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03/01/2018

Cristina Coto: “Dado que el gobierno de Javier Fernández reincide en la ilegalidad de endeudarse sin autorización expresa de la Junta General, como han determinado el TSJA y el TS en sus sentencias de 2014, emprenderemos todas las acciones judiciales que procedan, incluso penales, ante un flagrante delito de prevaricación”

  • “Ya existe jurisprudencia del TS en la Sentencia 386/2017 contra el acuerdo del Gobierno del Principado que aprobó el Decreto 127/2013 que regulaba la prórroga de los Presupuestos del Principado de 2013 para el ejercicio 2014”

  • “Tanto el TSJA como el TS anularon y dejaron sin efecto la autorización para la emisión de deuda y la formalización de las operaciones de endeudamiento, con expresa condena en costas, ratificando que el gobierno de Javier Fernández se saltó la Constitución y las leyes vigentes en la materia”

  • “Estamos ante un nuevo intento del gobierno de Javier Fernández de sustracción de competencias claramente atribuidas a la JGPA al extender por decreto la autorización de las operaciones de crédito en un ejercicio a los ejercicios posteriores”

La presidenta de FORO, Cristina Coto, acompañada del diputado Pedro Leal, compareció esta mañana ante los medios informativos acreditados en la Junta General del Principado de Asturias para comentar el Decreto de Prórroga Presupuestaria para el ejercicio 2018 que entró vigor el 1 de enero. “Este Decreto confirma lo que desde FORO ya advertimos, que el gobierno de Javier Fernández pretende, una vez mas, recurrir a la deuda sin pasar por este Parlamento puesto que, si bien el Decreto sibilinamente elimina la referencia explicita a la prórroga de la deuda, esta va de suyo cuando se prorrogan por entero los capítulos 1 a 9”, señaló.

 

Cristina Coto añadió que “el informe de la Sindicatura de Cuentas sobre la Cuenta General del Principado del ejercicio 2016, además de los Tribunales de Justicia, ha corroborado de nuevo nuestra postura acerca de que en situación de prórroga presupuestaria el gobierno no puede emitir deuda sin pasar por la Cámara, porque en tal caso incumple la Constitución Española, la Ley General Presupuestaria, la Ley Orgánica de Financiación de las CC.AA. y el Texto Refundido del Régimen Económico y Presupuestario del Principado de Asturias (TREPPA). El marco legal es, por tanto, tan claro como extenso y tanto el Sr. Fernández como la Sra. Carcedo lo saben, igual que todos sabemos que la única finalidad de esta violación legal es ocultar a la Cámara para qué se endeuda el Gobierno de Asturias”.

 

“Lo saben –dijo Coto refiriéndose a la ilegalidad de la conducta del Presidente y la Consejera- porque lo ha manifestado el Tribunal Supremo y de la manera mas contundente, desestimando el recurso de casación interpuesto por el Principado de Asturias contra la sentencia de la sala de lo contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Asturias de 20 de octubre de 2014, que también perdieron, por el mismo motivo”.

 

La presidenta de FORO aludió al artículo 51.1 del Texto Refundido de Régimen económico y presupuestario del Principado de Asturias:

 

‘Artículo 51. Régimen de las operaciones de endeudamiento.

1. La emisión de deuda pública y las operaciones de préstamo por plazo superior a un año serán autorizadas necesariamente por ley, que establecerá el límite anual de cada clase de operaciones y fijará su destino y características’.

 

“Por Ley es ‘por Ley’ –insistió Cristina Coto- y hoy por hoy las leyes se aprueban en los Parlamentos. Y esto no es algo que diga FORO, que también, lo dice la Sindicatura de Cuentas, los Tribunales de Justicia, y lo ha dicho también esta Cámara que, en una Moción de 12 de febrero de 2016 aprobó a instancias de FORO y con la esperable excepción de del PSOE e IU una Moción en este sentido, instando al gobierno a que en situación de prorroga presupuestaria, si quiere seguir endeudando a los asturianos, recabe la autorización de esta Cámara, y a poder ser concretando para qué”.

 

Cristina Coto anunció que “dado que el gobierno de Javier Fernández reincide en la ilegalidad de endeudarse sin autorización expresa de la Junta General, como han determinado el TSJA y el TS en sus sentencias de 2014, emprenderemos todas las acciones judiciales que procedan, incluso penales, ante un flagrante delito de prevaricación. Ya existe jurisprudencia del TS en la Sentencia 386/2017 contra el acuerdo del Gobierno del Principado que aprobó el Decreto 127/2013 que regulaba la prórroga de los Presupuestos del Principado de 2013 para el ejercicio 2014. Tanto el TSJA como el TS anularon y dejaron sin efecto la autorización para la emisión de deuda y la formalización de las operaciones de endeudamiento, con expresa condena en costas, ratificando que el gobierno de Javier Fernández se saltó la Constitución y las leyes vigentes en la materia”.

Con todo, a juicio de la presidenta de FORO, “estamos ante un nuevo intento del gobierno de Javier Fernández de sustracción de competencias claramente atribuidas a la JGPA al extender por decreto la autorización de las operaciones de crédito en un ejercicio a los ejercicios posteriores”.

 

Coto incidió en que “en los últimos días el gobierno viene alegando diferencias interpretativas, pero quiero decir en aras de la transparencia que no existen ‘interpretaciones’ o ‘criterios divergentes en el marco de la legalidad’. ¿Qué parte no se entiende del artículo 51.1 del TREPPA? ¿O de la Constitución, o de la Ley General Presupuestaria, o de la Ley Orgánica de Financiación de las CCAA? ¿O de nuestro Texto Refundido?”.

 

Llegados a este punto, Cristina Coto se refirió al informe de la Sindicatura de Cuentas sobre la Cuenta General del Principado, “un informe que vuelve a retratar los desmanes del PSOE: El gobierno se endeuda ilegalmente pero es que también aparecen 104 millones de dicha deuda sin justificar y avales a SOGEPSA y ZALIA por importe de 181’3 millones de euros y les siguen concediendo crédito pese a ‘existir dudas razonables sobre la recuperación de los fondos’ y pese a las dudas sobre la propia continuidad de estos ‘chiringuitos’. Esto es lo que dice la Sindicatura de Cuentas. Por tanto y como radiografía: endeudamiento ilegal, facturas sin justificar y avales y créditos a ‘chiringuitos’ sin saber si se van a recuperar; avales y créditos que son dinero de todos los asturianos. Es la constatación de una absoluta falta de respeto a los principios de legalidad, eficacia y eficiencia”.

 

“No es tolerable que el agujero de las empresas públicas asturianas continúe avalándose con millones de euros, porque cuando el Principado avala una cantidad y el deudor no paga, el aval se ejecuta a costa del dinero público de todos los asturianos y así, por ejemplo, en el ejercicio 2016, se ejecutó un aval a Alas Aluminium por más de 2 millones de euros, que se suman a otros 39 avales más ejecutados. Pues bien, de esos 40 avales ejecutados hay pendiente de cobro 25.850.000 euros de todos los asturianos. ¿Conciben ustedes avalar a alguien que saben que no va a pagar? Pues es lo que está haciendo el gobierno del Sr. Fernández, eso sí, con pólvora ajena”, señaló.

 

“En la misma línea de tropelías –continuó Cristina Coto-, la Sindicatura refleja que el Principado tampoco ha provisionado los créditos a largo plazo de los ‘chiringuitos’, aunque existen dudas razonables en relación a la recuperación de los mismos, especialmente en lo referido a los créditos a SOGEPSA, con un Gobierno empecinado en su conversión en pública para agrandar el gigantesco cráter pero cuyo riesgo por apalancamiento hace que cualquier gestor debiese provisionar todo el crédito pendiente de reembolso. Yendo al ejemplo coloquial, si hay riesgo de que no se recupere el dinero ‘puesto’, al menos debería ‘dejarse’ dinero ‘guardado’ para afrontar una contingencia más que posible. La situación es de absoluto desdén para con la prudencia y la buena gestión, y tiene lógicamente su paradigma en el sector público empresarial”.

 

Respecto a la deuda, Cristina Coto manifestó que “las auditorias se realizan cogiendo ‘muestreos’ de la documentación. Este año, la Sindicatura analizó 174 facturas de un conjunto de millones de facturas del Principado. Pues bien, de esas 174 facturas, casi un 5%, que suman un importe cercano a los 2 millones de euros, fueron objeto de ‘reparo suspensivo’, es decir, que se descartó su pago por ser fruto de una obligación contraída ‘prescindiendo  total  y  absolutamente  del procedimiento legalmente establecido’. Es decir, son nulas, lo dice la Sindicatura de Cuentas, pero fueron convenientemente ‘sanadas’ por  Acuerdo del Consejo de Gobierno”.

 

“Y ahora les voy a poner un ejemplo que les voy a sonar: imagínense que ‘alguien’ compra 30 pupitres para un colegio asturiano pero no hay  procedimiento de licitación, o no hay dotación presupuestaria, o no consta el aval del servicio competente para la contratación, o que hay dudas en relación a la documentación acreditativa de la operación... en estos casos la factura debiera desecharse, el responsable poner un ‘reparo suspensivo’ y, de proceder, la Intervención actuar. Les estoy hablando del ‘Caso Marea’, y de evitar que se vuelva a repetir. El gobierno del Sr. Fernández no ha entendido la lección del ‘Caso Marea’ y a partir de ahí, cuando falta esa voluntad política de hacer las cosas bien, no hay Oficinas Anticorrupción, Intervenciones Generales o Sindicaturas de Cuentas que valgan. Porque les estoy hablando de gastos facturados sin contrato, autorización ni fiscalización previa, prescindiendo efectivamente de las formalidades contractuales y presupuestarias e incumpliendo el principio de anualidad presupuestaria al  prestar un servicio sin la preceptiva adjudicación y formalización del contrato o convenio”, dijo la presidenta de FORO.

 

En sus argumentos, Cristina Coto expuso que “este gobierno esta subsanando nulidades de pleno derecho por acuerdos políticos sin que coste alguno. Las irregularidades son muchas y graves; para empezar, la propia falta de colaboración del Gobierno que no facilitó a la Sindicatura el acceso informático  en tiempo real al ejercicio fiscalizado, ni la contabilidad del ejercicio 2016  hasta el 22 de junio de 2017. Gravísimo es que no se hayan podido fiscalizar los acreedores por facturas pendientes de recibir o formalizar del SESPA, un auténtico cajón de facturas pendientes”, y añadió algo que se refleja en el informe: “Desde 2016, al menos, el gobierno lleva modificando créditos destinados al pago de intereses y amortización de prestamos, CUANDO ESTO ESTÁ PROHIBIDO por el TRREPPA, que solo contempla esta posibilidad para cuando se produzca una modificación de las condiciones en que se concertó la operación. Y la consejera es tan consciente de esta artimaña que intentó cambiar el TRREPPA este año en el fallido Proyecto de Ley de Presupuestos, cuando quiso eliminar esa posibilidad. FORO registró una enmienda para vetar, o intentarlo, tal posibilidad”.

 

(Art. 52.2 del TREPPA: ‘Los créditos  consignados  en  los  presupuestos  para  pago  de intereses  y  amortizaciones  de  préstamos  y  deuda  no  podrán  ser  objeto  de modificación,  en  tanto  no  se  varíen  las  condiciones  en  que  se  concertaron  las operaciones’).


“Así pues, tenemos un Presidente centrado en Cataluña –sin que sea este un tema menor- y una Consejera haciendo y deshaciendo a su antojo en tanto que no existe ni contabilidad analítica ni un control de cumplimiento de los programas, por lo que no puede evaluarse el grado de eficacia y eficiencia alcanzado en la gestión presupuestaria. Esto es lo que hay, un gobierno en minoría obviando la legalidad más elemental, y en materia de recursos públicos, que esto es lo mas grave. A ellos les da igual porque paga el asturiano”, concluyó Cristina Coto.

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