Foro Asturias en Facebook Foro Asturias en Twitter Foro Asturias en Google Plus
Foro Asturias en Youtube Foro Asturias en Flickr Foro Asturias RSS

01/11/2017

Pedro Leal: “El Gobierno de Javier Fernández pretende subir las tasas de recogida de basuras a los asturianos un 300% con un Plan de Residuos que carece de estudio económico y no ofrece datos del coste del servicio”

  • “FORO presenta alegaciones al Plan de Residuos 2017-2024 para restablecer la legalidad, impedir el abuso fiscal, evitar un nuevo castigo a los asturianos y enderezar la negligente política de tratamiento de basuras de Javier Fernández”

  • “La omisión de informes económicos veraces y fundamentados en datos objetivos para determinar los costes de explotación del servicio a prestar, invalidan por completo el PERPA 2017-2024, e incumplen la Ley 8/89 de Tasas y Precios Públicos”

  • “Se repiten los mismos vicios de la Consejera anterior, al omitirse trámites esenciales del procedimiento como la evaluación ambiental estratégica, las consultas previas a Ayuntamientos, las modificaciones urbanísticas imprescindibles o la información sobre la alternativa de combustible sólido recuperado”

  • “Por todo ello, FORO solicita la revisión del PERPA 2017-2024, con nulidad de lo actuado y retroacción del expediente, conforme a los términos explicados en el cuerpo de nuestras alegaciones”

El diputado de FORO en la Junta General del Principado de Asturias, Pedro Leal, ha comparecido hoy en rueda informativa para anunciar que FORO ha formulado ante la Consejería de Infraestructuras, Ordenación del Territorio y Medio Ambiente, en el trámite de información pública para efectuar alegaciones frente al Estudio Ambiental Estratégico y la Versión Inicial del Plan del Plan Estratégico de Residuos del Principado de Asturias 2017-2024, y ha manifestado que “las carencias del Plan son propias de un Gobierno poco serio, irresponsable, que actúa en contra de los asturianos. El Gobierno de Javier Fernández pretende subir las tasas de recogida de basuras a los asturianos un 300% con un Plan de Residuos que carece de estudio económico y no ofrece datos del coste del servicio” y argumentó que “en el Plan no se incluye una memoria económica financiera correctamente definida, fundamentada en estudios completos que incluyan los cálculos económicos realizados, basados en información acreditada y auditada del servicio prestar, en este caso el tratamiento de residuos, determinando el coste de explotación conforme a datos verificables, contrastados y fehacientes”. Añadió que “la omisión de informes económicos veraces y fundamentados en datos objetivos para determinar los costes de explotación del servicio a prestar, invalidan por completo el PERPA 2017-2024, e incumplen la Ley 8/89 de Tasas y Precios Públicos, concretamente los arts. 25 y 26 que establecen en base a qué se tienen que fijar éstos”.

 

“A esta causa se puede añadir que el Plan de Residuos 2017-2024 ampara un descomunal incremento de la fiscalidad en lo que a tasas de basura se refiere, porque los planteamientos del documento llevan aparejados, de un primer término, un aumento sustancial de las tarifas de gestión del tratamiento de residuos que, en segundo término, se girarían a los Ayuntamientos integrantes del Consorcio COGERSA, entes locales que se verían obligados a repercutirlas mediante sus correspondientes tasas municipales a sus vecinos, provocando una salvaje subida fiscal del citado tributo. No existe una sola razón fundamentada en algún valor contrastado que justifique un incremento de tarifas tan escandaloso, sin precedentes, y sin conocerse el coste real del servicio que en el PERPA no está detallado ni acreditado, ya que todo son estimaciones con poco fundamento”, advirtió Pedro Leal.

 

“FORO –continuó- presenta alegaciones al Plan de Residuos 2017-2024 para restablecer la legalidad, impedir el abuso fiscal, evitar un nuevo castigo a los asturianos y enderezar la negligente política de tratamiento de basuras de Javier Fernández, pues entendemos que este modelo continuista de tratamiento y gestión de residuos que se plantea en el Plan sobre el que se formulan alegaciones, a nuestro entender, un modelo agotado, se configura alrededor de un marco muy complejo jurídicamente que restringe las posibilidades de defensa de los contribuyentes ante un escenario que va dirigido, de nuevo, a esquilmar el bolsillos de los asturianos. Por tanto, de un lado, los ciudadanos se convierten en rehenes de las tarifas que se aprobarán en los órganos de COGERSA, las cuales no son recurribles directamente por cualquier ciudadano, y de otro lado, los Ayuntamientos también son rehenes del Principado de Asturias cuando se les habilita un Plan Estratégico de Residuos que permite a un Consorcio incrementarle las pertinentes tarifas, sin fundamento en ningún estudio económico que verifique el coste real del servicio con forme a la Ley 8/1989 de Tasas y Precios Públicos,  condenando a los consistorios asturianos irremediablemente a incrementar las tasas de basuras, asumiendo los Ayuntamientos este coste político y jurídico”.

 

Pedro Leal recordó que “se repiten los mismos vicios de la Consejera anterior, al omitirse trámites esenciales del procedimiento como la evaluación ambiental estratégica, las consultas previas a Ayuntamientos, las modificaciones urbanísticas imprescindibles o la información sobre la alternativa de combustible sólido recuperado, suficientes por sí mismos para ser causa de anulación en vía jurisdiccional de no ser acogidas las alegaciones de FORO, subsanando las numerosas omisiones, y no sería esta cuestión nueva, pues desafortunadamente ya hemos asistido a sucesivas anulaciones de la planificación de la gestión de residuos en nuestra CC.AA. por circunstancias similares, provocando de nuevo innecesarios años de costosas reclamaciones judiciales que muy presumiblemente abocarían a Asturias a reiniciar la tramitación, cuando las multas de la Unión Europea derivadas del incumplimiento del Compromiso 2020 fueran inexorables”.

 

Por último, “se observa una ausencia de ambición en el presente Plan Estratégico de Residuos que refleja que ha sido modificado con prisas y cierta precipitación, para cumplir los requisitos que la Unión Europea nos exige para el año 2020. Las medidas que contempla resultan del todo insuficiente a día de hoy, cuando ya se están dando nuevas recomendaciones que serán de obligado cumplimiento, o al menos alguna de ellas en el año 2030. Es necesario pues, aprovechar la ocasión, y ofrecer un  Plan de Residuos más ambicioso y que recoja ya lo que en un futuro muy próximo sea una realidad. De lo contrario dotaremos al Principado de Asturias de un PERPA, que apenas entre en vigor en fechas próximas al año 2020, ya se encuentre prácticamente desfasado ante los nuevos retos que en materia de residuos se están gestando desde la Unión Europea”.

 

“Por todo ello, FORO solicita la revisión del PERPA 2017-2024, con nulidad de lo actuado y retroacción del expediente, conforme a los términos explicados en el cuerpo de nuestras alegaciones”, concluyó Pedro Leal.

 

Alegaciones presentadas por FORO:

 

         PRIMERA.- SOBRE EL INCREMENTO DE LAS TARIFAS DE LA RECOGIDA DE BASURAS. AUSENCIA DE LA ESTIMACIÓN OBJETIVA DE LOS COSTES DE EXPLOTACIÓN. ANÁLISIS ECONÓMICO INCOMPLETO.-

         1.1.- SOBRE EL INCREMENTO DE LAS TARIFAS.-

La Ley 22/2011 citada, en su artículo 11.1, establece que el coste de gestión de los residuos recaerá de acuerdo al principio de “quien contamina, paga”.

         El Plan, para abordar la financiación de las inversiones que contempla, se limita a recordar ese principio y a señalar que el incremento de las tarifas a cobrar por COGERSA a los ayuntamientos hasta el año 2024  será significativo.

         Según reza dentro de los objetivos estratégicos de futuro, y dentro de sus principios rectores:

          Eficiencia en la intervención de la Administración:

         Este principio  tiene por objeto equilibrar elementos como el bien común, consagrado en el principio de protección del medio ambiente y la salud de las personas, y el coste de las soluciones, que tiene asimismo una repercusión sobre los ciudadanos. En ello tiene un papel importante la optimación de los  medios de que ya dispone la región para acometer soluciones a los problemas en materia de residuos.

         Pues bien, ese Principio de eficiencia en la intervención de la Administración, pasa inexcusablemente por la optimación de los recursos económicos. Resulta incomprensible que mientras que desde el Plan se anuncie como un hecho consumado una subida significativa en las tarifas, que será abonada finalmente por los ciudadanos a través de las correspondientes tasas municipales de basura,  y en ningún momento se haga alusión a las cuantías económicas que dispone en cuentas bancarias el Consorcio COGERSA, y su ente instrumental COGERSA,SAU y que servirían para evitar ese incremento que se prevé .

         Con ánimo de concreción, en la página 262 del documento de Versión Inicial del PERPA, cuando se recoge textualmente que “debido a que las tarifas que actualmente se aplican al tratamiento de residuos son muy reducidas, incluso por debajo de los costes de explotación de las infraestructuras existentes, el incremento de las mismas hasta 2020 podrá ser significativo, si bien se concentrará mayoritariamente a partir del año 2020”. Una de las incongruencias, es que no se determina en el citado Plan de Residuos en qué consiste ese “incremento significativo”, sobre qué datos, números o costes de explotación se llega a tal conclusión. Así mismo, según los cálculos estimados en la Memoria económica de las alternativas presentadas en el meritado Plan Estratégico de Residuos, la subida fiscal puede llegar a un incremento sustancial de las tarifas, que posteriormente se girarían a los Ayuntamientos integrantes del Consorcio COGERSA, los cuales se verían obligados a repercutirlas mediante sus correspondientes tasas municipales a sus vecinos, provocando un enriquecimiento injusto tanto al Gobierno del PPAA, como a COGERSA.

         Por tanto, lo que en el Plan de Residuos se denomina un “significativo incremento” de las tarifas de gestión de residuos; las fuentes que salen de la Consejería de Medio Ambiente y cuyas opiniones se han trasladado a los medios de comunicación,  la estiman en un 300%, lo supone triplicar de un plumazo las tasas de basura municipales, previsión que vulnera el derecho a recibir un tratamiento fiscal justo que de ninguna de las maneras puede rebasar el coste del servicio prestado.

         Además, como se afirma en el propio plan que se somete a información pública: “la  subida  concreta  de  las  tarifas  de  tratamiento  que  COGERSA  cobra  a  los  Ayuntamientos por la gestión de los residuos que éstos entregan al Consorcio, será aprobada cada año  en sus órganos de gobierno”. Con esta redacción concreta, la subida de tarifas por la recogida y tratamiento de basuras, es más previsible, es ya un hecho que confirman los cálculos del análisis económico de alternativas que trasladan, basado insisto, únicamente en estimaciones, de las cuales se desconocen su procedencia, y los datos objetivos en que se fundamentan. Lo que resulta del todo improcedente, es que se proponga esta subida, sin conocerse el coste real del servicio, en el PERPA no está detallado ni acreditado este coste del servicio, todo son estimaciones de dudoso fundamento y sin base objetiva que los sustenten.

         Esta cuestión es relevante porque si se produce un aumento “considerable” de las tarifas de COGERSA a los Ayuntamientos estos podrían quizás en algunos casos optar por no asumirlas y plantearse otro modelo de gestión saliéndose del consorcio, bien propio o bien con otro ente o empresa distinto a COGERSA que les garantizase o un menor coste para sus vecinos o bien un mejor cumplimiento de la jerarquía de residuos.

         1.2.- AUSENCIA DE LA ESTIMACIÓN OBJETIVA DE LOS COSTES DE EXPLOTACIÓN. ANÁLISIS ECONÓMICO INCOMPLETO.-

         No existe una Memoria Económica bien entendida, que incluya aquellos aspectos que sean necesarios e imprescindibles para la correcta ejecución del Plan, de acuerdo con criterios objetivos, evaluables y contrastables, ni tampoco un estudio económico-financiero objetivo donde se plasmen datos sobre  los costes reales de explotación del tratamiento de residuos tal cual se plantean en el documento, que al menos permitan apreciar correctamente el alcance y verdadera dimensión del PERPA 2017-2024, ya que en ningún momento se describe de una forma pormenorizada las actuaciones a desarrollar durante la vigencia del Plan, ni tampoco se contiene un plan de trabajo previsto, incluyendo un cronograma con los principales hitos de la inversión que se propone, más allá de lo que  se puede denominar una mera declaración de intenciones contenida en gráficos en el ANEXO 6  de la Versión Inicial del Plan.

         En el Apéndice de Análisis Económico de Alternativas del Documento Inicial Estratégico, se limita a realizar una descripción literaria de los cálculos realizados para obtener el coste total de explotación de las distintas alternativas del sistema de gestión de residuos domésticos y comerciales, que se plantea posteriormente repercutir  sobre los ciudadanos, únicamente con fundamento en hipótesis o estimaciones, de las que no se explica ni se señala su origen. La inseguridad en este apartado es total cuando se llega a reconocer incluso, y se cita textualmente:

“Es importante resaltar la elevada volatilidad de todos los precios reseñados, que pueden variar en más de un 30% interanual según precios de mercados no regulados, el coste de las materias primas a las que pueden sustituir en los procesos industriales, los convenios que se firmen con los sistemas integrados de gestión, y otros factores no controlables.”

Con esta falta de rigor a la hora de formular las hipótesis, aún teniendo en cuenta estos inconvenientes, no pueden considerarse válidos estos datos reflejados someramente y que afectan tanto a las nuevas inversiones a realizar para prestar el servicio , como a aquellas sobre instalaciones ya existentes y/o pendientes de amortizar.

De igual modo, y como muestra de la inseguridad jurídica y económica que se refleja en todo el Plan, transcribimos el siguiente párrafo que a modo de conclusión se argumenta para finalizar el Apéndice de Análisis Económico de Alternativas,

Es importante reseñar que este coste es un mero indicador que permite hacer comparaciones relativas entre alternativas, pero no un coste total repercutible a tarifa.

El precio público de repercusión a las entidades locales por la gestión del residuo, incorpora otros criterios; entre ellos los siguientes:

-                    Solo se repercute el coste de los residuos de competencia municipal. (En este modelo se han tratado conjuntamente los residuos domésticos con los residuos de lodos y los residuos industriales no peligrosos, que tienen precios públicos o de gestión distintos)

-                    Los precios públicos pueden diferenciar flujos de residuos como los biorresiduos, que en este modelo se han valorado conjuntamente con otros

-                    Se pueden compensar costes de la gestión del residuo de competencia municipal con ingresos de otras fuentes, como por ejemplo la gestión de los residuos industriales no peligrosos

-                    Para el cálculo de precios públicos han de incorporarse muchos otros conceptos como otros gastos (p.ej. el servicio de la deuda o los costes generales fijos y variables como el personal de Cogersa); y otros ingresos (rentas por ejemplo)

Conforme a la redacción anterior, queda acreditado por los propios redactores del Plan:

1º Que no se ha tomado como base los datos correctos u objetivamente posibles para llegar a la determinación del coste explotación, ya que para el cálculo del precio público o tarifa que se ha de repercutir a los Ayuntamientos asturianos, se reconoce expresamente que se incluyen junto con los residuos de competencia municipal, otros que no lo son, como los relativos a lodos y residuos industriales no peligrosos, por tanto su resultado será erróneo siempre, ya que parte de una base inexacta.

2º Que se admite expresamente que para el correcto cálculo del precio público correspondiente, “han de incorporarse otros muchos otros conceptos como otros gastos”, pero incomprensiblemente ni siquiera se mencionan o detallan, por lo que con fundamento en la afirmación anterior, que expresamente figura en las referidas conclusiones del Apéndice de Análisis Económico de Alternativas del Documento Inicial Estratégico, todo coste de explotación estimado en el documento es incompleto y, por lo tanto, impreciso, inexacto y falso, y sobre el mismo no se puede establecer previsión económica, y vicia todo el Plan de nulidad.

A mayor abundamiento, en el mencionado Apéndice de Análisis Económico de Alternativas del Documento Inicial Estratégico, no se valora económicamente  todas las alternativas presentadas en el documento frente al que ahora se alega, obviando, más específicamente, la alternativa 7 elegida finalmente para el tratamiento de la denominada bolsa negra, opción que no ha sido objeto de dicha estimación, aunque se base en nuevos datos inexactos o se englobe en una estimación conjunta con datos de otras alternativas, igual de erróneos e imprecisos.

Es imprescindible recordar, que para la determinación de un Precio Público, se deben de observar los requisitos de los arts. 25 y 26 de la Ley 8/1989, de 13 de abril de Tasas y Precios Públicos, que establecen:

Artículo 25. Cuantía

1. Los precios públicos se determinarán a un nivel que cubra, como mínimo, los costes económicos originados por la realización de las actividades o la prestación de los servicios o a un nivel que resulte equivalente a la utilidad derivada de los mismos.

2. Cuando existan razones sociales, benéficas, culturales o de interés público que así lo aconsejen, podrán señalarse precios públicos que resulten inferiores a los parámetros previstos en el apartado anterior, previa adopción de las previsiones presupuestarias oportunas para la cobertura de la parte del precio subvencionada.

 

Artículo 26. Establecimiento y modificación

1. El establecimiento o modificación de la cuantía de los precios públicos se hará:

  • a) Por Orden del Departamento ministerial del que dependa el órgano que ha de percibirlos y a propuesta de éste.
  • b) Directamente por los organismos públicos, previa autorización del Departamento ministerial del que dependan.

2. Toda propuesta de establecimiento o modificación de la cuantía de precios públicos deberá ir acompañada de una memoria económico-financiera que justificará el importe de los mismos que se proponga y el grado de cobertura financiera de los costes correspondientes.”

    En todo el documento, se mencionan afirmaciones como que los “los costes relativos a la gestión de residuos han de ser a cargo del productor o poseedor del mismo”, de que el modelo de gestión facilita la aplicación del principio “quien contamina paga”, sin embargo, dicha memoria económica financiera que lo pueda sustentar brilla por su ausencia.

Resulta contradictorio que en el apartado de Planificación, Apartado C)5. Financiación, se reconozca literalmente que “en la determinación de los costes de gestión de los residuos de competencia municipal (domésticos y comerciales) – que se trasladan a los ciudadanos y comerciantes a través de las correspondientes tasas – se ha de incluir el coste real de las operaciones de gestión – incluyendo el tratamiento y la vigilancia de esas operaciones-”, y que a pesar de ello, no exista ninguna memoria económica financiera que justifique el coste real de explotación al que se refiere el propio documento frente al cual se alega, basado en datos contrastables y fidedignos, para poder determinar el importe de los precios públicos conforme al art. 26.2 de la Ley 8/1989, de 13 de abril de Tasas y Precios Públicos, y que nos permite concluir que los cálculos económicos fijados en la Versión Inicial del PERPA 2017-2024 , no permiten conocer de manera objetiva el gasto real tanto de los servicios como de las inversiones del presente PERPA.

Por tanto, la ausencia de una memoria económica financiera, fundamentada en estudios completos que incluyan los cálculos económicos realizados por la administración que tramita el Plan sometido a información pública, basados dichos cálculos en información acreditada y auditada del servicio prestar, determinando el coste de explotación conforme a datos verificables, contrastados y fehacientes hacen de suyo inviable el PERPA 2017-2024, y lastran su posterior ejecución.

         SEGUNDA.-DE LOS ERRORES Y OMISIONES EN LA TRAMITACIÓN QUE PODRÍAN DAR LUGAR A LA ANULACIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO DE RESIDUOS DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 2017-2024.-

2.1.-ERRORES EN LA TRAMITACIÓN DE LA EVALUACIÓN AMBIENTAL ESTRATÉGICA ORDINARIA.-

Por Resolución de 12 de mayo de 2016 de la Consejería de Infraestructuras, Ordenación del Territorio y Medio Ambiente se inicia la revisión del Plan Estratégico de Residuos del Principado de Asturias 2014-2024. Este Plan 2014-2024 fue sometido al preceptivo trámite de Evaluación Ambiental Estratégica Ordinaria, prevista en la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental.

Dicho procedimiento, a instancias de la Dirección General de Prevención y Control Ambiental dependiente de la Consejería de Infraestructuras, Ordenación del Territorio y Medio Ambiente, se inicia, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 18 de la mencionada Ley 21/2013, mediante solicitud acompañada del borrador del plan y del documento inicial estratégico.

El Documento Inicial Estratégico que acompañaba la solicitud debió  contener, por obligación legal, “el alcance y contenido del plan o programa propuesto y de sus alternativas razonables, técnica y ambientalmente viables”. Sin embargo, no contemplaba todas las alternativas presentadas en el documento frente al que ahora se alega, obviando, más específicamente, la alternativa 7 elegida finalmente para el tratamiento de la denominada bolsa negra.

Por tanto, habiendo sufrido el Borrador inicial y el Documento Inicial Estratégico cambios sustanciales respecto al documento actual de revisión del Plan Estratégico de Residuos del Principado de Asturias 2014-2024, el trámite de Evaluación Ambiental Estratégica Ordinaria debería retrotraerse a su inicio, y de no efectuarse, haría incurrir en nulidad de pleno derecho la tramitación que nos ocupa,

2.2.- CARENCIA DE TRÁMITES PRECEPTIVOS DE LA LEY 22/2011 LA LEY 22/2011, DE 28 DE JULIO, DE RESIDUOS Y SUELOS CONTAMINADOS.-

El artículo 14.2 de la Ley 22/2011 indica que “las Comunidades Autónomas elaborarán los planes de gestión de residuos, previa consulta a las entidades locales en su caso, de conformidad con esta Ley”.

Como viene siendo habitual en respuestas a las alegaciones presentadas a otros Planes Estratégicos previamente tramitados, no puede acogerse el argumento de que se ha dado cumplimiento al trámite de Evaluación Ambiental Estratégica Ordinaria, previsto en la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, más específicamente, de las consultas del artículo 22 de la misma, habida cuenta que el Documento Inicial Estratégico difiere sustancialmente del actual Documento, como se refleja en la alegación 2.1.

En los mismos términos, la excusa habitualmente alegada de contrario de la existencia de las denominadas "consultas previas" a los ayuntamientos asturianos no da cumplimiento al trámite específico y reglado del artículo 14.2 de la Ley 22/2011, como tampoco lo hace la existencia  de una suerte de jornadas técnicas, organizadas por COGERSA cuyo supuesto valor consultivo ni siquiera debe entrarse a valorar, para intentar poder subsanar esas “consultas previas”, y con ello, se orilla de nuevo  abiertamente la autonomía local, en la medida en que, de acuerdo a lo dispuesto con meridiana claridad en el apartado segundo del artículo 14 de la Ley 22/2011, de 28 de julio, de Residuos y Suelos Contaminados, la Consejería de Fomento, Ordenación del Territorio y Medio Ambiente ha hurtado a todos los Ayuntamientos de Asturias de un necesario e indispensable debate previo a la elaboración del planeamiento que ahora nos ocupa incluyendo una nueva alternativa

Ciertamente, la ausencia de esa Consulta -que a tenor de la vigente legislación de residuos debiera haberse realizado con carácter previo al Anuncio del trámite de información pública de la presente Versión Inicial del PERPA 2017-2024 , comporta una manifiesta vulneración del procedimiento legalmente establecido y supone, de hecho, una palmaria ilegalidad que vicia por entero el citado Plan cuya elaboración técnica, al menos parcialmente, ha sido abordada al margen del parecer de las Entidades Locales asturianas.

En fin, la advertida consulta no es, en absoluto, una mera formalidad superflua de la que pudiera prescindirse sin más, pues resulta, en cambio, una evidente y reconocible expresión de la autonomía local consagrada en el artículo 137 de la Constitución (con el complemento de los artículos 140 y 141 de nuestra Carta Magna) que debiera de haber sido respetada por la Comunidad Autónoma a fin de que las distintas Administraciones Locales asturianas sean reconocibles en tanto que Entes dotados de autogobierno, por cuanto su omisión ha supuesto, en efecto, una disminución efectiva, real y trascendente de ese autogobierno propio de todos los Ayuntamientos de Asturias.

No en vano, esa disminución de la autonomía local y la quiebra del principio de lealtad institucional que la omisión de dicha consulta comporta, en modo alguno puede suplirse a través del sometimiento a información pública de un documento de planeamiento autonómico de gestión de residuos ya elaborado , al margen del criterio y opinión de las Entidades Locales en aspectos sustanciales que han sido objeto de modificación, por cuanto el momento en que el legislador ha considerado conveniente que los distintos Ayuntamientos afectados por un Plan Autonómico de Gestión de Residuos puedan hacer valer de manera adecuada, suficiente y motivada ante la Comunidad Autónoma, las exigencias que en orden al eventual contenido de dicho planeamiento resulten de los intereses públicos cuya gestión les está encomendada es, con toda lógica, antes de la elaboración de ese Plan y, desde luego, no en un momento posterior sometiendo a su consideración un instrumento de planeamiento ya elaborado, como decimos, con todo detalle y que pretende imponérseles al margen de su criterio.

Por tanto, existiendo modificaciones sustanciales posteriores a los documentos iniciales, se ha vulnerado de forma flagrante la autonomía municipal al no haberse tenido en cuenta que las aportaciones de los ayuntamientos en la definición del modelo de gestión de residuos son consustanciales a la elaboración de un Plan de esta magnitud.

2.3.-FALTA DE CORRESPONDENCIA CON EL PLAN TERRITORIAL ESPECIAL VIGENTE.-

El BOPA del 4 de agosto de 2014 publicaba el Acuerdo adoptado por el Pleno de la Comisión de Urbanismo y Ordenación del Territorio del Principado de Asturias (CUOTA), en su sesión de 21 de julio de 2014, relativo a la aprobación definitiva del Plan Territorial Especial área de Tratamiento Centralizado de Residuos de Asturias de los concejos de Llanera, Gijón, Corvera y Carreño.

Dicho Plan Territorial Especial contempla la respuesta a la ampliación soportada en un modelo de gestión de residuos basado en el recrecimiento del vertedero y la valorización. Ha de señalarse que el Plan Territorial es de obligado cumplimiento para particulares y Administraciones Públicas, siendo nula de plano derecho cualquier reserva de dispensación (Artículo 6).  Asimismo, y de acuerdo con el Artículo 7, la Memoria que compone el Plan Territorial Especial debe justificar el ámbito elegido y los criterios de ordenación propuesta”, y en su artículo 24 se reflejan las Instalaciones de gestión y tratamiento de residuos.

Posteriormente, en agosto de 2017 la opción de la valorización energética por incineración es descartada por razones exclusivamente políticas  (justificación A] 2) y se contemplan alternativas nuevas como las plantas de combustibles alternativos derivados de los residuos como CSR o CDR, en la revisión del Plan 2014-2024 de la que traen causa las presentes alegaciones que no son asimilables dentro de ninguna de las categorías referidas en el artículo 24 del mencionado Plan Territorial Especial, habida cuenta que la categorización como una clasificación “numerus apertusdel punto 3 del referido artículo 24, ni puede ni debe ser, por razones de seguridad jurídica elemental, una carta blanca para cualquier instalación cuando no sean asimilables a las ya descritas y enumeradas en los párrafos que le preceden, como acontece en el presente caso, al contemplarse una nueva alternativa de una instalación de valorización por vía química no prevista urbanísticamente hasta la fecha, y a su vez, no asimilable con ninguna de las opciones previstas en el art. 24 del planeamiento que nos ocupa.

Es palmario que la revisión del Plan 2014-2024 no se ajusta en modo alguno al Plan Territorial que en materia urbanística y de Ordenación del Territorio le  sirve de soporte, por tanto, sería necesaria la tramitación de la modificación de dicho Plan Territorial Especial, previa tramitación legal oportuna para poder acoger la opción de una planta de valorización por vía química de Combustibles (CDR o CSR).

2.4.- DE LA OMISIÓN DE INFORMACIÓN IMPRESCINDIBLE PARA LA EVALUACIÓN DE LA ALTERNATIVA DE COMBUSTIBLE SÓLIDO RECUPERADO:

En el Plan Estratégico, la alternativa 7 elegida finalmente para el tratamiento de la denominada bolsa negra, no se describe en cuanto a sus efectos de la misma forma que las alternativas restantes, no estando igual de detallada en relación a un diagrama o un balance de masas pormenorizado, por lo que no es posible compararla en términos homogéneos con las restantes alternativas.

A mayores, esta alternativa se convierte en la opción de preferencia de un Plan publicado en el BOPA de 25 de agosto de 2017, cuando el del convenio que desarrolla dicha alternativa, fue firmado con HUNOSA para llevar a cabo dicho proceso en sus instalaciones de La Pereda (Mieres)en fecha 22 de agosto de 2017, lo que genera dudas en relación a la introducción de esta alternativa ad-hoc para el cumplimiento de dicho convenio y que de ahí se derive la falta de detalle constatada. 

En conclusión, estos hechos son suficientes por sí mismos para ser causa de anulación en vía jurisdiccional de no ser acogidas las presentes alegaciones y retomada su tramitación subsanando las numerosas omisiones, y no sería esta cuestión nueva, pues hemos asistido a sucesivas anulaciones de la planificación de la gestión de residuos en nuestra Comunidad por circunstancias similares, lo que haría que un buen gestor rectificase y actuase de conformidad con los más elementales principios administrativos, haciendo innecesario años de costosas reclamaciones judiciales que muy presumiblemente abocarían a Asturias a reiniciar la tramitación cuando las multas de la Unión Europea derivadas del incumplimiento del Compromiso 2020 fueran inexorables.

         TERCERA.- CONTAMINACIÓN Y JERARQUÍA DE RESIDUOS.-

En primer término es necesario afirmar la perentoria necesidad de que nuestra Comunidad Autónoma cumpla con las directrices de la UE, en materia de medio ambiente.

         De la misma manera, según consta en  las principales necesidades a satisfacer por el plan,  la necesidad de identificar alternativas técnicas ambiental y económicamente viables, más allá de la incineración , cuando en el plan vigente se dedicaban los dos tercios del presupuesto del Plan, a financiar una contaminante planta incineradora (valorización energética, apartado d) de la jerarquía), puesto que se presentaba en su día como “ la única alternativa” y un flagrante incumplimiento de la jerarquía de residuos (Ley 22/2011 de Residuos y Suelos Contaminados).

         Efectivamente, La Ley 22/2011, de 28 de julio, de Residuos y Suelos Contaminados, en su artículo 8, con el fin de reducir la contaminación,  obliga a las administraciones competentes en materia de residuos a aplicar la jerarquía de residuos por el siguiente orden de prioridad:

         a) Prevención,

         b) Preparación para la reutilización,

         c) Reciclado,

         d) Otro tipo de valorización, incluida la valorización energética,

         e) Eliminación.

         Se hace necesario aumentar los porcentajes de residuos reutilizados o reciclados e intentar llegar a conseguir los objetivos legales de alcanzar el 50% en 2020 (art. 22 de la mencionada Ley).

         En la gestión de residuos, la prevención en virtud de lo anterior ha de ser prioritaria, y así se plasma en los objetivos  estratégicos de futuro del  documento, que deberían constituir los Principios Rectores, del plan presentado. Sin embargo:

         - En el Plan de Prevención apenas se proponen nuevas medidas concretas de reducción (por ejemplo, ninguna legislativa o fiscal efectiva) ni se plantea ir más allá de la reducción obligatoria del 10% de los residuos en el año 2020, establecida en el artículo 15 de la Ley 22/2011. Se presenta la prevención como algo voluntario y secundario.

         - El Plan presentado no es suficiente para cumplir los objetivos de reciclado. Para ello es necesario algo que jamás se ha hecho en Asturias, que es invertir de modo eficiente en materia de educación medioambiental. Lo efectuado hasta ahora, se ha demostrado que ha sido ineficaz, puesto que de manera sistemática Asturias incumple con los  objetivos de la Directiva Marco de Residuos (Directiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 19 de noviembre de 2008), en concreto a lo que la jerarquía de residuos se refiere. Por tanto, resulta incongruente que se plantee emplear los mismos instrumentos, que se han mostrado ineficaces hasta la fecha, y que nos conducirán irremediablemente a los mismos resultados negativos, buena muestra de ello es la obra del recrecido del vertedero central de Serín.

         Respecto al reciclaje y la reutilización, los objetivos contemplados en el Plan no parece que se puedan conseguir si no se desarrollan instrumentos normativos y fiscales eficaces, que obliguen a la correcta separación de basuras por parte de los ciudadanos y empresas, algo que en el plan se menciona muy someramente, y que lo materializa como una declaración de intenciones en lugar de articular medidas concretas.

         CUARTA.-RECOGIDA Y TRATAMIENTO.-

         El Plan, dicho en términos coloquiales, pasa también de puntillas por las fases de recogida de basuras, realizadas directamente por los Ayuntamientos asturianos,  labor que representa el 80% del trabajo y del gasto en materia de gestión de residuos.

         Además, se echa en falta un análisis adecuado de la prestación del servicio de recogida de basuras, que se presta desde las administraciones locales, del personal empleado en los mismos en cada municipio, de su eficiencia y su forma de gestión, de las posibilidades de mejora u optimización de esos sistemas de recogida, de la minimización y optimización del transporte, de las inversiones o normas que podrían hacer para facilitar la reducción, reutilización y reciclaje.

Es decir, la administración autonómica elabora por mandato legal un plan para mejorar la gestión de los residuos, obviando las competencias municipales en la materia,  ya que traslada a los Ayuntamientos la gran parte de la responsabilidad, pues como se explicaba anteriormente,  el plan que se elabora ignora casi de forma absoluta que el 80% del trabajo de recogida y gestión de residuos realizado por los ayuntamientos y las medidas de gestión y legales que se podrían adoptar.

         El Plan apenas contempla medidas de gestión, legales o fiscales, que el Principado pudiera tomar directamente con sus propios órganos y en ejercicio de sus propias competencias.

         QUINTA.- VULNERACIÓN DEL PRINCIPIO DE UN TRATAMIENTO FISCAL JUSTO E IGUALITARIO EN RELACIÓN CON LA INCIDENCIA A LA ESTABILIDAD ECONÓMICA Y SOSTENIBILIDAD FINANCIERA DE LAS CORPORACIONES LOCALES.-  

         5.1.- VULNERACIÓN DEL PRINCIPIO DE UN TRATAMIENTO FISCAL JUSTO E IGUALITARIO.-

Este principio relacionado con el incremento significativo de tarifas previsto en el PERPA 2017-2024, se trasluce en  que en las dichas tarifas deben de fomentar la calidad del servicio a prestar y limitarlas al coste auditado, contrastado, verificado que desde la administración se presta, y no elaborar una Memoria Económica fundamentada únicamente en estimaciones que no están contrastadas con los estudios completos que incluyen los cálculos económicos realizados por quien haya elaborado este Plan Estratégico de Residuos.

         Por tanto, no existe un estudio económico-financiero objetivo donde se plasmen  los costes reales de explotación del tratamiento de residuos tal cual se plantea, ni cuál es la estimación de la incidencia de cada una de las alternativas en la estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera a la que están sujetas todas y cada una de las Administraciones Públicas involucradas. Es decir, no hay plan económico de viabilidad para financiar las inversiones previstas ni se analiza en qué medida va a afectar a los Ayuntamientos asturianos, y en definitiva, a los ciudadanos y a todos los Asturianos/as.

         En fin, el Plan (las actuaciones e inversiones en él propuestas) debe necesariamente adaptarse y cumplir el principio de sostenibilidad financiera, entendido como la capacidad para financiar los compromisos de gastos presentes y futuros dentro de los límites de déficit y deuda pública y los Ayuntamientos asturianos deben conocer sin más dilación y con certeza, cómo se pretende llevar a cabo, si es realmente posible y asumible y cómo se van a ver afectadas las respectivas arcas municipales, y en consecuencia, a los bolsillos de los ciudadanos.

         Es imprescindible desarrollar un análisis de la sostenibilidad económica de las medidas pretendidas con el propósito de evaluar convenientemente el uso de los recursos y la racionalidad de las actuaciones que se proponen, y finalmente, no provocar como se prevé la ruptura del principio del tratamiento fiscal justo por el que las tarifas que se giren a los Ayuntamientos, que luego éstos deberán repercutir en sus correspondientes tasas de basura municipales, no deberán rebasar nunca el coste acreditado y auditado del servicio prestado, determinado conforme a datos verificables, contrastados y fehacientes.

         5.2.- SOBRE LA INCIDENCIA DE LA ESTABILIDAD ECONÓMICA Y SOSTENIBILIDAD FINANCIERA DE LAS CORPORACIONES LOCALES.-

Llegados a este punto, resulta oportuno advertir y subrayar a este respecto la grave y trascendente desatención por la Consejería de Infraestructuras, Ordenación del Territorio y Medio Ambiente de las previsiones contenidas en la Ley 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.

En efecto, el apartado tercero del artículo 7 de la mencionada Ley es contundente “Las disposiciones legales y reglamentarias, en su fase de elaboración y aprobación, los actos  administrativos, los contratos y los convenios de colaboración, así como cualquier otra actuación de los sujetos incluidos en el ámbito de aplicación de esta Ley que afecten a los gastos ingresos públicos presentes o futuros, deberán valorar sus repercusiones y efectos, y supeditarse de forma estricta al cumplimiento de las exigencias de los principios de estabilidad presupuestaria y estabilidad financiera”

Así las cosas, la Administración Autonómica parece que está olvidando qué es y cuál es la naturaleza jurídica del Plan de Gestión de Residuos que pretende aprobar, un instrumento cuyas determinaciones y medidas vinculan a las Corporaciones Locales asturianas y, desde luego, no cabe duda de que afectan directa e intensamente a los gastos e ingresos públicos presentes y futuros.

Sin embargo, esa preceptiva e inexcusable valoración no se ha realizado y únicamente ha merecido una sola línea en el apartado de Financiación en el documento sometido a información pública. Por ello, sorprendentemente, se desconoce a esta alturas un extremo que se revela esencial, esto es, el concerniente a cómo se pretenden financiar, con concreción, y no en base a estimaciones y probabilidades, las importantes inversiones propuestas y cuál es la estimación de la incidencia de cada una de ellas en la estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera a la que están sujetas todas y cada una de las Administraciones Públicas involucradas, que no constituye una omisión menor que pueda pasarse por alto alegremente por la Consejería y excusa indicarse que conllevará derechamente la irremediable nulidad del instrumento que pudiera llegar a aprobarse prescindiendo de valorar su repercusiones y atención a los principios de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera a los que están sujetos las administraciones públicas.

Semejante desconocimiento y desatención al principio de eficiencia en la asignación y utilización de los recursos públicos, dicho sea, por supuesto, con los máximos respetos, no parece serio. No es así, en efecto, cabal ni legalmente posible que un Plan Autonómico que prevé inversiones por más cien millones de euros no contemple su incidencia en las arcas públicas y se despache con una escueta alusión a que el incremento de las tarifas aplicadas por el Consorcio hasta el año 2020 será “significativa”. Hasta tal punto parece ser que dicha subida podría ser considerable que recientemente ha aparecido publicado en la prensa –único medio por el que nos han sido facilitados tales datos- que el incremento de las tasas puede llegar a suponer la alarmante cifra del 300 por ciento.

En fin, el Plan -las actuaciones e inversiones en él propuestas- deben necesariamente adaptarse y cumplir el principio de sostenibilidad financiera, entendido como la capacidad para financiar los compromisos de gastos presentes y futuros dentro de los límites de déficit y duda pública y los Ayuntamientos asturianos debemos conocer sin más dilación cómo se pretende hacer, si es realmente posible y asumible y cómo se van a ver afectadas nuestras respectivas arcas municipales.

En otras palabras, en nuestra opinión, no puede en modo alguno seguirse adelante con la aprobación de este Plan de Residuos, sin desarrollar un análisis de la sostenibilidad económica de las medidas pretendidas con el propósito de evaluar convenientemente el uso de los recursos y la racionalidad de las actuaciones que se proponen que evidentemente no es posible diferir a un momento posterior a la aprobación del Plan.

         SEXTA.- AUSENCIA DE UN ESTUDIO DE LOS EFECTOS DEL PLAN PARA LA SALUD Y EL MEDIO AMBIENTE.-

         La protección de la salud y el medio ambiente es un principio de la política de residuos establecido en el artículo 7 de la Ley 22/2011, que se debe incorporar expresamente a los principios rectores y objetivos del Plan.

         La valorización energética, en todo caso, se llevará a cabo aplicando las Mejores Tecnologías Disponibles necesarias para cumplir los límites de emisión establecidos por la normativa específica en esta materia (Real Decreto 815/2013) y cuyo cumplimiento garantizara la ausencia de efectos negativos sobre el medio ambiente y la salud de las personas.

         No se especifica con claridad en el modelo propuesto en el Plan que la elaboración de CDR no será  a partir de residuo peligroso, sino únicamente  a partir de la "bolsa negra", el residuo comercial mezclado y el residuo industrial no peligroso.

         En otro orden de cosas, el Plan selecciona preferentemente la  alternativa de Combustible Sólido Recuperado(CDR),  la cual ya se está efectuando a día de hoy en pequeñas cantidades, en hornos de empresas cementeras que no están diseñadas, ni tienen la tecnología necesaria para esta actividad, y no se realiza mención alguna a si esta quema en mayores cantidades supondrían emisiones de toxicidad, afectarían a la calidad del aire, ni tampoco se especifica qué tipo de residuos y características se va a quemar( como ya se especificó anteriormente). Aparentemente lo que antes se iba a quemar a través de una macroincineradora, que se ha descartado, ahora se realiza a través de otras empresas que tienen hornos para incinerar, por lo que nos encontraríamos ante una incineración encubierta. En lugar de ofrecer un plan de choque para mejorar la reutilización de los residuos y el cumplimiento de la jerarquía de residuos, se opta de manera prácticamente exclusiva hacia la Valorización.

         SÉPTIMA.-MEJORES TÉCNICAS DISPONIBLES Y TESTADAS. AUSENCIA DE AMBICIÓN DEL PERPA.-

         7.1.- MEJORES TÉCNICAS DISPONIBLES Y TESTADAS.-

En materia de gestión de residuos es necesario la utilización de las mejores técnicas disponibles y testadas.

         Así la fase estrella del nuevo Plan Estratégico de Residuos del Principado (PERPA), la de convertir la basura en Combustible Sólido Recuperado (CSR) con valorización química es, como afirmó el propio señor Consejero de Medio Ambiente, “una línea de investigación que no existe en España”, lo que acredita que nos encontramos ante una muestra del grado de inseguridad del Plan presentado. Por tanto, se trata de un plan del que se desconoce casi todo:

         -No existe un estudio económico- financiero, que permita saber cuál es el coste de explotación de las alternativas de gestión propuestas. Es imprescindible conocer la cuantificación exacta del incremento de las tarifas que se aplicarán  al tratamiento de residuos, conforme se prevé en el PERPA y cuál es su fundamento.

         -Se anuncian técnicas inexistentes en España, contemplando el Plan alternativas que a la fecha no se han demostrado ni técnica ni ambientalmente viables, lo que no cumple con la normativa de Evaluación Ambiental Estratégica, al no trabajar con alternativas funcionales.

         - No se especifica con claridad en el modelo propuesto en el Plan que la elaboración de CDR no será  a partir de residuo peligroso, sino únicamente  a partir de la "bolsa negra", el residuo comercial mezclado y el residuo industrial no peligroso.

         - No se indican las fórmulas para llegar a las tasas de reciclado exigidas legalmente, se prevé su cumplimiento, utilizando la misma política medioambiental que nos ha hecho incumplir de manera sistemática los parámetros europeos, y actualmente nos sitúa a la cola de España en reciclaje.

         7.2.- AUSENCIA DE AMBICIÓN DEL PERPA.-

Por último, se observa una ausencia de ambición del PERPA. El presente Plan Estrátegico de Residuos que se somete a información pública, ha sido elaborado prisas y cierta precipitación para cumplir los requisitos que la Unión Europea nos exige para el año 2020. Resulta del todo insuficiente a día de hoy, cuando ya se están dando nuevas recomendaciones que serán de obligado cumplimiento, o al menos alguna de ellas en el año 2030.  Es necesario pues, aprovechar la ocasión, y ofrecer un  Plan de Residuos más ambicioso y que recoja ya lo que en un futuro muy próximo sea una realidad. De lo contrario dotaremos al Principado de Asturias de un PERPA, que apenas entre en vigor en fechas próximas al año 2020, ya se encuentre prácticamente desfasado ante los nuevos retos que en materia de residuos se están gestando desde la Unión Europea.

OCTAVA.- CONCLUSIONES.-

         Por todas las razones que anteceden, que se han expuesto de manera sucinta, se fundamentan las presentes alegaciones al Estudio Ambiental Estratégico y la Versión Inicial del Plan correspondientes a la del “Plan Estratégico de Residuos del Principado de Asturias 2017-2024” en la ausencia u omisión de cuestiones esenciales para la viabilidad del mismo como:

         1.-  Razones de índole económica: La ausencia de una Memoria Económica Financiera que regula este aspecto básico e imprescindible para la correcta ejecución del Plan, así como la omisión de todo informe económico veraz y fundamentado en datos objetivos que justifique el coste de explotación del servicio a prestar y que después habrá que repercutir a los Ayuntamientos, conforme a datos verificables, contrastados y fehacientes, invalidan por completo el PERPA 2017-2024, haciendo totalmente inviable su posterior ejecución por incumplimiento manifiesto de los arts. 25 y 26 de la Ley 8/1989, de 13 de abril de Tasas y Precios Públicos.

         2.- Razones de Fiscalidad encubierta: Según los someros cálculos financieros del meritado Plan Estratégico, conllevará a un incremento sustancial de las tarifas de gestión del tratamiento de residuos, que posteriormente se girarían a los Ayuntamientos integrantes del Consorcio COGERSA, los cuales se verían obligados a repercutirlas mediante sus correspondientes tasas municipales a sus vecinos, provocando una salvaje subida fiscal del citado tributo. No existe una sola razón fundamentada en algún valor contrastado que justifique un incremento de tarifas tan escandaloso, sin precedentes conocidos, y que traerá como consecuencia una bestial subida de tributos a los asturianos. Lo que nos resulta del todo improcedente, es que se proponga esta subida, sin conocerse el coste real del servicio, en el PERPA no está detallado ni acreditado este coste del servicio, todo son estimaciones con poco fundamento

         3.- Razones de índole Formal: Se obviaron trámites necesarios que a juicio de esta parte, vician de nulidad radical la tramitación del PERPA 2017-2024.

         4.-Genera Indefensión al Ciudadano: En la situación descrita anteriormente, se configura un marco muy complejo jurídicamente, que restringe las posibilidades de defensa de los contribuyentes ante un escenario que va dirigido de nuevo, a esquilmar el bolsillos de los asturianos. Por tanto, de un lado, los ciudadanos, se convierten en rehenes de las tarifas que se aprobarán en los órganos de COGERSA, las cuales no son recurribles directamente por cualquier ciudadano, y de otro lado, los Ayuntamientos también son rehenes del PPAA, cuando se les habilita un Plan Estratégico de Residuos, que permite a un Consorcio incrementarle las pertinentes tarifas, sin fundamento en ningún estudio económico que verifica el coste real del servicio con forme a la Ley 8/1989 de Tasas y Precios Públicos,  y para sufragarlas les condenan irremediablemente a incrementar las tasas de basuras, que como tributo local que son , sí son recurrribles en este caso por todo vecino del concejo en cuestión, pero asumiendo los Ayuntamientos este coste político y jurídico

          Las carencias antes reseñadas son incompatibles con una administración pública seria, responsable y respetuosa con el ciudadano,

         Por todo lo expuesto,

         SOLICITA,

         Que tenga por presentado este escrito, por evacuado en tiempo y forma el trámite conferido, de conformidad con el contenido del mismo,  y se tenga por efectuadas las alegaciones descritas en el cuerpo de este escrito, y, en su caso, proceda a la revisión del Plan Estratégico de Residuos del Principado de Asturias 2017-2024, con nulidad de lo actuado y retroacción del expediente, conforme a los términos explicados en el cuerpo de este escrito.

         OTROSÍ SOLICITA, que una vez acogidas las alegaciones pertinentes y finalizada la tramitación administrativa, esta revisión del Plan de Residuos, sea sometido a debate y votación en la Junta General del Principado de Asturias, conforme al procedimiento dispuesto en el artículo 200 y siguientes del Reglamento de la Junta General, en aras de dotar de una mayor transparencia a su tramitación.

Etiquetas:

Compartir noticia por email
Imprimir noticia

Juntas Locales

Agenda
Agenda Cascos
Más Asturias 2014 Más Asturias 2014 Más Asturias 2013 Más Asturias 2012 Gobernanza a Tres Turnos Rebeldes con Causa Salir a Flote
El Hormiguero. Último número
Búsqueda Avanzada


C/ Pepe Cosmen Nº 1. 33001 Oviedo.
985202745. Fax 985223554.
http://www.foroasturias.es · sederegional@foroasturias.es
Aviso Legal
Contacto