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02/06/2018

Cristina Coto: “La voracidad fiscal del gobierno de Javier Fernández limita la capacidad de emprendimiento de los asturianos, por ello proponemos un paquete de incentivos fiscales para fomentarlo”

  • “Solicitamos una deducción del tramo autonómico del IRPF del 15% por las cantidades invertidas en sociedades mercantiles que sean PYME´s”

  • “Asturias es la Comunidad Autónoma menos dinámica de España y con unas tasas de crecimiento que nos alejan cada día más de la media española, motivo suficiente para que el gobierno cambie sus equivocadas políticas”

  • “Asturias necesita una reforma fiscal integral, urge  eliminar el Impuesto de Sucesiones y el de Patrimonio, pero también adoptar medidas fiscales para fomentar la inversión y el emprendimiento”

La presidenta de FORO, Cristina Coto, informó esta mañana de la presentación de una Proposición No de Ley en la Junta General del Principado de Asturias en la que “FORO propone incentivos fiscales para fomentar la inversión, el emprendimiento y  la creación de empleo”, argumentando que “la voracidad fiscal del gobierno de Javier Fernández limita la capacidad de emprendimiento de los asturianos, por ellos proponemos un paquete de incentivos fiscales para fomentarlo”.

 

“Conscientes de las dificultades de acceso al empleo que tienen los jóvenes en Asturias, unido a la conveniencia de impulsar en el ámbito del Principado de Asturias medidas dirigidas a fomentar la inversión, el emprendimiento y con ello la creación de empleo es una urgencia favorecer la fiscalidad de los que deciden constituir o participar en una PYME y dar con ello una salida a su situación laboral”, indicó Cristina Coto, quien puntualizó que “por ello solicitamos una deducción del tramo autonómico del IRPF del 15% por las cantidades invertidas en sociedades mercantiles que sean PYME’s”.

 

Cristina Coto resaltó que “Asturias es la Comunidad Autónoma menos dinámica de España y con unas tasas de crecimiento que nos alejan cada día más de la media española, motivo suficiente para que el gobierno cambie sus equivocadas políticas guiadas por un voraz afán recaudatorio a través de la fiscalidad, lo que limita la capacidad de emprendimiento y por tato las posibilidades de acción de los ciudadanos, restando igualmente competitividad a nuestras empresas”.

 

En ese sentido, la presidenta de FORO insistió, una vez más, en que “Asturias necesita una reforma fiscal integral, urge eliminar el Impuesto de Sucesiones y el de Patrimonio, pero también adoptar medidas fiscales para fomentar la inversión y el emprendimiento que frenen nuestra decadencia; hay que cambiar de rumbo las políticas económicas y poner el foco en el crecimiento económico y la generación de empleo. De ahí esa propuesta que ahora planteamos en la Junta General, en el convencimiento de que Asturias tiene que empezar a dejar de ser un infierno fiscal favoreciendo a los que deciden constituir o participar en una PYME”.

 

“Somos la quinta comunidad donde más IRPF pagan las rentas bajas y la segunda en el Impuesto de Sucesiones, solo por detrás de Aragón. Es harto conocida la postura de FORO, que lleva pidiendo desde 2011 eliminar este impuesto, así como el Impuesto de Patrimonio, y rebajar Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados al 7%, entre otras medidas fiscales. Y ahora proponemos esta mejora fiscal para las inversiones en sociedades mercantiles que sean PYME’s porque la caída de la población, el alto envejecimiento y las ínfimas tasas de crecimiento del PIB obligan a adoptar medidas inmediatas”.

 

Texto dispositivo de la Proposición No de Ley de FORO:

La Junta General del Principado insta al Consejo de Gobierno a modificar el Texto Refundido de las disposiciones legales del Principado de Asturias en materia de tributos cedidos por el Estado, aprobado por Decreto Legislativo 2/2014, de 22 de octubre introduciendo una deducción autonómica en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas por importe del 15% de las cantidades invertidas durante el ejercicio en la adquisición de acciones o participaciones sociales como consecuencia de acuerdos de constitución de sociedades o de ampliación de capital en las sociedades mercantiles que revistan la forma de SA, SRL, SALL o SRLL y que tengan la consideración de pymes de acuerdo con la definición de las mismas dada por la Recomendación de la Comisión Europea de 6-5-2003 con un limite de 1.000 euros anuales y debiendo cumplirse los siguientes requisitos:

a) Que, como consecuencia de la participación adquirida por el contribuyente, computada junto con la que posean de la misma entidad su cónyuge o personas unidas al contribuyente por razón de parentesco, en línea recta o colateral, por consanguinidad o afinidad hasta el tercer grado incluido, no se llegue a poseer durante ningún día del año natural más del 40% del total del capital social de la entidad o de sus derechos de voto.

b) Que dicha participación se mantenga un mínimo de tres años.

c) Que la entidad de la que se adquieran las acciones o participaciones cumpla los siguientes requisitos: que tenga su domicilio social y fiscal en el Principado de Asturias; que desarrolle una actividad económica; que, para el caso en que la inversión efectuada corresponda a la constitución de la entidad, desde el primer ejercicio fiscal esta cuente, al menos, con una persona contratada, a jornada completa, dada de alta en la Seguridad Social; y que, para el caso en que la inversión efectuada corresponda a una ampliación de capital de la entidad, dicha entidad hubiera sido constituida dentro de los tres años anteriores a la ampliación de capital y que la plantilla media de la entidad durante los dos ejercicios fiscales posteriores al de la ampliación se incremente respecto de la plantilla media que tuviera en los doce meses anteriores al menos en una persona con los requisitos anteriores, y dicho incremento se mantenga durante al menos otros veinticuatro meses (para el cálculo de la plantilla media total de la entidad y de su incremento se toman las personas empleadas en los términos que disponga la legislación laboral, teniendo en cuenta la jornada contratada en relación a la jornada completa). 

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