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27/10/2017

Rosa Domínguez de Posada: “FORO apoya la aplicación del artículo 155 en defensa de la unidad de España y del orden constitucional”

  • “Respaldamos sin fisuras al Gobierno en el cumplimiento de su deber de velar por la defensa de las libertades de todos los españoles en Cataluña y de cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes”

  • “Manifestamos nuestro compromiso con la defensa de los principios de igualdad entre territorios y de solidaridad entre españoles, lo que excluye compensaciones de ningún tipo o réditos políticos”

La senadora de FORO, Rosa Domínguez de Posada, votó hoy a favor del requerimiento del Gobierno al Senado de aprobación de las medidas a las que se refiere el artículo 155 de la Constitución porque, como afirmó en su intervención ante el Pleno de la Cámara, “FORO apoya estas medidas en defensa de la unidad de España y del orden constitucional de una España plural”.  

 

“La postura de mi grupo ante la propuesta del Gobierno –explicó Domínguez de Posada- es inequívoca: apoyo sin fisuras, en el cumplimiento de su deber de velar por la defensa de las libertades de todos los españoles en Cataluña y de cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes, lo que hoy se traduce en nuestro voto favorable a las medidas articuladas al amparo del artículo 155 de la Constitución”.

 

“Unas medidas que son apoyadas –añadió-, una vez que se respetan los principios de proporcionalidad, pues son ajustadas a la gravedad de los hechos; de temporalidad, porque se anuncia una vigencia de no más de seis meses, y de accesoriedad, porque son tributarias únicamente de la restauración de la legalidad vigente”.

La senadora de FORO advirtió que con la misma lealtad que expresaba el apoyo a las medidas, “también exigimos al Gobierno determinación, transparencia y compromiso para no ofrecer en el futuro, más o menos próximo, pago o compensación de ningún tipo porque ello rompería con la defensa de los principios de igualdad entre territorios y de solidaridad entre españoles”.

 

Intervención de Rosa Domínguez de Posada en el Pleno del Senado:

Gracias, Presidente.

Señorías, al comparecer hoy en esta tribuna no puedo por menos que sentir sonrojo democrático por defender conceptos tan elementales en una democracia como son el imperio de la ley o la separación de poderes.

El pasado domingo 1 de octubre, el presidente de la Generalitat anunció que remitiría al Parlament los resultados del ilegal, burdo y chapucero pucherazo organizado por los partidos independentistas catalanes y sus organizaciones satélites para proceder a declarar la independencia.

Para nosotros no es ninguna sorpresa pues la hoja de ruta hacia la independencia figura en el programa electoral de Junts pel sí y Puigdemont a las elecciones autonómicas catalanas de 2015, quien prometió en su discurso de investidura iniciar el proceso de constitución de un estado independiente por lo que todos sus actos desde entonces han obedecido al cumplimiento de esta promesa.

Pero no nos engañemos, lo que ocurrió el pasado 1 de octubre solo es explicables a partir del análisis de las consecuencias de un prolongado proceso de desaparición o retirada fáctica del Estado, agravado por una permanente campaña manipuladora de la sociedad catalana a través de la radio y la televisión pública, por los abusos del sistema educativo catalán que adoctrina a los niños en el odio a España, por la exclusión del castellano como lengua oficial, por el uso clientelar del sistema de subvenciones públicas y, finalmente, rematado por el desentendimiento de los Mossos de Esquadra como responsables del cumplimiento de la legalidad y la seguridad ciudadana.

Todo esto ha provocado una profunda fractura de la sociedad catalana porque quienes defienden la soberanía nacional y la integración plena de Cataluña en España viven desde hace muchos años amenazados y señalados públicamente como ciudadanos disidentes. El independentismo es  maestro en manipular la realidad con un uso perverso del lenguaje.

¿Se puede llamar democracia al  hecho de votar sin libertad? ¿Es  democrático un régimen cuyo gobierno se salta todas las leyes y los reglamentos del Parlamento, mientras acusa de “franquistas” a los defensores de la legalidad?  ¿Se pueden vulnerar los principios básicos del Estado de Derecho bajo el nuevo postulado del “derecho a decidir”, en nombre del cual decretan qué leyes se cumplen y cuales no se acatan? ¿Se puede denominar “paro de país” a una huelga general política organizada desde un gobierno que paga la nómina de los funcionarios huelguistas? ¿Se puede calificar de “violencia asesina” el uso legítimo de la fuerza en defensa de la legalidad? ¿Se puede  vestir de “diálogo” la intransigencia más radical en torno a la imposición del derecho a decidir, exclusivo de los independentistas?

También hay que decir que un momento decisivo del proceso de degradación del Estado fue el apoyo del PSOE al Estatuto que saliera del Parlament y que en 2010 el TC tuvo que declarar varios artículos inconstitucionales.

El desafío de los partidos y movimientos independentistas está perfectamente planificado y dirigido desde el Gobierno de la Generalitat para lograr que el referéndum ilegal se convirtiera en el acto desencadenante de la obligada respuesta de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, ante la previsible falta de la colaboración de los Mossos de Esquadra para cumplir las decisiones judiciales.

Superar los sucesos producidos estos días en Cataluña, que persiguen la declaración unilateral de independencia del Parlament de Cataluña y la “desconexión” del Estado español, debemos saber que será difícil y, en todo caso, larga.

Tras estos gravísimos hechos, la postura de mi grupo ante la propuesta del Gobierno es inequívoca: apoyo sin fisuras en el cumplimiento de su deber de velar por la defensa de las libertades de todos los españoles en Cataluña y de cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes, lo que hoy se traduce en nuestro voto favorable a las medidas articuladas al amparo del artículo 155 de la Constitución, una vez que se respetan los principios de proporcionalidad, pues son ajustadas a la gravedad de los hechos; de temporalidad, porque se anuncia una vigencia de no más de seis meses y de accesoriedad, porque son tributarias únicamente de la restauración de la legalidad vigente.

Con la misma lealtad con que expreso en nombre de FORO el apoyo a las medidas, también exigimos al Gobierno determinación, transparencia y compromiso para no ofrecer en el futuro, más o menos próximo, pago o compensación de ningún tipo porque ello rompería con la defensa de los principios de igualdad entre territorios y de solidaridad entre españoles.

Por ello les pido a quienes han convertido a su país y al nuestro en un páramo de rencores y desencuentros que vuelvan a la senda de la razón y del progreso, de un futuro en el marco de la Unión Europea.

En tanto no lo hagan, mientras dure su delirio, FORO apoyará estas medidas en defensa del orden constitucional en una España  plural.  

Muchas gracias.

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