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12/06/2017

Pilar Martínez: “Cerca del 90% del territorio asturiano tiene alguna forma de protección ambiental y si nos referimos a Red Natura 2000, nos encontramos con cerca de un 30% del territorio protegido”

  • “Las causas fundamentales que han determinado la nulidad de los decretos de los Parques Naturales son: Falta de memoria económica, falta de zonificación adecuada, falta de llamamiento a los interesados y falta de participación en la elaboración de las normas”

  • “La protección de la naturaleza es necesaria, pero hay que hacer las cosas bien; estamos ante algo que implica a mucha gente y muchos intereses y por ello no podemos regirnos por criterios de rapidez o cantidad, sino que ha de prevalecer el estudio serio y riguroso sobre los estados de conservación”

  • “Ninguna autoridad o junta o asociación u organismo puede suplir la capacidad de disposición de los dueños sobre sus bienes, porque el derecho de propiedad es un derecho constitucional en España y un derecho fundamental en los Tratados y Convenios de la Unión europea”

Charla de Pilar Martínez, abogada, en ‘El foro de FORO’, bajo el titulo: “Afecciones en los derechos de propiedad, derivadas de la normativa medioambiental en los Espacios Naturales de Asturias: Alternativas y compensaciones”:

Cuando acudí al parlamento asturiano para hablar sobre la proposición de ley de MODIFICACIÓN DE LA LEY 5/91, DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS, DE PROTECCIÓN DE ESPACIOS NATURALES DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS, ya dije que los partidos políticos, además de expresar el pluralismo político, concurren a la formación y manifestación de la voluntad popular y son instrumento fundamental de la participación política, como dice el art. 6 de la Constitución.

Expondré mi visión de este asunto, desde mi experiencia de jurista y abogada en ejercicio, que lleva muchos años dirigiendo procedimientos ante los tribunales que, lamentablemente, han tenido que iniciar los ciudadanos, frente a una normativa medio ambiental, de gestión y uso de espacios naturales, expropiadora de derechos, enormemente ambigua e intervencionista, que afectaba a derechos previamente consolidados por los ciudadanos y así lo declaran los tribunales. 

Desde esta perspectiva tengo que decir,  que cuando una persona o colectivo inicia una reclamación ante los tribunales, no suele ser por capricho, ni en un intento de probar suerte, ni que se dejen llevar por los abogados, como hemos tenido que oír en muchas ocasiones, sino que cuando un ciudadano entabla este tipo de acciones ante una justicia, cara, lenta e insegura suele ser, porque verdaderamente se siente víctima de una injusticia y busca que se le repare el daño. Ni que decir tiene, que lo que verdaderamente garantiza en un Estado la igualdad entre las personas y la existencia de un estado de derecho, es una justicia sólida, segura y ciega.

Los afectados, los juristas, los jueces y también los partidos políticos, nos tenemos que enfrentar en este asunto a varias dificultades; en primer lugar, al maniqueísmo imperante en estos temas de la protección medioambiental, que a menudo desde posiciones ultraconservadoras del medio ambiente, que incluso algunos han llegado a calificar como “eco fascismo”, dominan la opinión pública, de forma que todo lo que se apellida o designa como “natura”, “natural”, “eco”, “bio” “sostenible”, “habitat”“renovable”, “reciclable”, “biodegradable” se tiene por bueno sin necesidad de mucho más análisis, mientras que se rechaza o se mira con desconfianza, todo aquello que se opone a lo primero o todo aquello, que algunos de estos grupos de presión, consideran contrario al medio ambiente y aquí incluimos palabras como desarrollo, industria, urbanismo, aprovechamientos maderables, minería, explotación de recursos naturales, caza, pesca etc. etc. Que mal les suenan estas últimas, ¿verdad? Y que bien suenan las primeras. ¿Es así de veras?

No podemos ocultar en honor a la verdad, que esta idea o tendencia dominante, también está promovida por “lobbies”, pues se mueve muchísimo dinero alrededor de ciertas ideas “ultra conservacionistas de la naturaleza”, como si de dogmas religiosos se trataran, con escaso o ningún margen para la discrepancia.  

Pero no se asusten, no somos anti protección de la naturaleza. Nosotros, y me refiero a mi como letrada, pero también a muchos de los afectados por estas posturas extremas y a expertos técnicos y científicos en materia de medio ambiente, algunos de ellos de enorme prestigio, defendemos la naturaleza como un elemento esencial para la vida, somos conservacionistas en el buen sentido de la palabra, incluyendo en esa naturaleza a proteger al ser humano, al hombre, como ser vivo racional que, unas veces comete errores en el entorno natural donde vive y hay que corregirlos, pero que también su actuación sobre ella ha permitido a la humanidad avanzar, vivir con más confort, vivir más y mejor, usando los medios que la naturaleza pone a su alcance, aprovechándola y domesticándola (la vid, lo olivos, el trigo, son especies naturales antiquísimas, que no existían tal y como son en la naturaleza, pero que a lo largo de los siglos, milenios,  han sido adaptados y cultivadas por el hombre para su alimento) y contribuyendo con ello también a la conservación y protección, al impedir su desaparición, por resultarle necesarias esas especies al hombre para sobrevivir.  

Pues bien, sentado esto hay que decir, que España es el país que más aporta a Red Natura 2000, tanto en términos absolutos (suma total), como relativos (en relación con su territorio), con una diferencia importante respecto a los países más avanzados de Europa. España aporta más de un 27% a Red Natura 2000, mientras que países como Francia (12%), Dinamarca (8%), Alemania ( 15,45 %), Italia (18,97 %), Países Bajos ( 13,29%), Sucia ((13,32 %), Reino Unido (8,54 %).

La media europea  de aportación es de un 18,12 %.

Si atendemos a Asturias, las cifras resultan increíbles o, mejor dicho, insostenibles, por utilizar un término “Eco friendly” (amigo de lo ecológico), pues cerca del 90 % del territorio tiene alguna forma de protección ambiental y si nos referimos a Red Natura 2000, nos encontramos con cerca de un 30 % del territorio protegido.

Y esto está muy bien, pensarán muchos de buena fe, pero desconocen las consecuencias que esto tiene y los derechos a los que afecta, que pasamos a analizar.

Ya hemos dicho, que son muchos, cada vez más, los ciudadanos que han acudido a los tribunales, distintos tribunales y en distintos momentos y que les han dado la razón por lo que, admitirán conmigo, que algo de razón tendrán y habrá que escucharlos, pues invocan su derecho, bajo el amparo legal y de acuerdo con el ordenamiento jurídico, pilar fundamental en un Estado de derecho y en el que nos hemos basado para plantear nuestras demandas y reclamaciones (Art. 1 de nuestra Constitución).

El derecho a la propiedad privada, es un pilar básico de cualquier sociedad y de cualquier estado moderno;  está contemplado en los tratados y convenios de la Unión europea, como uno de los derechos fundamentales de las personas. En el caso español en cambio, está considerado como un derecho constitucional, pero con un rango algo inferior, pues no se recoge entre los derechos fundamentales, sino entre los derechos de los ciudadanos y se le añade siempre el matiz, como algo prevalente, de la función social de la propiedad, lo que ha servido tradicionalmente a muchos de nuestros tribunales  para, una vez reconocido el derecho de propiedad, matizarlo o limitarlo, con arreglo a esa función social, que no sabemos con certeza que es, pero siempre ha servido para reducir el ámbito o ejercicio de dicho derecho.

El artículo 348 del Código Civil establece, que La propiedad es el derecho de gozar y disponer de una cosa, sin más limitaciones que las establecidas en las leyes. Vamos a hacer una breve enumeración de lo que, con carácter general supone la declaración de espacio protegido para un territorio:

  • ·      DERECHOS DE TANTEO Y RETRACTO Y UTILIDAD PÚBLICA: El artículo 40 de  la Ley 42/2007, de 13 de diciembre de Patrimonio Natural y de la biodiversidad establece, que la declaración de un espacio natural protegido, lleva aparejada la declaración de utilidad pública, a efectos expropiatorios de los bienes y derechos afectados, así como la facultad de la Comunidad autónoma para el ejercicio de los derechos de tanteo y de retracto, respecto de los actos o negocios jurídicos de carácter oneroso y celebrados intervivos que comporten la creación, transmisión, modificación o extinción de derechos reales que recaigan sobre bienes inmuebles situados en su interior.
  • CRIMINALIZACIÓN PENAL DE INFRACCIONES ADM. Lo que en otros lugares no protegidos constituiría una simple infracción administrativa o no constituiría infracción, en una zona protegida podría constituir delito, penado con prisión en muchos casos.

Art. 330 CP, “Quien, en un espacio natural protegido dañare gravemente alguno de los elementos que hayan servido para calificarlo, incurrirá en la pena de prisión de uno a cuatro años y multa de doce a veinticuatro meses.”

  • La regulación medioambiental prevalecerá sobre la normativa urbanística (Plan urbanístico) y territorial

El Art. 2.F ley 42/2007 “2.f) La prevalencia de la protección ambiental sobre la ordenación territorial y urbanística y los supuestos básicos de dicha prevalencia

Art 19.2 ley 42/2007 19.2. Cuando los instrumentos de ordenación territorial, urbanística, de recursos naturales y, en general, física, existentes resulten contradictorios con los Planes de Ordenación de Recursos Naturales deberán adaptarse a éstos. En tanto dicha adaptación no tenga lugar, las determinaciones de los Planes de Ordenación de Recursos Naturales se aplicarán, en todo caso, prevaleciendo sobre dichos instrumentos.

  • Los planes de gestión de las figuras y espacios producen restricciones, limitaciones o prohibiciones en variadísimasimas materiras, entre otras las siguientes:

agricultura; ganadería; actividades forestales; investigación; introducción de ejemplares de fauna y flora; conservación, mejora y apertura de nuevas carreteras, caminos y accesos o su modificación; acondicionamiento y mejora de edificaciones: nuevas instalaciones industriales; aprovechamientos de aguas; construcciones de instalaciones de regadío; construcción de pozos: utilización de señales; vallado de fincas; emisión de ruidos; acampada; realización de cualquier marca o señal en plantas, rocas,  o suelo; uso del fuego; caza; tránsito de perros; roturación de terrenos; senderismo; uso de carteles publicitarios; plantaciones de arboles, talas o aprovechamientos; tratamientos fitosanitarios; accesos en vehículos; colocación de antenas y repetidores; colocación de tendidos eléctricos; almacenamiento y tratamiento de vertidos; instalaciones de telefonía y red de comunicaciones; actividades recreativas etc. etc.

  • No se aprueban en cambio, partidas presupuestarias para compensar a los afectados en sus derechos y bienes por este tipo de restricciones, prohibiciones o sanciones.
  • Limita la autonomía local, pasando a depender cualquier actividad en ese territorio de las autoridades medioambientales del gobierno autonómico, por encima del ayuntamiento y corporación municipal. 

 

Los tribunales, conscientes de lo que supone para los afectados, propietarios y otros bienes y derechos afectados, se han pronunciado, exigiendo al menos el cumplimiento de diversas garantías y la compensación real a los afectados.

Han sido tres las causas fundamentales que han determinado la nulidad de los decretos:

  1. Falta de memoria económica, que el Tribunal Supremo definió, como la falta de  partidas presupuestarias, aprobadas para hacer frente a las indemnizaciones y compensaciones, que deben hacerse efectivas a las personas  afectadas, por la privación, restricción o limitación de derechos subjetivos previamente consolidados. Están reconociendo con ello las sentencias, no solo que los afectados tienen derecho a ser compensado de esos menoscabos o pérdidas de bienes y derechos, sino que estas normas son restrictivas y limitativas de los mismos, lo que por otro lado es evidente,  puesto que ese precisamente es el objeto de dichas normas, el de establecer restricciones de uso y gestión para un determinado territorio, por razón de la supuesta conservación y esas restricciones,  no existen para el resto de los españoles, cuyos bienes y derechos se hayan en zonas no protegidas. Estamos por ello ante un supuesto de verdadera “expropiación encubierta”, puesto que se limita, restringe y priva de bienes y derechos, sin compensación alguna y sin pago del pertinente justiprecio.  De forma indirecta, esta exigencia viene cumpliendo también con otros derechos constitucionales, como el derecho a la igualdad entre los españoles (Art, 14 de la Constitución); el derecho a la utilización racional de los recursos naturales, con el fin de proteger y mejorar la calidad de vida y defender y mejorar el medio ambiente, apoyándose en la indispensable solidaridad colectiva (ART. 45 C,); el derecho al progreso social y económico y a la equidistribución de la renta en el marco de una política económica  estable y orientada al pleno empleo (Art. 40 C,). Es decir, no puede hacerse recaer sobre los patrimonios privados de algunos ciudadanos, los que tienen derechos e intereses en el territorio de un parque, el coste de  atender al interés público de la protección medio ambiental, en beneficio de todos los demás, pues supondría un trato desigual, la condena al subdesarrollo y despoblamiento de unas zonas en beneficio de otras  y, en definitiva, la ruptura del principio de solidaridad colectiva.  
  2. Por falta de zonificación adecuada, mediante la pertinente descripción y designación por coordenadas, que ha de recogerse y publicarse en el BOPA, de las distintas zonas de uso dentro del parque; de forma que estos mapas resulten indubitados e inamovible y con ello ofrezcan las mínimas garantías de defensa y la de seguridad jurídica, que exige la ley procedimentales y seguridad jurídica que exigen la ley y la Constitución, como derechos fundamentales. Una zonificación segura es imprescindible, por ejemplo, para poder aplicar con garantías el derecho sancionador que, como ustedes saben, es de extrema dureza y rigor,  pues la misma conducta, que en lugares no protegidos constituye una simple infracción administrativo,  el hecho de realizarse en un espacio protegido, se puede trasformar en delito medioambiental, con unas penas gravísimas, incluso de privación de libertad, prisión y estamos hablando de personas normales y actuaciones, que no tiene, desde luego la sociedad, conceptuadas como “criminales”, nos referimos por ejemplo a un vallado, colocación de un invernadero, obras de construcción sin licencia etc. etc. Decreto 1071/2007, de 27/07/2007, sobre el sistema geodésico de referencia oficial en España, obligatorio desde el 1/1/20015.
  3. Por falta de llamamiento a los interesados y falta de participación en la elaboración de las normas. Cuando nos referimos a este requisito hemos de decir, que no es suficiente y así lo han dicho los tribunales en distintas ocasiones, con someter a información pública el Proyecto de Decreto, sino que ha de oírse y es preceptiva la existencia de una real y efectiva participación del ciudadano, afectado en sus derechos e intereses en la elaboración de la norma.

Asturias es una de las regiones españolas que más territorio protegido tiene, 85%-90 %- (30,14 % RED Natura), siendo además una de las regiones de España en que más cae la población, más envejece y  más crisis y desempleo se produce, algo atenúa, creemos. Ni que decir tiene, que si pudiese pedir un deseo, sería que rebajasen estos niveles, desproporcionados desde mi punto de vista, de protección, a lo estrictamente necesario y, sobre todo, que las medidas de protección no sean tan estandarizadas como son, pues a menudo comprobamos, que no existen estudios serios y reales que aconsejen determinadas medidas o que no se ha comprobado su eficacia, o que no hay series adecuadas de seguimientos o que no se analiza con rigor por qué de la imposición del cambio en determinado régimen de uso, que han tenido estas tierras durante siglos y que les ha permitido el nivel de conservación que tiene en la actualidad o el porque  no continuar con ciertos usos y costumbres ancestrales, que han permitido este nivel de conservación, además de obtener rendimiento a estos territorios, constituyendo los mismos verdaderas joyas socio-culturales que, bajo mi punto de vista, deberían protegerse.

Me refiero por ejemplo, a la conveniencia de contemplar, estudiar y analizar con verdaderos expertos en la materia, el aprovechamiento de la madera, de la caza, de la selvicultura, de la capacidad hídrica generada por los bosques, del aprovechamiento turístico  como actividad rentable para los dueños y los habitantes y no solo como actividades rentables para los titulares de derechos de estas tierras, generadoras de empleos y riqueza para una zona deprimida, sino también como una forma de protección, mantenimiento y conservación del equilibrio del monte y del bosque.

Hemos visto recientemente con tristeza como ardían una parte de los bosques asturianos, esto es una enorme pérdida para todos pero, no lo olvidemos, sobre todo para sus dueños, que ven como en pocos minutos se les va un importante valor, obtenido en décadas de espera. Hay que hacer un esfuerzo y lo pedimos aquí, para evitar que esta tragedia se de año tras año en Asturias y para ello es necesario poner medios, pero también escuchar, escuchar a los dueños de esta tierras y bosques y a todos los que tienen intereses en la zona, pues tiene mucho que aportar y tenemos mucho que aprender, de quienes conocen sus bosques, porque han nacido allí y lo han cuidado y han vivido de ellos durante décadas, conservándolos como están pero, sobre todo, sintiéndose involucrados en la conservación. Los que tenemos el privilegio de haber vivido y conocer el mundo rural, recordaremos como todo el mundo acudía a apagar los incendios en el monte, ahora como mucho, llaman a Seprona.

La zona interior de Asturias tiene además una característica especial y es, la difícil orografía, que hace que el cultivo de la tierra se haga especialmente penosa, por su pendiente y difícilmente rentable por su escasez, pues son pocos los valles llanos cultivables; todo esto supone, que la riqueza de las casas y patrimonio familiares esté en el monte.

Alrededor de esta realidad, han surgido formas de vivir y formas de organizarse y esto justifica la pervivencia de formas jurídicas de propiedad, usos y tradiciones en el aprovechamiento de los montes, que solo se conservan en estas zonas, particularmente en el suroccidente de Asturias y  que deberían  ser protegidas, como un bien de interés cultural y sociológico y que no pueden ser obviadas, con la imposición de unos usos y formas de gestionar, de naturaleza exclusivamente restrictiva y totalmente estandarizadas.

Nos referimos por ejemplo, a la forma de propiedad de los montes, en régimen de proindiviso en comunidad romana, la forma de propiedad que mejor cumple lo que han dado en llamar la función social de la propiedad, pues esta se explota y gestiona como un todo uno, pero las diferentes cuotas, en verdadera propiedad, se pueden enajenar, gravar, hipotecar y todos los propietarios están obligados a contribuir proporcionalmente a los gastos y en la misma medida reciben los beneficios. Esta figura lleva aparejada una serie de usos y costumbres de enorme interés y es, sin duda un elemento decisivo en el actual estado de conservación de los montes. Ha permitido a muchas casas y familias subsistir económicamente durante siglos. Es la forma de propiedad, que mejor cumple esa llamada “función social de la propiedad”, pues esta se reparte entre muchos, pero se utiliza y explota como un todo uno.

También cabe citar la pervivencia o existencia en estas zonas del mayorazgo o moirazgo, cuya tradición permite que sea uno de los hijos o herederos el que quede en la casa, mientras que los otros salen, pero todos contribuyen de alguna forma  a la mejora de la casa. Quienes en muchos casos han tenido que irse o renunciar a estos patrimonios para conseguir la mejora y aumento del patrimonio familiar, no están dispuesto a renunciar al patrimonio familiar, cuya conservación ha exigido el esfuerzo de generaciones y, mucho menos, a que se lo gestiones el Director Conservador o una autoridad o funcionario, sin compensación de ningún tipo.  

En fin, toda esta serie de cuestiones y otras muchas, no se contemplan en modo alguno en los Planes de Gestión aprobados,  ni siquiera se escucha a los afectados, en una clara actitud de desprecio y desatención hacia quienes, durante décadas, contribuyeron a obtener y conservar la belleza natural que tenemos que, les aseguro, no existiría sin ese esfuerzo de la gente.

Tampoco cabe escudarse en que, como he oído a veces, “Bruselas nos obliga”. La normativa europea ampara el derecho a ser compensados, el derecho a que se zonifique adecuadamente y con garantías

En conclusión, cabe decir, que la protección de la naturaleza es necesaria, pero hay que hacer las cosas bien; estamos ante algo que implica a mucha gente y muchos intereses y es por ello, que no podemos regirnos por criterios de rapidez o cantidad, sino que ha de prevalecer el estudio serio y riguroso sobre los estados de conservación, sobre las medidas necesarias y sobre la eficacia de aquellas que se acuerden y, en todo caso, ha de tenerse en cuenta, la necesidad, no solo de compensar, sino de involucrar a los afectados en ello y para tal fin, debe hacerse atractivo a quienes viven y son dueños de estos intereses.

Esto puede obtenerse por la vía de la aprobación de partidas presupuestarias para pagar las afecciones y limitaciones, pues estamos ante expropiaciones encubiertas, pero cabe el estudio de otras opciones y lo planteo únicamente como idea a estudiar y profundizar. No cabe duda de que la planificación de los recursos naturales, constituye una verdadera ordenación del territorio y existen antecedentes legales, que debiéramos explorar porque sirven de precedente para la materia que nos ocupa. Me refiero a la normativa urbanística, que acoge figuras como las juntas de compensación, las entidades de conservación o las agrupaciones de interés urbanístico; en las que se delegan  facultades y cargas a los titulares de derechos sobre el suelo, partiendo del principio de equidistribución de pérdidas y ganancias, amparado por el Tribunal Supremo en el derecho constitucional a la igualdad.  Quizás basándonos en estas figuras, pudiéramos llegar  a algún tipo de solución, partiendo, eso sí, de la realidad de que los montes  y el suelo en general en estas zonas, constituyen medio esencial de vida para sus habitantes y titulares.

Y es que, ninguna autoridad o junta o asociación u organismo, puede suplir la capacidad de disposición de los dueños sobre sus bienes, porque el derecho de propiedad es un derecho constitucional en España y un derecho fundamental en los Tratados y Convenios de la Unión europea, constituyendo su incumplimiento, un incumplimiento de dichos tratados y convenios, con las graves consecuencias que ello puede llegar a tener.

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