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16/03/2013
Leal: “La reforma del régimen local no puede fundamentarse solo en la estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera en detrimento de una administración moderna, eficaz, con competencias bien delimitadas y próxima al ciudadano”
  • “La reforma propuesta reduce el tamaño de los ayuntamientos a favor de diputaciones y  Comunidades Autónomas, sin financiación para los cambios que se pretenden realizar”

  • Los alcaldes y alcaldesas de FORO remitirán al presidente de la FEMP un documento de alegaciones y sugerencias para abordar la reforma de la legislación local

  •  “El número de habitantes no debe ser el único criterio diferenciador entre municipios. Hay otros parámetros fundamentales como la geografía, la extensión, la edad de los habitantes y la población estacional”

  • “Fijar costes estándar de los servicios municipales, independientemente de su tipología y características particulares, conllevará un empeoramiento de la calidad de los servicios a los ciudadanos”

  •  “El principio responsabilidad-dedicación-retribución es una ecuación básica que debe de regir en el estatuto de los miembros de las Corporaciones locales”

Pedro Leal, presidente de la Comisión de Estudios de FORO sobre administración local, ha señalado hoy que los Alcaldes de FORO, remitirán al Presidente de la FEMP, la próxima semana, un documento de alegaciones y sugerencias al Anteproyecto de Ley para la racionalización y sostenibilidad de la administración local, necesarias para abordar la reforma de la legislación básica local, al objeto de que se las traslade al Gobierno de España, como se acordó en la reunión de la propia Federación Española de Municipios y Provincias celebrada la pasada semana.

 

Después de varias reuniones en las que analizaron el asunto, los Alcaldes de FORO entienden que la reforma aborda un bloque de cambios trascendentales en la gestión de la administración local,  que a su vez tendrán una repercusión innegable dentro de la organización del Estado, las comunidades autónomas y ayuntamientos. “Sin embargo, la reforma propuesta persigue básicamente reducir el tamaño financiero de los ayuntamientos a favor de las diputaciones y las Comunidades Autónomas, sin afrontar simultáneamente la financiación de los cambios competenciales que se pretenden realizar” , explicó Leal.

 

“El cambio legislativo que prevé el actual gobierno de España, no posibilita a los ciudadanos identificar la administración que ha de prestarle los servicios, al no existir una regla fija preestablecida de antemano sobre la distribución de competencias. Por el contrario, la prestación de los mencionados servicios por un Ayuntamiento, entidad local menor, Mancomunidad o CCAA, dependerá de otros aspectos, como las circunstancias económicas en que se encuentren, del futuro coste estándar que se fijará posteriormente mediante Real Decreto, del número de habitantes o de la existencia de delegación de competencias que es potestativa, por tanto, la reforma propuesta es confusa  y poco precisa”, añade.

 

Para Pedro Leal “la intención de fijar costes estándar de cada uno de los servicios municipales, independientemente de su tipología (rurales, marítimos, industriales, turísticos..) y características particulares (dispersión envejecimiento, infraestructuras, extensión…), conllevará un empeoramiento de la calidad de los servicios a los ciudadanos, ya que dicho coste estándar será impuesto por el Estado, pretende ser inferior al actual, y resulta evidente que la única forma de cumplir con dicho estándar será mediante el recorte tanto en el nivel como en la calidad de los servicios que prestan las entidades locales”.

 

Leal insiste en que el número de habitantes no debe ser el único criterio diferenciador entre municipios, y deben tenerse en cuenta también otros parámetros clasificadores como la geografía de la zona, su extensión, la media de edad de los habitantes, la población estacional de algunos concejos y la actividad económica predominante, no sólo la población, “ya que con este único fundamento y en función del mismo, se pretende establecer unos procesos de evaluación o estándares de calidad de control de servicios,  que hacen peligrar la existencia de muchos concejos menores de 20.000 habitantes, que corren el riesgo evidente de desaparecer, y serán sus ciudadanos los que paguen las consecuencias, ya que con toda seguridad, algunos Ayuntamientos, no podrán asumir la prestación de servicios mínimos obligatorios por la deuda que tienen acumulada, favoreciendo y provocando con ello la administración del estado, de modo encubierto, la fusión de los mismos, siguiendo únicamente la pauta del número de habitantes como término diferenciador, se reitera, de modo equivocado”.

 

A su vez, desde FORO, se considera imprescindible regenerar y dignificar la vida pública municipal, no devaluar la figura de los miembros de las Corporaciones Locales y la función que desempeñan, a partir de una definición rigurosa de sus responsabilidades, de su dedicación y de la compensación digna para estimular y fomentar la participación activa de la ciudadanía en los asuntos públicos. “La creciente proliferación de puestos de asesores y responsables de libre designación, no es la respuesta adecuada a la insuficiente capacitación cívica, porque introducen elementos que distorsionan la transparencia en los resultados electorales, y porque desplaza o se inmiscuye en el ámbito de las tareas propias de los funcionarios”, destaca Leal. “La relación responsabilidad-dedicación-retribución es una ecuación básica que debe de regir en el estatuto de los miembros de las Corporaciones locales, todo lo contrario que ocurre con la propuesta actual de eliminar y limitar las retribuciones a los representantes electos de la administración local, sobretodo a los concejos de menos de veinte mil habitantes, en Asturias 70 municipios, el 90% de los mismos, sin motivación aparente, y que apenas supondrá ahorro alguno. Con ello, será casi imposible confeccionar listas para elegir a los responsables de la Corporación, avocando a estos concejos a su desaparición, que como se expresaba anteriormente, es una intención velada del anteproyecto de ley para la racionalización y sostenibilidad de la administración local, recientemente aprobado por el Consejo de Ministros el pasado día 15 de febrero del presente año”, añade.

 

Para Leal el Gobierno de la Nación tampoco aborda el problema de la suficiencia financiera de los Ayuntamientos, ni de los recursos económicos de los mismos, que es el principal escollo que tiene la administración local. “Los objetivos que se fijan en este anteproyecto de Ley, enmascaran restricciones de competencias y de servicios a determinados Ayuntamientos, a favor de otras administraciones, deja muy poco margen a las entidades locales menores, y se expresa el término racionalización como sinónimo de supresión en algunas ocasiones, atentando incluso contra la autonomía institucional de los Ayuntamientos y contra el principio de descentralización en la gestión pública”, explica. “El Gobierno del PP de Rajoy, pretende llevar a cabo, todo lo contrario que pretendía cuando estaba en la oposición, ya que hasta la fecha defendió como argumento lógico, que la reforma de la legislación en materia local debía de ir paralela a la reforma de la financiación local, para en estos momentos cambiar de criterio e incumplir sus compromisos, actitud que ya es habitual en el ejecutivo de Rajoy”, añade.

 

 “La reforma en materia de régimen local es necesaria, pero no puede fundamentarse solo en la estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera en detrimento de una administración moderna, eficaz, con competencias bien delimitadas y próxima al ciudadano, donde se cumpla el principio una administración, una competencia, y debidamente financiada”, concluyó Pedro Leal.

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