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16/04/2018
Menchu Sánchez: “Hemos presentado alegaciones a la aprobación inicial de la Ordenanza municipal reguladora de sextaferias en Ponga con el objeto de que se desista de su tramitación”
  • “La Ordenanza excede la normativa básica estatal y, en consecuencia, está viciada de nulidad de pleno derecho”

  • “Las personas obligadas a realizar la sextaferia exceden en sus requisitos a los que marca la ley estatal”

  • “Es una Ordenanza que perjudica a los ganaderos ya que se prevén multas para los poseedores de licencias de pastos que se nieguen a realizar trabajos comunitarios”

La presidenta de FORO Ponga y concejal en el Ayuntamiento pongueto, Menchu Sánchez, ha anunciado a los medios informativos locales que “hemos presentado alegaciones a la aprobación inicial de la Ordenanza municipal reguladora de sextaferias del concejo de Ponga, publicada mediante anuncio en el BOPA de 2 de marzo de 2018, con el objeto de que se desista de la tramitación de esta ordenanza”.

 

Para Menchu Sánchez, “la Ordenanza que se pretende aprobar adolece de una gran lista de defectos. Así, no existe ningún documento en el Juzgado de Cangas de Onís (Ponga pertenece tanto al partido judicial como al distrito notarial de Cangas de Onís) ni en los protocolos notariales de la misma localidad que acrediten que existía la sextaferia como un uso o costumbre en la zona para poder darle el rango de norma obligatoria”.

 

“La Ordenanza, además,  excede la normativa básica estatal y, en consecuencia, está viciada de nulidad de pleno derecho. Las razones, entre otras,  son  que no se define con precisión el objeto de la prestación personal que denomina la ordenanza como ‘sextaferia’. Las personas obligadas a realizar la sextaferia exceden en sus requisitos a los que marca la ley estatal. La ordenanza, además, supone una Invasión de Competencias de la Parroquia Rural de Sobrefoz. Es una Ordenanza que perjudica a los ganaderos ya que se prevén multas para los poseedores de licencias de pastos que se nieguen a realizar trabajos comunitarios”, añade.

 

Menchu Sánchez indica que “los trabajos a desarrollar presentan una considerable dificultad, se descarga una excesiva responsabilidad en los vecinos del concejo para afrontar obras de infraestructuras, e incluso algunas de complejidad como las que afectan al suministro de agua, por poner un ejemplo”.

 

“El concejo de Ponga –continúa Menchu Sánchez-, al igual que muchas zonas rurales de Asturias, necesita de estímulos para fijar población y evitar el éxodo que paulatinamente sufre el municipio, y ordenanzas como éstas pueden provocar un efecto de que ante las obligaciones que se pretenden implantar, así como la cuantía de las redenciones y de las sanciones pueden provocar la salida de habitantes del concejo hacia otros lugares, vecinos incluso, que no disponen de obligaciones tan gravosas como las que se quieren implantar en Ponga por este equipo de gobierno. Pero de igual modo, se contemplan medidas que ahuyentan a quienes quieran establecer una actividad económica o empresarial en Ponga, al obligarles a poner a disposición de la sextaferia con más días de los legalmente establecidos en el TRLHL, los vehículos que dispongan afectos a esta actividad”.

 

“Es, en definitiva, un sinsentido más de la Alcaldesa Marta Alonso, y de su bisoñez, que no duda en legislar en contra de los vencinos del concejo. Queremos animar a los vecinos para que presenten alegaciones en contra de la Ordenanza de las Sextaferias de Ponga, por ir en contra de los intereses del concejo”, concluyó Menchu Sánchez.

 

Escrito de alegaciones presentado por FORO Ponga:

ALEGACIONES

PRIMERA.- Sobre la sextaferia como norma consuetudinaria en Ponga.- Conforme a la Compilación del derecho consuetudinario asturiano elaborada por la Junta General del Principado de Asturias, se define esta figura como:

 “La sestaferia es una prestación personal de carácter obligatorio para desarrollar trabajos comunales destinados a la apertura, construcción, reconstrucción, conservación, reparación, mantenimiento, arreglo, limpieza y mejora de caminos vecinales, fuentes, abrevaderos, lavaderos, puentes, suministro de agua, en su caso, y demás infraestructuras similares localizadas en el pueblo y en sus espacios productivos, de interés exclusivo para sus vecinos.”

Por derecho consuetudinario podemos entender las fuentes del derecho denominadas usos y costumbres, que constituyen normas jurídicas no escritas, porque con el paso del tiempo se han hecho costumbre acatarlas; es decir, se ha hecho uso de esa costumbre que se desprende de hechos que se han producido repetidamente, en el tiempo, en un territorio, comarca o municipio concreto. La norma consuetudinaria tendría fuerza normativa y se recurre a ella cuando no existe ley (o norma jurídica escrita) aplicable a un hecho determinado.

La jurisprudencia y doctrina actual identifican como elementos imprescindibles para que un singular comportamiento o uso pueda ser considerado como costumbre y tenga efectos jurídicos los siguientes:

1.-Uso repetitivo y generalizado: Tendrá la consideración de uso y/o costumbre como fuente de derecho un comportamiento realizado por todos los miembros de una comunidad, que se repite a través del tiempo y/o cronológicamente, es decir, que sea parte integrante del común actuar de una concreta colectividad, ya sea de un núcleo poblacional, una parroquia, un concejo o una comarca. Difícilmente se puede considerar costumbre una conducta que no tiene antigüedad.

2.- Conciencia de obligatoriedad: Todos los integrantes de una determinada comunidad, deben considerar que el uso o costumbre común a todos ellos tiene obligatoriedad, de tal manera que su incumplimiento se considere una vulneración de un principio que regulaba la vida de dicha comunidad.

Únicamente con la confluencia de estos dos requisitos se podría considerar que nos encontramos frente a una costumbre como fuente de derecho, es decir, que conlleva derechos y deberes, y en Ponga no acontece así con la sextaferia que se pretende regular mediante al Ordenanza objeto de las alegaciones que nos ocupa.

SEGUNDA.- Sobre la ausencia de antecedentes documentados de la sextaferia como norma consuetudinaria en Ponga.- Según la Compilación del derecho consuetudinario asturiano elaborada por la Junta General del Principado de Asturias, en su expositivo I.Parte Primera ,  “Criterios Metodológicos de la Compilación”, y teniendo en cuenta que el municipio de Ponga pertenece tanto al partido judicial como al distrito notarial de Cangas de Onís, se establece lo siguiente:

 “11. La consulta del acervo judicial que aplica el derecho consuetudinario asturiano y la verificación ictu oculi sobre el terreno en los setenta y ocho concejos, las treinta y nueve parroquias rurales y las diecinueve cofradías de pescadores permiten ofrecer un muestreo territorial del derecho consuetudinario asturiano:

A) Las más de seiscientas resoluciones judiciales aplicativas del derecho consuetudinario arrojan la siguiente retícula:

…….

c) En el Partido Judicial de Cangas de Onís/Cangues d’Onís se constata la vigencia de las siguientes figuras: aparcería, arriendo y cierres.

…….

B) En cuanto a protocolos notariales, de los doce distritos existentes en Asturias se facilitó la consulta en once de ellos que arrojaron un resultado de sesenta y cuatro mil protocolos revisados de los que se ha tomado como referencia una selección significativa, de la que se obtiene el siguiente espectro de costumbres:

…….

c) En el distrito notarial de Cangas de Onís/Cangues d’Onís: aparcería, cierres, comunidad especial de aguas, comunidad especial de molino vecero, empeño, hórreo y panera, poznera, propiedad en proindiviso de términos vareables, servidumbre de paso, sociedad familiar asturiana y testamento mancomunado.”

Por tanto, y conforme a lo anterior, no existe ningún documento en el Juzgado de Cangas de Onís, ni en los protocolos notariales de la misma localidad que acrediten que existía la sextaferia como un uso o costumbre en la zona para poder positivizarla, darle el rango de norma obligatoria o incluso otorgarle condiciones y obligaciones mayores y más gravosas a las que establece la ley básica para figuras similares, en concreto la regulación que el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales (TRLHL) en sus arts. 128 a 130, como son la prestación personal y la prestación de transporte.

Analizados los arts. 1 y 2 de la Ordenanza sobre la que se alega, y teniendo en cuenta lo anterior, tanto el objeto como las personas obligadas exceden las prescripciones y requisitos de la ley básica, lo que vicia de nulidad de pleno de derecho toda la ordenanza, como se explicará en el resto de alegaciones.

TERCERA.- Nulidad de pleno derecho de varios artículos de la Ordenanza objeto de alegaciones.- Como se explicaba en la alegación anterior, al no disponer de constancia alguna que acredite la existencia de la sextaferia como norma de derecho consuetudinario en el concejo de Ponga, como uso o costumbre, no se puede positivizar esta con requisitos más gravosos de los que establece la ley básica estatal para figuras similares. En el fondo, mediante la Ordenanza objeto de las presentes alegaciones, lo que se regula es una prestación personal y de transporte para el municipio, las cuales están establecidas en los arts. 128 a 130 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales (TRLHL) del siguiente modo:

 “Artículo 128. Normas comunes

1. Los ayuntamientos con población de derecho no superior a 5.000 habitantes podrán imponer la prestación personal y de transporte para la realización de obras de la competencia municipal o que hayan sido cedidas o transferidas por otras entidades públicas.

2. Las prestaciones personal y de transporte son compatibles entre sí, pudiendo ser aplicables simultáneamente, de forma que, cuando se dé dicha simultaneidad, los obligados a la de transporte podrán realizar la personal con sus mismos elementos de transporte.

3. La falta de concurrencia a la prestación, sin la previa redención, obligará, salvo caso de fuerza mayor, al pago del importe de ésta más una sanción de la misma cuantía, exigiéndose ambos conceptos por vía ejecutiva para su recaudación.

4. El ayuntamiento tendrá en cuenta para fijar los períodos de la prestación que estos no coincidan con la época de mayor actividad laboral en el término municipal.

5. La imposición y la ordenación de las prestaciones a que se refiere este artículo se ajustará a las prescripciones de esta ley en materia de recursos tributarios.

Artículo 129. Prestación personal

1. Estarán sujetos a la prestación personal los residentes del municipio respectivo, excepto los siguientes:

a) Menores de dieciocho años y mayores de cincuenta y cinco.

b) Disminuidos físicos, psíquicos y sensoriales.

c) Reclusos en establecimientos penitenciarios.

d) Mozos mientras permanezcan en filas en cumplimiento del servicio militar.

2. El ayuntamiento de la imposición cubrirá el riesgo por accidentes que puedan acaecer a los obligados a esta prestación.

3. La prestación personal no excederá de 15 días al año ni de tres consecutivos y podrá ser redimida a metálico por un importe del doble del salario mínimo interprofesional.

Artículo 130. Prestaciones de transporte

1. La obligación de la prestación de transporte es general, sin excepción alguna, para todas las personas físicas o jurídicas, residentes o no en el municipio, que tengan elementos de transporte en el término municipal afectos a explotaciones empresariales radicadas en este.

2. La prestación de transportes, que podrá ser reducida a metálico, por importe de tres veces el salario mínimo interprofesional, no excederá, para los vehículos de tracción mecánica, de cinco días al año, sin que pueda ser consecutivo ninguno de ellos. En los demás casos su duración no será superior a 10 días al año ni a dos consecutivos.”

Por tanto, la ordenanza cuyas alegaciones se vierten en el presente escrito, exceden la normativa básica estatal, y en consecuencia está viciada de nulidad de pleno derecho en los siguientes aspectos, que se enumeran del mismo que en la ordenanza aprobada inicialmente:

Artículo 1.- No se define con precisión el objeto de la prestación personal que denomina la ordenanza como “sextaferia”, cuando está acreditado que no existe la misma como costumbre o uso en el municipio de Ponga, estableciéndose un concepto excesivamente amplio, e incluso con un apartado e), que no define lo que puede considerarse como una infraestructura de interés exclusivo, y quién decide calificarlo como tal, o que genera inseguridad jurídica.

Artículo 2.- Las personas obligadas a realizar la sextaferia, exceden en sus requisitos los que prevén los arts 128 a 130 del TRLHL, en los siguientes extremos:

1.- El art. 129.1.a) del TRLHL contempla la prestación personal únicamente para residentes en el concejo que tengan entre 18 y 55 años, excediéndose en 10 años la Ordenanza para las personas de mayor edad.

De igual modo, se pretende de modo irregular obligar a “todos los ganaderos sin exclusión que tengan derecho al pastoreo en los montes del concejo”, regulación que excede con mucho lo previsto en los arts 129 y 130 de TRLHL, ya que extiende la obligación a residentes de fuera del municipio, e incluso les obliga a acudir a todas las actuaciones, ya sean de su uso y provecho o no, lo que no sólo es irregular, sino que se pretenden obligar a participar a reparar o crear incluso infraestructuras que ni siquiera serían de provecho de los ganaderos aludidos, como pueden ser la apertura, construcción, reconstrucción, conservación, mantenimiento, arreglo, limpieza y mejora de caminos vecinales, fuentes y lavaderos, puentes, suministros de aguas y depósitos, etc… Es más que evidente que sobre ganaderos residentes en otros concejos, el Ayuntamiento de Ponga carece de competencia para imponerles dicha obligación.

2.- Así mismo, obligar a que “todas las casas del municipio, ya estén abiertas, con humos o habitadas como mínimo de un mes al año” estén obligadas a que acudan una persona, y además con los útiles necesarios cuando puede ser una residencia vacacional, es nula de pleno derecho desde que se vuelve a obligar a personas no residentes en el municipio sin tener competencia para ello.

3.- El mismo razonamiento sirve para ganaderos que usen una cuadra como explotación, a los que no se les puede obligar a acudir a sextaferia, únicamente se les podría obligar a la prestación de transporte a aquellos que dispongan de “elementos de transporte en el término municipal afectos a explotaciones empresariales radicadas en este”, como establece el art. 130.1 del TRLHL., es decir, sólo a aquellos ganaderos que teniendo una explotación en el concejo, dispongan de elementos de transporte en el municipio, únicamente en este caso.

Artículo 3.- En cuanto a las excepciones, al igual que en el art. 2.1 de la Ordenanza objeto de alegaciones no exime a los mayores de 55 años, únicamente a los de 65, por tanto, debería reducirse esa edad a los 55 años, tal cual establece el art. 129.1.a) del TRLHL.

Artículo 5.- En cuanto a la prestación de transporte regulada en el artículo 5 de la ordenanza, sobrepasa extremadamente las condiciones que establece el art. 130 del TRLHL que se ha dejado reflejado literalmente en este escrito, pues esta prestación sólo puede alcanzar a “todas las personas físicas o jurídicas, residentes o no en el municipio, que tengan elementos de transporte en el término municipal afectos a explotaciones empresariales radicadas en este”, por tanto , todo lo previsto en este artículo que excede lo anterior es nulo de pleno derecho.

El artículo 5.3 de la ordenanza establece que como límite máximo para el empleo de medios de transporte 10 días, lo que colisiona con el art. 130.2 del TRLHL que establece que “no excederá, para los vehículos de tracción mecánica, de cinco días al año”, por tanto debería incluirse esa matización y reducir los días máximos de empleo de esta prestación para aquellos medios de transporte de tracción mecánica.

CUARTA.- Invasión de Competencias de la Parroquia Rural de Sobrefoz.- La ordenanza objeto de alegaciones, no tienen en cuenta que en su término municipal está radica una entidad local menor, con personalidad jurídica, con sus propias competencias en materia de conservación de caminos y otras infraestructuras,  su poder de decisión no puede ser vulnerado a través de la ordenanza que nos ocupa, en concreto la Parroquia Rural de Sobrefoz.

Por tanto, en el territorio de la Parroquia Rural mencionada, el Ayuntamiento de Ponga no puede inmiscuirse en sus competencias, y los Alcaldes/as de Barrio, que representan a la Alcaldía de Ponga, no a la Parroquia Rural mencionada, tampoco pueden arrogarse una competencia que no ostentan y se la arrebatan a una entidad con rango de entidad local.

En esta circunstancia, y en lo que se refiere al ámbito de la Parroquia Rural de Sobrefoz, incurren en nulidad de pleno derecho los artículos 4.3, 5.3, 5.4, 7.5, 8.2, 9, 12.1 de la ordenanza de sextaferia.

Resulta imprescindible hacer una mención especial del contenido del artículo 9 de la ordenanza aprobada inicialmente, el cual arrebata toda competencia tanto para convocar, fijar fechas, determinar las obras, distribuir trabajos y controlar las faltas, funciones que en el ámbito de la Parroquia Rural de Sobrefoz, corresponderían a su Presidente electo, y a la Junta Vecinal. Con este método, la Alcaldía parece buscar un subterfugio para dejar de lado a los legítimos representantes de una entidad local en favor de los Alclades/as de Barrio.

QUINTA.- Dificultad de algunos trabajos. Prevención de Riesgos- La ordenanza sobre a que se alega descarga excesiva responsabilidad en los vecinos del concejo para afrontar obras de infraestructuras, incluso algunas de complejidad como las que afectan al suministro de agua, por poner un ejemplo.

Los trabajos que se prevén desarrollar mediante sextaferia, conforme se describen en el artículo 1º, muchos de los cuales exigen la utilización de maquinaria y utensilios peligrosos, no están exentos de un cierto riesgo para la integridad de quienes participen en ella, que si los ejecutasen desde una empresa contratada dispondrán, deberían disponer del correspondiente instrumento o planificación de prevención y seguridad en el trabajo, así como un asesoramiento técnico facilitado por el concejo a la colectividad que desarrolle la actividad. Por tanto, resulta imprescindible que se prevean estos extremos para que la ordenanza resulte acomodada a los perfiles y exigencias de la sociedad actual.

SEXTA.- Incoveniencia política y consecuencias perjudiciales para Ponga.- El concejo de Ponga, al igual que muchas zonas rurales de Asturias, necesitan de estímulos para fijar población y evitar el éxodo que paulatinamente sufre el municipio, por tanto, sostenemos que aprobar ordenanzas como las que nos ocupa, pueden provocar un efecto de que ante las obligaciones que se pretenden implantar, así como la cuantía de las redenciones y de las sanciones, pueden provocar la salida de habitantes del concejo hacia otros lugares, vecinos incluso, que no disponen de obligaciones tan gravosas como las que se quieren implantar en Ponga por este equipo de gobierno.

De igual modo, se contemplan medidas que ahuyentan a quienes quieran establecer una actividad económica o empresarial en Ponga, al obligarles a poner a disposición de la sextaferia con más días de los legalmente establecidos en el TRLHL, los vehículos que dispongan afectos a esta actividad.

SÉPTIMA.- Ante la nulidad de pleno derecho de la regulación de la ordenanza que afecta a partes fundamentales de la misma, y siendo la misma contraria frontalmente a la regulación básica del estado contenida en los arts. 128 a 130 del TRLHL, procedería que se archivase el expediente y se desistiera de continuar con la tramitación de esta ordenanza.

Por todo lo expuesto,

SOLICITA, que tenga por presentado este escrito, lo admita, por formuladas en tiempo y forma alegaciones a la Aprobación Inicial de la ordenanza municipal reguladora de sextaferias del concejo de Ponga, publicada mediante Anuncio en el BOPA de 2 de marzo de 2018, y previos los trámites en derecho oportunos, atendiendo a las alegaciones argumentadas en el cuerpo de este escrito, desista de la tramitación de esta ordenanza y proceda al archivo del expediente.

Subsidiariamente se solicita, que se tengan en cuenta las alegaciones al articulado, y se modifique la Ordenanza en consonancia con las mismas.

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