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12/02/2013
Vega: “El traspaso de La Talá al ‘banco malo’, por parte de Liberbank, hace imprescindible una comisión de investigación, por el despilfarro socialista de 47,56 millones de euros, en la socialización de un pelotazo”
  • Cristina Coto anuncia que “FORO presentará en la Junta General una solicitud de creación de una comisión de investigación parlamentaria al objeto de analizar la situación referida a los activos de CajAstur”

  • “En FORO no vamos a aceptar que las leyes de transparencia se queden a las puertas de las cajas de ahorros”

  • Vega: “Resulta difícil de explicar que la entidad no haya ofrecido previamente esas generosas condiciones a los clientes que tuvieron o tienen dificultades para cumplir con sus compromisos financieros en los activos saldados a Cerberus”

  • “CajAstur adquirió La Talá en el año 2008 por el equivalente de 8.000 millones de pesetas, cuando el Plan General de Ordenación ya había sido anulado por el TSJA en 2007 y La Talá carecía de valor urbanístico, socializando las pérdidas del pelotazo”

  • “Los dos primeros inversores que compraron la finca a una familia llanisca, cuando el entonces alcalde Antonio Trevín Lombán iniciaba las tensiones especulativas sobre ella, pagaron 300 millones de pesetas por su adquisición”

La portavoz parlamentaria de FORO en la Junta General del Principado, Cristina Coto, ha comparecido en rueda de prensa junto con el presidente de la Comisión de Fomento de este partido, Juan Vega, para anunciar la presentación de una petición de comisión de investigación parlamentaria sobre el deterioro de los activos de CajAstur y su entrega a un ‘fondo buitre’ y al ‘banco malo’, que arroja graves sombras sobre la adquisición de algunos de esos activos que ahora aparecen como activos tóxicos o dañados.

Coto anunció que “el Grupo Parlamentario de FORO va a presentar en la Junta General una solicitud de creación de una comisión de investigación parlamentaria al objeto de analizar la situación referida a los activos de CajAstur que, según hemos sabido por los medios de comunicación, se van a ceder a enajenar a un ‘fondo buitre’, el Fondo Cerberus Capital Management así como aquellos que también se ceden o enajenan al SAREB –Sociedad de Activos Procedentes de la Reestructuración Ordenada Bancaria–, el llamado ‘banco malo’, a través de Liberbank-CajAstur”.

Explicó la diputada de FORO que esta iniciativa se ampara “en primer lugar en la función de Protectorado que al Consejo de Gobierno del Principado de Asturias atribuye el artículo 2 de la Ley de Cajas –2/2000 de 23 de junio– y que habrá de ejercerse a través de la Consejería de Hacienda y Sector Publico conforme a los principios recogidos en dicho precepto legal: ‘Procurar el desarrollo y buen funcionamiento de las Cajas de Ahorro protegiendo su independencia y defendiendo su prestigio y estabilidad’, así como ‘Proteger los derechos e intereses de los clientes de las Cajas de Ahorro’. En tal sentido, el Decreto de Estructura Orgánica de la Consejería de Hacienda y Sector Publico, de 14 de junio, le atribuye las competencias en materia de control administrativo de Cajas de Ahorro, cuyas actuaciones recaen en la Dirección General de Finanzas y Hacienda, que se ejercen a través del Servicio de Supervisión Financiera y Seguros”. 

“A estos efectos –añadió Coto–, el artículo 31 del citado Decreto dispone que este Servicio ‘tiene atribuidas las funciones relativas a la ordenación, autorización, supervisión, inspección y disciplina en materia de cajas de ahorro’, señalando a continuación que ‘en materia de supervisión, inspección y disciplina, le corresponde verificar el cumplimiento de las disposiciones que sean de aplicación a dichas entidades, así como a sus accionistas, administradores y gestores, formular las propuestas necesarias para la adopción de medidas disciplinarias o cautelares respecto a las citadas entidades y personas, así como colaborar con otros organismos en materia de supervisión’. Deben considerarse también los Decretos 59/2002, de 1 de mayo, y el 60/2002, de 2 de mayo, referidos a la creación y regulación del registro de altos cargos de las Cajas de Ahorro con sede social en el Principado de Asturias, que abundan junto con la normativa anteriormente referida en las competencias que la Consejería de Hacienda y Sector Público tiene de control sobre las Cajas de Ahorro y, por ende, la Junta General del Principado de Asturias en su potestad de control de la acción del Consejo de Gobierno contemplada en el artículo 1 del Reglamento de la Junta General”.

“En FORO no vamos a aceptar que las leyes de transparencia se queden a las puertas de las cajas de ahorros”, aseguró la portavoz.

Por su parte, Juan Vega se refirió en primer lugar a los activos vendidos a Cerberus, que FORO solicita sean objeto de una investigación, en estos términos: “Resulta difícil de explicar que la entidad no haya ofrecido previamente esas generosas condiciones a los clientes que tuvieron o tienen dificultades para cumplir con sus compromisos financieros, pues nos atrevemos a pensar que la mayor parte habrían aceptado un acuerdo de esas características. Las exigencias de solvencia para librar a los directivos de la entidad de la intervención parecen haber predominado sobre los intereses de los ahorradores asturianos”.

Ya sobre el caso concreto de La Talá, el Presidente de la Comisión de Fomento de FORO afirmó que “el traspaso, en lo que aparentemente es ya un regalo al ‘banco malo’ o SAREB, de la finca llanisca conocida como La Talá, tiene una dimensión política que debe ser inmediatamente depurada en esa comisión parlamentaria de investigación que solicita nuestro partido, que analice cómo ha sido posible que CajAstur comprase La Talá al grupo Nozar, en el año 2008, por 47,56 millones de euros, el equivalente a  8.000 millones de pesetas, cuando el Plan General de Ordenación ya había sido anulado por el TSJA en 2007, y por lo tanto la finca carecía de expectativas urbanísticas serias, algo que vino a confirmarse, de acuerdo con todas las valoraciones realizadas por los expertos, cuando el Tribunal Supremo confirmó la nulidad radical del PGOU llanisco. Todo parece indicar que en ese momento se procedió a socializar las enormes pérdidas de un gran pelotazo fallido impulsado por Antonio Trevín, desde que a principios de los noventa inició un proceso de especulación urbanística a gran escala en Llanes, que generó en aquel entonces un gran debate social”.

Añadió Vega que “CajAstur compró en el 2008 una finca que valía poco o nada, al estar la norma urbanística anulada, y si esta operación se analiza desde el punto de vista del precio que se pagó, vemos la socialización a través de CajAstur de un pelotazo de 8.000 millones de las antiguas pesetas, algo que viene a confirmarse ahora, al entregarse de manera casi gratuita al ‘banco malo’, operación que desconocemos en su detalle, y que por sí misma justifica esta necesaria investigación. Eso sí, la CUOTA, controlada por los socialistas asturianos, respaldó, a pesar de las advertencias que recibieron sus miembros, el PGOU promovido por el gobierno socialista de Llanes, que fue anulado después por los tribunales. En consecuencia, el círculo se cierra, cuando una caja de ahorros, CajAstur, también controlada mayoritariamente por los socialistas, acordó con una sociedad en concurso de acreedores, la adquisición en esos 8.000 millones de la finca, en un momento en el que la crisis inmobiliaria ya era perfectamente patente”.

Concluye Vega: “La radiografía de la socialización del pelotazo de La Talá a través de CajAstur, impulsada por los socialistas, se completa si se considera que el grupo Nozar había adquirido La Talá en julio de 2006, a Juan Antonio Pérez-Simón, en 36 millones de euros, unos 6.000 millones de pesetas. El anterior propietario de La Talá, la había adquirido en realidad en 500 millones de pesetas a dos inversores, Enrique García-Poveda y Javier Goizueta, que a su vez se la compraron a la familia llanisca Vega-Escandón, en 300 millones de pesetas, coincidiendo con la gran polémica suscitada en Llanes por las primeras normas subsidiarias, de carácter fuertemente especulativo, que puso en marcha el entonces alcalde, y después casi de todo, Antonio Trevín Lombán. En aquellas normas, La Talá fue, sin duda, una de las operaciones más controvertidas, y desde entonces ha sido objeto de una enorme litigiosidad. Y todo el mundo hablaba ya, en aquel entonces, en Llanes, de ‘pelotazo inmobiliario’”.

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