autónoma del Principado de Asturias y del marco competencial atribuido por el Estatuto de Autonomía, los datos, informes y documentos que obren en poder de éstas.”

Dos. Se añade un nuevo apartado 4 al artículo 38, con el siguiente tenor:

“4. El Presidente del Parlamento podrá recabar del Consejo Consultivo dictámenes en asuntos de especial relevancia, dando cuenta de ello previamente a la Mesa. El objeto de la consulta deberá expresarse con claridad y precisión, delimitando el alcance e incidencia de la materia o disposiciones afectadas y el ámbito concreto de pronunciamiento del Consejo.”

Tres. Se modifica el apartado 1 del artículo 41, pasando a ser del siguiente tenor:

“1. La Mesa se reunirá a convocatoria del Presidente, por iniciativa propia, o a solicitud de dos miembros con la inclusión de hasta un máximo de cuatro asuntos que deberán inscribirse en el orden del día. En este caso, el Presidente convocará la sesión en el plazo máximo de cinco días desde la presentación de la solicitud.”

Cuatro.  Se añade un párrafo al apartado 2 del artículo 55, con el siguiente tenor:

2. “En los demás supuestos, a iniciativa de un Grupo Parlamentario y por acuerdo unánime, podrá elevar al Pleno propuestas de declaración institucional sobre asuntos de interés general de la Comunidad Autónoma del Principado de Asturias. Tras su lectura por el Presidente, la propuesta de declaración institucional será sometida a votación por asentimiento. Si no resultara aprobada en esta forma, se someterá a votación ordinaria.”

Cinco. Se añade un párrafo al apartado 1 del artículo 76, con el siguiente tenor:

“Si, a juicio de la Mesa y oída la Junta de Portavoces, la solicitud se ajusta a lo establecido anteriormente, el Presidente convocará la sesión de acuerdo con el orden del día propuesto para su celebración dentro de los 15 días naturales siguientes a la solicitud.”

Seis. Se añade un párrafo al apartado 1 del artículo 83, con el siguiente tenor:

“La Mesa, sin perjuicio del calendario fijado para cada periodo de sesiones, oída la Junta de Portavoces, podrá acordar la habilitación de un período extraordinario de sesiones en los meses de julio y enero para la reunión de la Cámara y realización de actividades parlamentarias, en función de la programación de los trabajos a desarrollar.”

Siete. Se añade un párrafo al apartado 5 del artículo 94, con el siguiente tenor:

“Esta intervención abrirá un nuevo debate, referido al tema que esté tratándose, en él que podrá tomar parte un representante de cada Grupo Parlamentario para fijar posición, cerrando el debate el propio miembro del Consejo de Gobierno para contestar a las cuestiones planteadas.”

Ocho. Se añade un nuevo apartado 4 al artículo 95, del siguiente tenor:

“Cuando desde la Presidencia no sea concedido al Diputado el derecho a contestar las alusiones o se le retirase la palabra, éste o su Grupo Parlamentario podrán formular queja ante la Mesa de la Cámara una vez terminada la sesión, que deberá resolver antes de la siguiente.”

Nueve. Se añade un párrafo al artículo 102, con el siguiente tenor:

“En torno a esta petición de cierre, podrán intervenir durante un tiempo máximo de cinco minutos cada uno, un orador en contra y otro a favor.”

Diez. Se añade un nuevo apartado 3 al artículo 104, con el siguiente tenor:

“3. Antes de cada votación, el Presidente lo anunciará expresamente, procediendo a continuación, a prohibir el acceso de los Diputados hasta su terminación.

Once. Se añade un párrafo al artículo 105, con el siguiente tenor:

“Se computarán como presentes en la votación los miembros de la Cámara que, pese a estar ausentes, hayan sido expresamente autorizados por la Mesa para participar en la misma.”

Doce. Se añade un párrafo al artículo 111, con el siguiente tenor:

“En los casos de embarazo, maternidad, paternidad o enfermedad grave en que, por impedir el desempeño de la función parlamentaria y atendidas las especiales circunstancias se considere suficientemente justificado, la Mesa de la Cámara podrá autorizar en escrito motivado que los Diputados emitan su voto por procedimiento telemático con comprobación personal, en las sesiones plenarias en aquellas votaciones que, por no ser susceptibles de fragmentación o modificación, sea previsible el modo y el momento en que se llevarán a cabo.

A tal efecto, el Diputado cursará la oportuna solicitud mediante escrito dirigido a la Mesa de la Cámara, en el que deberá exponer y justificar las razones que le impiden el ejercicio de la función parlamentaria. El diputado solicitante deberá precisar en este mismo escrito el tiempo en que prevea que no va a poder ejercer sus funciones parlamentarias con normalidad. La Mesa de la Cámara le comunicará su decisión, precisando, en su caso, las votaciones y el periodo de tiempo en el que podrá emitir el voto mediante dicho procedimiento. El voto emitido por este procedimiento deberá ser verificado personalmente mediante el sistema que, a tal efecto, establezca la Mesa y obrará en poder de la Presidencia de la Cámara con carácter previo al inicio de la votación correspondiente.”

Trece. Se modifica el apartado 1. a) del artículo 119, con el siguiente tenor:

“1. a) Cuando se señalen por días a contar desde uno determinado, quedará éste excluido del cómputo, que deberá empezar el día siguiente, y se entenderán incluidos exclusivamente los días hábiles comprendidos entre el lunes y el viernes.”

Catorce. Se modifica el artículo 123, pasando a ser del siguiente tenor:

“Sin perjuicio de lo establecido en el artículo 120 de este Reglamento, la declaración de urgencia implicará la reducción de plazos hasta un máximo de la mitad de los establecidos con carácter ordinario o la prioridad sobre cualquier otro asunto que no tenga atribuida dicha cualidad en los supuestos en los que no se establezcan plazos para su tramitación.”

Quince. Se añade un párrafo al apartado 2 del artículo 197, con el siguiente tenor:

“El Presidente del Consejo de Gobierno o un miembros del mismo remitirá a la Cámara, con una antelación mínima de 72 horas respecto al comienzo del debate, un escrito que contenga las líneas fundamentales de la posición del Gobierno respecto a la situación de la Comunidad Autónoma y las medidas y previsiones legislativas que se proponga adoptar durante el año parlamentario.”

Dieciséis. Se modifica el apartado 2 del artículo 209, con el siguiente tenor: 

“2. Si la moción fijara plazos de cumplimiento, el Consejo de Gobierno rendirá cuentas ante la Comisión a su vencimiento. La rendición de cuentas podrá tener lugar por escrito o mediante comparecencia. Si la moción no fijará plazos, el Gobierno comunicará, trimestralmente, el estado de ejecución y, en su caso, las causas que dificulten o impidan la misma.”

Diecisiete. Se modifica el artículo 214, con el siguiente tenor:

“1. Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo anterior, en cada sesión plenaria los Portavoces de los Grupos Parlamentarios podrán formular preguntas de interés general para la Comunidad Autónoma y de actualidad, dirigidas al Presidente del Consejo de Gobierno para su respuesta oral, a cuyo efecto se incluirá el correspondiente apartado en el orden del día de cada sesión del Pleno.

  1. Las preguntas al Presidente, que tendrán como hora límite de presentación las catorce horas del viernes anterior a la semana en que haya de celebrarse sesión plenaria, se formularán por escrito ante la Mesa de la Cámara, que las calificará y admitirá el lunes siguiente, para disponer su inclusión en el orden del día de la sesión plenaria a celebrar en dicha semana.
  2. Cada Portavoz tendrá derecho a presentar una pregunta por sesión plenaria.
  3. El debate se sustanciará desde los escaños iniciándose con la estricta formulación de la pregunta y respuesta escueta, a los que seguirán sendos turnos de réplica con una duración máxima de tres minutos cada uno.
  4. Las preguntas que, incluidas en el orden del día de la sesión en la que hayan de sustanciarse, no se formulen, decaerán.”

Dieciocho. Se modifica el apartado 1 del artículo 216, con el siguiente tenor:

“La contestación por escrito a las preguntas deberá realizarse dentro de los quince días siguientes a su publicación en el Boletín Oficial de la Junta General, pudiendo prorrogarse a petición motivada de éste y por acuerdo de la Mesa de la Cámara, por otro plazo de hasta seis días más.”

Diecinueve. Se modifica el apartado 2 del artículo 221, con el siguiente tenor:

“2. Comunicada la proposición no de ley a los Grupos Parlamentarios y al Consejo de Gobierno y publicada en el Boletín Oficial de la Junta General del Principado de Asturias, los Grupos Parlamentarios, a excepción del proponente, podrán presentar enmiendas hasta las catorce horas del día anterior a la sesión, del Pleno o Comisión, en que haya de debatirse. “

Veinte. Se añade un nuevo artículo 224 bis, con el siguiente tenor:

“Los Senadores representantes de la Comunidad Autónoma designados por el Pleno podrán intervenir a efectos meramente informativos cuando el Senado haya tramitado o tenga previsto tramitar alguna iniciativa sobre el asunto que está considerando la Junta General, sin perjuicio de las facultades que, respecto a la ordenación de los debates, corresponden al Presidente.”

Veintiuno. Se modifica el apartado 1 del artículo 235, con el siguiente tenor:

“1. El Pleno de la Cámara o la Comisión competente en materia de asuntos económicos y presupuestarios podrán, con la sola propuesta de un Grupo Parlamentario, interesar la actividad fiscalizadora de la Sindicatura de Cuentas respecto de cualquiera de los integrantes del sector público autonómico o de los perceptores o beneficiarios de ayudas procedentes del mismo.”

 

Disposición final.- Entrada en vigor

La presente reforma entrará el vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial del Principado de Asturias.

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